Raúl Castells quedó detenido tras ser indagado por un pedido de comida a McDonald’s. El fiscal Martín Niklison lo acusa del presunto delito de tentativa de extorsión, a raíz de una marcha con la que piqueteros del Movimiento de Jubilados y Desocupados reclamaron 50 mil combos. El juez Facundo Cubas resolvió que Castells permanezca en prisión hasta definir su situación procesal.
El dirigente fue arrestado el sábado por la Policía Federal en Resistencia. El lunes por la noche lo trasladaron en un vuelo a la Capital Federal. Fuentes judiciales señalaron que en la indagatoria, Castells rechazó los cargos al sostener que en ningún momento intentó extorsionar a McDonald’s, ya que “ni siquiera” habló con directivos de esa empresa.
La movilización fue realizada el 9 de diciembre pasado, frente al local de 9 de Julio y Corrientes. En aquella oportunidad, la compañía sostuvo en un comunicado que no accedería “a ninguna solicitud que se exprese a través de metodologías que pongan en riesgo la paz social y la seguridad de empleados y clientes”. Al igual que Castells, McDonald’s desmintió que se hubieran producido contactos “ni personales ni telefónicos” con los piqueteros.
La indagatoria fue ordenada por Cubas a pedido del fiscal, a cuyo criterio la protesta piquetera “no fue un legítimo reclamo de gente excluida de la sociedad y necesitada de alimentos, sino un show montado para promoción política de un dirigente, utilizando las necesidades de muchas personas”.
El delito de extorsión en grado de tentativa tiene una pena de entre 20 meses a cinco años de prisión. Es excarcelable, aunque Castells está en una situación compleja porque tiene una condena previa y un acuerdo que le concedió la libertad provisoria en una causa, también por pedir alimentos, vinculada con una medida en un casino del Chaco.
Ayer, frente a los Tribunales de Lavalle y Talcahuano, mientras Castells declaraba hubo una protesta del MIJD encabezada por Nina Peloso. La mujer del dirigente piquetero calificó su detención de “política” y responsabilizó por el hecho al gobierno nacional.
También Castells, en la indagatoria, consideró que fue arrestado por ser opositor. Como acostumbra a hacer en sus defensas, el dirigente expuso durante una hora y media un discurso de contenido político, en el que embistió contra las multinacionales e incluso contra George W. Bush. Finalmente, señaló que el fiscal tiene relación con el Gobierno, que –sostuvo– lo tiene por “objeto de persecución”.
Tras la indagatoria, el juez Cubas dispone de diez días hábiles para resolver la situación procesal del piquetero. De todos modos, podría decidir previamente si lo excarcela o lo mantiene en prisión.
Durante su última detención, ocurrida en Chaco, Castells mantuvo una huelga de hambre durante 39 días hasta conseguir su libertad. La obtuvo el 21 de octubre, tras un acuerdo logrado por la mediadora Mercedes Sotelo ante los riesgos que corría la salud del dirigente. En esa causa judicial también estaba acusado de extorsión por haber ocupado el casino Gala en reclamo de alimentos aunque, a diferencia de esta última causa, el fiscal de Cámara Gustavo Muller sostuvo que no había habido una extorsión sino un reclamo social mediante el cual los desocupados obtuvieron una donación para comprar comida.