El Gobierno decidió dar marcha atrás con la polémica norma –hecha pública por Página/12 en la edición del domingo– que obliga a los proveedores de servicios de Internet a archivar a partir del 31 de julio cada uno de los sitios visitados por sus clientes, así como el contenido de sus chateos y los correos electrónicos enviados y recibidos, a fin de que esa información quede a disposición ante un posible requerimiento de la Justicia o del Ministerio Público. El presidente Néstor Kirchner instruyó al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para que analice los alcances de la ley con el propósito de que “sean garantizados los derechos individuales de las personas”. Además, una alta fuente de la Casa Rosada confió a este diario que será “revisada”. Y en el Congreso se anunciaron varios proyectos para modificarla o, directamente, derogarla. El kirchnerista Osvaldo Nemirosky, presidente de la Comisión de Comunicaciones, aseguró que será corregida para frenar su implementación. Página/12 pudo reconstruir, además, el llamativo trámite parlamentario que siguió la cuestionada ley en ambas cámaras.
Una alta fuente cercana al presidente Kirchner reconoció ante este diario su disconformidad tanto con el contenido de la Ley 25.873, como del decreto presidencial Nº 1653 que la reglamentó. “Se nos pasó en el paquete de leyes Blumberg, pero esa ley es una vergüenza”, se despachó el funcionario. El Gobierno estudiará a través de qué mecanismo legal desarticulará la red de espionaje privada montada por una ley y un decreto presidencial.
La ley de la polémica fue aprobada por el Senado, sin discusión, el 17 de diciembre de 2003, en la última sesión ordinaria del año. El proyecto –según pudo reconstruir una investigación del diputado socialista Jorge Rivas– fue movilizado en la Cámara baja por el entonces ministro de Justicia Gustavo Beliz, como parte de su política para combatir la inseguridad. La ley estableció que las prestadoras de telecomunicaciones deberán almacenar por 10 años todos los datos de sus clientes: con quién se comunican, cuánto duran las conversaciones y qué llamadas reciben en el caso de la telefonía móvil y domiciliaria; cada uno de los sitios web visitados, con quiénes chatea, cuándo, y además –según interpretan expertos en informática y derecho de la información–, los e-mails enviados y recibidos. Esta información deberá estar disponible ante un requerimiento de un juez o un fiscal. El decreto reglamentario, del 9 de noviembre de 2004 (firmado por Kirchner, Alberto Fernádez y el ministro Julio De Vido), fijó en el 31 de julio próximo la fecha de entrada en vigencia de la normativa.
“Es poco feliz”, consideró el kirchnerista Nemirosky al evaluarla, antes de subirse al avión que lo llevó a Alemania junto con el Presidente. Nemirosky es titular de la Comisión de Comunicaciones de Diputados y reconoció que se enteró del alcance de la legislación tras la publicación el domingo en Página/12. Cuando se sancionó, él todavía no era diputado, pero contó en qué contexto político se aprobó: “En un período por ahí de premura, donde explotaron las cuestiones de inseguridad y algunos diputados creyeron que de esta manera lo resolvían y en realidad, avanzaron sobre derechos personalísimos y privados de la gente”. Nemirosky adelantó que impulsará la modificación de la ley para frenar su implementación.
El diputado Cristian Ritondo, otro justicialista pero del riñón macrista, presentará hoy un proyecto para derogarla lisa y llanamente. Tampoco Ritondo era legislador en el momento en que se aprobó en Diputados. También él se enteró por Página/12. “Los constitucionalistas dicen que linda con lo inconstitucional. Creo que hay que derogarla y abrir un debate para que expertos en informática y constitucionalistas analicen qué tipo de información se debe guardar y por cuánto tiempo. Y qué tipo de controles se deben imponer para que esa información no sea mal utilizada yse pierda la seguridad del correo electrónico”, indicó Ritondo, que es vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, titular de la de Población e Informática y miembro de la de Comunicaciones. Ritondo se puso a trabajar ayer con su colega Mauricio Bossa (UCeDé), uno de los tres legisladores que rechazó el proyecto cuando pasó por Diputados. Bossa consideró la normativa como “inconstitucional porque establece que todos los ciudadanos están bajo sospecha”. Y agregó: “Técnicamente es un proyecto casi imposible de llevar a cabo; ni siquiera la película Misión Imposible contempla tal tipo de tecnología. Esto suena a una gran locura, una enorme fantasía y revela una increíble incapacidad de quien ha reglamentado la norma”.
Un trámite particular
Es llamativo cómo el proyecto se convirtió en ley. El diputado socialista Jorge Rivas, que venía trabajando hace algunos meses en una iniciativa para frenarla, logró reconstruir el camino que siguió en el Congreso. “Nunca ingresó como proyecto”, puntualizó a este diario un asesor del socialista. El punto de arranque fue un proyecto del justicialista José María Díaz Bancalari que obligaba a las empresas de telefonía móvil a tener equipamiento para que la SIDE pudiera “pinchar” las conversaciones de los celulares a pedido de los jueces. “En ese momento los magistrados tenían problemas con las empresas porque decían que no tenían tecnología para interceptar las llamadas”, aclaró una fuente legislativa. Aquel proyecto apareció publicado en el Trámite Parlamentario 93 del 15 de julio de 2003 bajó el número de expediente 3243-D-03 y fue girado a la Comisión de Comunicaciones. “Pasó un tiempo sin que fuera tratado. Hasta que se hizo una reunión informal de la cual no hay registro escrito, encabezada por el entonces presidente de la Comisión de Comunicaciones y hoy con mandato cumplido, Pablo Fontdevilla. En esa reunión participaron Norberto Quantín como secretario de Seguridad Interior, miembros de la SIDE, diputados y representantes de las empresas grandes de telefonía. Ahí fue donde se consensuó otro texto que fue el que finalmente salió”, relató el asesor de Rivas, que siguió la pista del proyecto.
En ese punto se produce una serie de decisiones polémicas. Los miembros de la Comisión de Comunicaciones incorporaron al proyecto una actividad de inteligencia, que la Ley de Inteligencia no prevé, como es el archivo de todo tipo de comunicaciones por diez años, explicó Rivas. Esa atribución le correspondía a la Comisión de Seguridad Interior. Paralelamente, el proyecto le otorgó a los fiscales la atribución para intervenir comunicaciones, lo que significa una modificación al Código Procesal Penal, que es incumbencia de la Comisión de Legislación Penal, agregó Rivas.
Ex orteguista, Fontdevilla fue luego funcionario del Ministerio de Justicia durante la gestión de Beliz, lo sobrevivió y terminó como jefe de Gabinete de la Intervención en Santiago del Estero.
Sólo tres diputados se opusieron al proyecto en la Comisión de Comunicaciones, presidida por Fontdevilla: el ucedeísta Bossa, la radical Gracia Jaroslavsky y el justicialista Alberto Briozzo (mandato cumplido). El 26 de noviembre de 2003 la iniciativa recibió media sanción. De la versión taquigráfica surge claramente que los diputados se limitaron a votar sin debatir. Fue presentada como “régimen para la prestación de nizado, fundamentalmente en lo que se refiere a la logística para la captación de las líneas telefónicas en secuestros extorsivos. El Estado requiere de esta ley”.