La postergación fue más corta de lo previsto. Juan y Christian Maggio, presidente y gerente general de Southern Winds, se presentarán hoy en el juzgado de Carlos Liporace. Los jefes máximos de SW tienen pendiente una declaración indagatoria desde la semana pasada. Tal como señaló Página/12 en su edición de ayer, la fiscalía supone una responsabilidad solidaria de Juan Maggio en el tráfico de las narcovalijas. A Christian, en cambio, lo creen presunto copartícipe del embarque. Aunque por la calificación legal pueden quedar detenidos, sus abogados defensores sostienen que no hay elementos de prueba. La defensa de Walter Beltrame el martes presentará una apelación del procesamiento.
Los abogados defensores de los Maggio se comprometieron a presentarlos hoy en los tribunales, así se lo confirmaron a este diario dos fuentes judiciales. Los dos hermanos habían sido citados la semana pasada, pero el estudio de Eamon Mullen pidió una postergación para fotocopiar el expediente, conocer los detalles de la causa y de la acusación.
El nombre de Juan Maggio figura en el expediente desde diciembre, cuando la fiscal María Gabriela Ruiz Morales presentó los primeros requerimientos a Liporace. Pidió la citación de Juan como imputado en “calidad de presidente de SW” por la “responsabilidad solidaria” con el narcoenvío, prevista por el Código Aduanero. Aquella vez incluyó en el pedido las detenciones e indagatorias para los tres empleados de SW ahora detenidos, para otros tres empleados de Top Air Security SRL (TAS), para la pareja de hispanoargentinos José Ramón González Villar y Elena Toimil y para el vicepresidente de SW, Enrique Montero. Ruiz Morales consideró que todos ellos habrían “pergeñado la exportación de sustancia estupefaciente burlando el control aduanero”.
Hasta entonces la situación de Christian Maggio era distinta. No había sido mencionado entre los involucrados del escándalo. El pedido de su indagatoria se conoció hace una semana, después del fallo emitido por la Sala B de la Cámara Penal Económica. De acuerdo con sus abogados, la citación se encuadra en los mismos términos de la acusación contra Montero: supuesta coparticipación en el delito de contrabando calificado agravado. La fiscal sostuvo que “aparece como la figura central en cuanto a la organización de cómo y cuándo se transportaría la sustancia”.
Aún no se sabe cuáles son las pruebas que pesan sobre Christian Maggio para involucrarlo en el contrabando. Sin embargo, desde el mes de diciembre hasta ahora la causa ha recogido una serie de nuevos testimonios y de ampliaciones que comprometerían la situación de los hermanos.
Uno de los últimos testigos claves pasó el último viernes por los Tribunales de Inmigrantes. Se trata del oficial Andrés Machado, ex oficial de policía, empleado de seguridad de SW, encargado de llevar adelante la pesquisa en España por orden de la empresa y luego despedido. Machado viajó una semana después del vuelo del 16 de septiembre, cuando la Guardia Civil detectó los 59,800 kg de cocaína. En España no sólo recabó datos para la empresa sino que trabajó con el responsable de la investigación en ese país. A su regreso, la empresa lo despidió. Había declarado en la causa pero los investigadores sospechaban que tenía más para decir.
Su nuevo aporte no sólo fue considerado como “novedoso”, sino como “uno de los pocos creíbles porque no tiene ninguna relación con las partes”. Su testimonio permitiría reforzar la hipótesis que apunta a otras responsabilidades “hacia arriba o hacia el costado”.
De momento se advierte que ni su testimonio ni los elementos de la causa son suficientes contra los Maggio. Si Machado los hubiese acusado de “autores materiales” del “contrabando”, el juez debía haber dictado la orden de prisión el viernes pasado. Por eso se sospecha que hasta ahora sólo hay elementos para acusarlos a lo sumo como copartícipes, un delito que puede ser excarcelable. Liporace les dictó la falta de mérito; según fuentes cercanas al juzgado es posible que vuelva a hacerlo en este caso.
Quienes también están preocupados son los abogados del hijo del comodoro Alberto Beltrame. Consultada por este diario, Estella Maris Castelli aseguró que recién el martes estarán en condiciones de apelar elprocesamiento de Wally. Para Liporace, “se encuentra acreditado prima facie y por semiplena prueba que Beltrame tuvo la intención de remitir al Aeropuerto de Barajas las valijas conteniendo la droga” en carácter de “partícipe necesario”. Aunque él niega su situación de jerarquía en SW, el personal de tráfico de la estación aérea lo señaló como el “station manager” con facultades de jefe de base en Ezeiza.
En la causa aún se debe definir otras situaciones. Entre ellas, la Sala B de la Cámara Penal Económica debe pronunciarse sobre la situación procesal de Fernando Arriete, ex gerente comercial de SW y mano derecha de Juan Maggio, ahora detenido.