Se terminaron las vacaciones. Para el juez de la Corte Suprema, Antonio Boggiano, comenzó el tiempo de descuento. En la tarde de hoy, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que conduce Cristina Fernández de Kirchner, convocó a sus integrantes para renovar sus autoridades y también para cumplir con las primeras actuaciones del juicio político contra el magistrado. Procesamiento que fue votado masivamente en diciembre del año pasado por la Cámara de Diputados.
El 27 de diciembre, la Cámara baja notificó a los senadores que había decidido acusar a Boggiano por mal desempeño. El habitual receso de enero postergó las cosas. El 3 de febrero, en la misma sesión en la que los integrantes del Senado votaron la denominada ley cerrojo, la acusación tomó estado parlamentario. Es decir que se le dio entrada, y a partir de allí comienzan los tiempos propios de cualquier proyecto.
En este caso, la mecánica del juicio político se rige por un reglamento propio. Algo que supera el corset del período ordinario o extraordinario de sesiones. En los procesamientos de Eduardo Moliné O’Connor, el tiempo que medió entre el ingreso de la acusación y los primeros trámites fue de un día. En el caso de Adolfo Vázquez mediaron cuatro días. En este ocasión, la demora y tiene su explicación. Página/12 publicó ayer que el oficialismo estaba negociando la renuncia del magistrado.
Un destacado miembro del bloque mayoritario del Senado había confiado a este diario que para Boggiano “la decisión más sabia, la más inteligente, es su renuncia”. Palabras más, palabras menos, esa opinión la comparten muchos de los integrantes de la bancada oficialista de la Cámara alta. Por lo menos eso surgió de los comentarios que sus legisladores mantuvieron en los pasillos y en los despachos del Congreso.
Entre los temas que tendrá que definir la comisión primero y el plenario del cuerpo después, está la fecha en la que serán citados los diputados encargados de presentar la acusación contra Boggiano. En las negociaciones previas del oficialismo con el magistrado, la idea era que el juez renunciara antes de que los cargos fueran formulados públicamente en el Senado. Son varios los legisladores que perciben que para el ex integrante de la denominada mayoría automática comenzaron a correr sus últimas horas en el tribunal.
La comisión también está en mora, con un proyecto de intervención al Poder Judicial de San Luis, presentado por el radical puntano Jorge Agúndez. Precisamente el pasado viernes, el senador reclamó un pronto despacho, ya que el fallo de la Corte Suprema que convalidó la gestión municipal de Daniel Pérsico dejaba sentados los fundamentos de una intervención.