La posibilidad de reducir el número de integrantes de la Corte Suprema comenzó a discutirse ayer en Diputados. Cinco son los proyectos que van en esa línea. El abanico político de los firmantes no deja lugar a dudas de que la iniciativa contaría con el apoyo mayoritario de los integrantes de la Cámara baja. El porteño Gerardo Conte Grand defendió en la Comisión de Justicia su propuesta de llevar a siete el número de miembros del alto tribunal actualmente conformado por nueve jueces. Aunque los legisladores quedaron en unificar para la próxima semana todos los proyectos en uno, para facilitar su aprobación, a nadie se le escapa que la palabra determinante la tendrá la Rosada.
Fue el kirchnerista Julio Gutiérrez el que recordó que estas propuestas aún no habían sido discutidas en el bloque de la mayoría. Pidió tiempo para analizarlas y hasta no faltó quien se ofreció a realizar una consulta con los funcionarios del Ejecutivo nacional. “Queda en claro que si el Gobierno no está de acuerdo, en el peronismo funcionará la verticalidad”, confió a este diario uno de los diputados que participaron de la reunión de ayer en la Comisión de Justicia. Lo cierto es que esta oportunidad le permitiría al Gobierno sortear la sospecha y hasta las críticas que desde algunos sectores se vienen levantando ante la posibilidad de que si, tal como todo indica, Antonio Boggiano termina siendo destituido por el Senado, Néstor Kirchner nombraría al quinto juez del tribunal. Cifra que representaría una mayoría propia.
Los peronistas Ricardo Falú, Carlos Martínez, Jorge Casanova, la diputada del ARI, Marcela Rodríguez, la socialista María Elena Barbagellata, los radicales Hernán Damiani y Pascual Capelleri, fueron algunos de los que participaron del debate. Tanto el ARI como la UCR y el Partido Socialista compartieron el criterio de llevar el número de miembros de la Corte a siete. En este punto los legisladores dan por descontado que el Senado destituirá a Boggiano y que más tarde o más temprano, Carlos Fayt terminará renunciando a la Corte Suprema.
Tiempo de descuento
El Senado alargó la agonía de Boggiano. La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Cristina Fernández de Kirchner tendría que haber definido ayer la fecha para la lectura de la acusación. Este era el momento que, en las negociaciones previas que los hombres del oficialismo habían mantenido con el magistrado, se quería evitar. La comisión no tiene fecha definida de reunión.
Luego de que la comisión le ponga fecha a la presencia de los diputados para formular la acusación, el tema debe ser aprobado en el recinto. Por lo pronto no será en la sesión de hoy. Quizás en la del miércoles que viene. El oficialismo parece tener rotos los canales de negociación con Boggiano y la postergación de las fechas es una apuesta a recuperarlos. Para colmo, el juez quedó preso de sus propios dichos al defenderse públicamente en el diario La Nación y asegurar que no piensa renunciar al tribunal. El negociador del Gobierno había sido claro y cuando Boggiano le comentó que tenía el respaldo de la Rosada respondió que si ese apoyo no sirvió para impedir la acusación de la Cámara baja, ahora era tarde.
“Boggiano está fuera del tribunal. Es una cuestión de tiempo”, confía a este diario un destacado legislador del oficialismo. Esto no quiere decir que el juez se entregue mansamente. A pesar de que Boggiano dice contar con el respaldo de la Santa Sede, los parlamentarios del partido de gobierno repiten ante Página/12 que la Iglesia le acercó señales a la Rosada. Señales en las que queda en claro que no pondrá el grito en el cielo por el desplazamiento del juez.
“No condenarlo a Boggiano es un costo político muy grande. Costo que lo pagan el Gobierno y Cristina Fernández de Kirchner”, dice a este diario uno de los principales operadores del oficialismo en el Congreso. Para el parlamentario se pone en juego la principal joya que exhibe el Gobierno: la renovación de la Corte Suprema. También se le estaría dando la razón a Eduardo Moliné O’Connor que pleitea en los tribunales internacionales diciendo que al ser destituido del máximo tribunal tuvo un trato desigual y discriminatorio que el recibido por los jueces que firmaron la misma sentencia que él.