El oficialismo decidió optimizar el rédito que puede obtener del éxito en la renegociación de la deuda en default. Esta vez de la mano del ministro de Justicia, Horacio Rosatti, que resolvió tomarlo como eje central de su presentación ante el encuentro anual de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El funcionario aseguró que la salida del default tuvo como “objetivo fundamental defender y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población, inseparables de su derecho a la vida, la integridad y la seguridad”.
Para Rosatti la defensa de los derechos humanos no puede ir desligada de otras políticas sociales. Al respecto destacó: “El gobierno argentino es consciente de que su mayor desafío es dar respuesta a la vulneración de derechos y garantías derivados de la crisis socio-económica y sus consecuencias de exclusión social, resultados de políticas de ajuste estructural adoptadas ciegamente en el pasado, como la deuda externa”.
Sin embargo, no todos los golpes fueron contra los organismos de crédito y las políticas de la era menemista. Rosatti también se refirió a los problemas que forman parte del actual déficit social en el país, entre ellos la crisis que atraviesa el sistema penitenciario. Según adelantó, este año se impulsará un proyecto para que organizaciones no gubernamentales controlen las cárceles en todo el país. La decisión fue adoptada a partir de las sucesivas denuncias sobre torturas y malos tratos que reciben los detenidos, y formaría parte de un paquete de medidas tendiente a mejorar el sistema jurídico y penitenciario a mediano plazo.
“Lamentablemente, la violación de los derechos humanos en la Argentina no es patrimonio exclusivo de la última dictadura militar. En democracia existieron y aún persisten violaciones de derechos y libertades. No obstante, sería inadmisible equiparar estas situaciones al terrorismo de Estado que practicó una violación masiva y sistemática de derechos fundamentales a través del aparato organizado del poder”, recalcó el funcionario al reivindicar las políticas impulsadas desde el oficialismo “para que no queden impunes los delitos de lesa humanidad”. Y puso como ejemplo la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y la creación del Espacio de la Memoria en la ESMA.
Para no dejar lugar a dudas, tras recalcar el “lugar central” que ocupa la defensa de los derechos humanos en las políticas del Gobierno, Rosatti agregó: “La lucha contra la impunidad, la verdad y la reparación –la que no se reduce a una mera revisión del pasado– es cuestión de importancia capital para el presente y el futuro del país”.