Veintidós días después de la tragedia de Cromañón, Rafael Levy cumplía 52 años. Empresario textil, el 18 de junio de 1976 puso sobre la calle Viamonte 2386 del barrio de Once el primero de la larga serie de negocios que incluyó desde la línea Etam a Cromañón. Su nombre se hizo público tras la tragedia, pero hasta ahora no había sido localizado en el andamiaje de sociedades ligadas a la noche negra de Omar Chabán. Después de una profunda investigación, la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ) lo encontró: en una resolución emitida ayer, el titular del organismo, Ricardo Nissen, sostuvo que Levy está detrás del “enmascaramiento” de las cinco sociedades relacionadas con República Cromañón. Según la resolución, en su mayoría fueron constituidas en paraísos fiscales, son “ficticias y simuladas, para encubrir fines extrasocietarios, violar la ley y frustrar los derechos de terceros”. La IGJ responsabilizó también a su socio y amigo personal, Raúl Vengrover, y a varios “cómplices”. En la resolución, de 70 páginas, Nissen anunció que iniciará acciones legales contra ellos: pedirá que se anulen todas las sociedades. Con esta decisión, quedará habilitada la vía para que los familiares de las víctimas puedan pedir el embargo de sus bienes para afrontar eventuales indemnizaciones.
Aunque será la Justicia de instrucción la que deberá resolver si eventualmente existen responsabilidades penales de los dueños ocultos de Cromañón, con su investigación la IGJ los deja servidos y al descubierto en el fuero civil. “Es como en un accidente de tránsito –explican en el organismo–. Cuando alguien que no es el dueño del auto choca y mata a una persona, el propietario también es responsable civilmente.”
El pedido de nulidad de las cinco empresas que pedirá la Inspección se basa en la “simulación y abuso del derecho” de esas sociedades nacionales y extranjeras off shore “detrás de las cuales se ocultaron sucesivamente los verdaderos propietarios del inmueble donde funcionó República Cromañón”.
La IGJ encontró en total cinco compañías o pseudocompañías en las dos direcciones ligadas a Chabán: Bartolomé Mitre 3038/78, donde funcionaba el boliche, y Jean Jaures 51, del Central Park Hotel. Entre las sociedades hay dos nombres conocidos: National Uranums Corporation y Nueva Zarelux Sociedad Anónima, la off shore fundada por dos uruguayos, entre ellos el changarín Henry Luis Vivas, el hombre que –como ya publicó este diario– reconoció que un estudio jurídico le había pagado “unos pesos” por su nombre. Las otras tres sociedades, en cambio, hasta ahora no habían sido mencionadas: se trata de la Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales (Caecsa), la Financiera Rucas Sociedad Anónima y Eficrown Sociedad Anónima.
Cada uno de estos nombres, sus relaciones, los pases de acciones, de inmuebles y del tipo de explotación comercial no sólo dan cuenta del sótano sobre el que se construyó y sobrevivió Cromañón. Según la IGJ, es sólo una muestra que se reproduce por decenas o centenas en Buenos Aires.
Buena parte del misterio de Cromañón lo encierran las operaciones que se hicieron en torno del edificio de Once. De acuerdo a la reconstrucción de la IGJ, con datos del Registro de Propiedad Inmueble, la propietaria actual del edificio es la uruguaya Nueva Zarelux SA, con domicilio en Juan Carlos Gómez 1348, piso 4, de Montevideo, donde funciona el estudio jurídico de Cukier and Cukier por donde el changarín pasó a firmar sus papeles.
Con un capital original de 200 mil dólares, en 1998 Nueva Zarelux SA compró el edificio de Bartolmé Mitre por 620 mil dólares a Nacional Uranums Corp., oriunda de las Islas Vírgenes británicas. Esa operación ya había llamado la atención por los montos: cuatro años antes, el 18 de noviembre de 1994, National Uranums había pagado 2,2 millones de dólares. Las sociedades localizadas por la IGJ durante su investigación comienzan a encadenarse en este punto: National Uranums, a su vez, le había comprado el edificio a la Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales SA, “una sociedad argentina controlada totalmente por otra sociedad off shore, constituida en Uruguay y denominada Financiera Rucas SA”.
