Más allá de la convocatoria al boicot y de la controversia sobre la movilización popular, la suba del gasoil dispuesta por Shell y Esso actualizó un debate pendiente: la eficacia de los organismos de control del Estado y su disposición a actuar (o no) en beneficio de los intereses públicos. Lejos del foco de los medios, el tema genera malestar en algunos sectores del Gobierno. Las disidencias se perciben en los organismos que deben intervenir ante subas injustificadas, acuerdos de precios entre empresas (supuestamente) competidoras y prácticas monopólicas. “Ya lo decía Perón. Cuando uno no quiere hacer nada hay que crear una comisión”, advierte un especialista que revista en una de las áreas del Ejecutivo encargadas de estos asuntos. Las acusaciones cruzadas –que las hay– sospechan de la demora para poner en funcionamiento los Tribunales de Defensa de la Competencia, previstos por la ley 25.156, sancionada en 1999 y vigente desde entonces. “Los tribunales no se crearon porque las empresas no los quieren”, denuncia el especialista.
Las diferencias aún no habían llegado a los medios. Pero con la actitud oficial ante Shell, el tema volvió a dividir aguas en dos organismos del Gobierno. Se trata de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Los dos dependen de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía. Hasta la asunción de Kirchner, los dos organismos formaban una sola estructura. Con el organigrama dispuesto por el decreto 25/2003, la planta se dividió en dos: se formó una subsecretaría para que actuara ante las quejas de los consumidores y se creó otra comisión, que debería intervenir ante los casos de “abuso de posición dominante en el mercado”: es un tema esencial por la abundancia de empresas oligopólicas, como las privatizadas.
A diferencia de Estados Unidos con sus leyes anti-trust, en la Argentina no se prohíbe la concentración, el dominio en cierta medida del mercado (basta ver el caso de Repsol en hidrocarburos). Lo que la ley sí impide es la distorsión de la competencia y el “abuso de posición dominante” que pueda perjudicar al interés general o imposibilitar la supervivencia de los competidores. En esa misma ley (25.156) se dispone que el Estado creará los Tribunales de Defensa de la Competencia, un organismo autárquico que estará facultado para hacer estudios de mercado, investigar costos, analizar casos de concentración económica y control de empresas, y hacer denuncias ante la Justicia, entre otras funciones. A casi seis años de su aprobación, los Tribunales nunca se formaron.
“Nunca se ha querido estructurar el área. Las empresas no quieren que funcione”, denuncia un especialista que cumple funciones de asesor en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. La acusación, en forma indirecta, está dirigida a la Comisión de Defensa de la Competencia. Tras el reordenamiento de mayo de 2003, esa comisión –que dirige el abogado Ismael Malis– es la autoridad de competencia en esos temas.
–¿Por qué no se crearon los Tribunales de Defensa de la Competencia?
–Hay un proyecto en el Poder Ejecutivo de modificar algunas de las facultades establecidas en esa ley (25.256) para el Tribunal. Se le quieren quitar facultades porque según la ley actual el Tribunal sería la única autoridad que decidiría sobre los temas de competencia. Si se deja como está, la autoridad política no tendría ningún tipo de injerencia y eso no se da en ningún lado. En España, por ejemplo, el Tribunal hace el dictamen en concentraciones y el que lo aprueba es el Consejo de Ministros –respondió Malis a Página/12.
Un primer debate es si el Ejecutivo debe reservarse la última opinión ante casos de concentración económica. Pero, aparte de eso, hay quienes vinculan la demora en crear los Tribunales con sus funciones intactas o modificadas –previa sanción de una nueva ley– con intereses de terceros. “Si quisieran se hace en dos días porque el Ejecutivo tiene mayoría en todos lados. Pero mientras tanto, porque no les gusta la norma, no la cumplen. Hasta que no haya nueva ley hay que cumplir la existente”,asegura un abogado especializado en esos temas y que trabaja en el Estado.