Aunque detrás de estas compañías se suman infinidad de nombres, la creación y las gestiones habrían sido obra de Lito Levy y de Raúl Vengrover. La investigación dio con ellos. En su declaración ante la IGJ, el propio Vengrover lo admitió cuando habló de los comienzos. Explicó que con Lito Levy se conocían “desde hace 30 años porque le vendía ropa a su padre”. “Aunque actualmente no tienen ninguna relación”, dijo que Levy “fue la persona que le llevó el negocio del baldío de la calle Bartolomé Mitre” donde construyeron Caecsa, un estacionamiento y una bailanta entre 1989 y 1990. Cuando Caecsa “se puso a construir el estacionamiento y la bailanta que posteriormente fue El Reventón, se quedó sin dinero”. Siempre según su declaración, Levy lo llamó en ese momento para salvarlo: “Le manifestó que tenía contactos con el exterior y constituyen National Uranums Corp.”.
En esa misma declaración del día 8 de abril, Vengrover admitió que participa en esos emprendimientos extranjeros: es apoderado de National Uranums y presidente y accionista de Caecsa. Pero además, como en un manual del accionista ilustrado, explicó cómo “su madre y hermanos” eran accionistas de Financiera Rucas, la otra sociedad off shore uruguaya.
Durante la investigación, los inspectores determinaron así que dueños y explotadores del edificio de la calle Bartolomé Mitre eran las mismas personas: un elemento central para entender la conexión entre Vengrover, Levy y sociedades como Lagarto SA o Central Park Hotel SRL, mencionadas hasta ahora como negocio aparte, explotadoras comerciales y/o locatarias del local.
En ese marco, el 23 de marzo presentó un escrito Juan Chabelsky, socio gerente de Central Park y a la sazón “yerno” de Lito Levy. Les contó a los inspectores que “si bien es comerciante hace muchos años, no conocía a fondo la actividad hotelera”. Por eso contrató a “un gerente experto en el rubro” y recurrió “al asesoramiento comercial de su yerno, Rafael Levy”.
Algo semejante sucedió con la disco, supuestamente explotada por Lagarto SA. El mismo día de la declaración ya mencionada, Vengrover reconoció su participación en la disco: contó que su hijo Germán lo sustituyó en Lagarto “por encontrarse enfermo”. Según los datos de la IGJ, como si se tratara de un link de enlaces, Lagarto vuelve a conectarse así con la trama de las empresas off shore. En este caso se trata de la última de las cinco impugnadas por la IGJ: la uruguaya Eficrown S.A. “La actuación de esta empresa en la Argentina –dice la resolución– no está vinculada a los inmuebles de la calle Bartolomé Mitre ni a los de Jean Jaures, pero fue en un determinado momento (1999/2002) accionista controlante de Lagarto SA, locataria del inmueble de Bartolomé Mitre 30/6 y explotadora del establecimiento denominado El Reventón, antecesor de República Cromañón.”
Lagarto, además, es la titular de la habilitación del boliche bailable desde el origen. Por un aparente problema con la habilitación, sus dueños nunca pudieron vender el fondo de comercio: vendían o transferían acciones para la explotación. Eso sucedió con los hermanos Ripa, vinculados sólo temporalmente al boliche durante la época de El Reventón y eso habría ocurrido con el propio Chabán.
Ya se sabía que el nombre del excéntrico empresario de la noche no aparecía ligado a ninguna de las sociedades. El gran hallazgo de la IGJ, para encontrarlo entre las piezas de este entramado societario, surgió de la declaración de Rafael Levy en la causa judicial. Levy explicó en ese escrito que por cuestiones financieras El Reventón cerró y el “predio permaneció cerrado por un tiempo hasta que apareció el señor Omar Chabán”. Después de una entrevista en el bar del hotel Central Park, supo que Chabán lo quería para poner un local con “un enfoque musical distinto”. Según Levy, Chabán hizo el arreglo con la gente de Lagarto (ahora considerados sus socios) por un canon mensual de 9 mil dólares, pero no hubo contrato. La instrumentación del contrato quedó pendiente porque Chabán no presentó las garantías suficientes.
Los inspectores consultados consideran que esa ausencia volvería aún más vulnerable la situación de los dueños de Cromañón: no sólo serían responsables sólo como propietarios del edificio sino corresponsales por la explotación de la disco.