Bastó una primera auditoría para que los investigadores del Superior Tribunal del Chaco quedaran horrorizados. Sólo un juzgado de la localidad de Roque Sáenz Peña ordenó la devolución de cerca de 8 millones de dólares a ahorristas de otras provincias en 63 causas del corralito, según un relevamiento que ya tienen en sus manos. La documentación secuestrada reveló, además, una larga lista de irregularidades en el trámite de los expedientes: hay, por ejemplo, sentencias con fecha anterior a la demanda y como patrón general casi ningún beneficiario pagó la tasa de justicia, que oscila entre el 1 y el 1,5 por ciento de lo que retiraban.
Según datos que difundió la regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los chaqueños que saltaron el corralito con fallos de la Justicia de la ciudad de Resistencia retiraron algo más de 90 millones de dólares. Pero de acuerdo con la pesquisa que conduce el máximo tribunal provincial, “esa cifra se queda corta” porque hubo jueces de varias localidades del Chaco que favorecieron a ahorristas de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos con fallos que les permitían sacar el dinero en esas jurisdicciones.
En Sáenz Peña, una ciudad que no supera los 120 mil habitantes, el primer rastreo de datos se concentró en el juzgado de Daniel Freytes, según el informe al que tuvo acceso Página/12. Por resoluciones de ese magistrado hubo gente oriunda de cualquier otra provincia menos del Chaco que consiguió que les devolvieran depósitos de 1.743.538 dólares, 1.471.582 dólares, 783.087,47 dólares, 449.201 dólares y 395.756,97 dólares, y así hasta totalizar cerca de 8 millones. El problema, sin embargo, no es sólo de montos. Un documento preliminar con algunas conclusiones señala:
- En los 63 expedientes analizados el juzgado de Freytes pasó por alto el primer trámite –contra todas las costumbres– y “dictó directamente la medida” a favor de los ahorristas. Como el escrito inicial no existió “se desconoce si fueron acompañadas las documentales respectivas”.
- Hay sentencias con fecha previa a la demanda, otras en que no hay registros de que se haya retirado el mandamiento –que debía contener la orden del juez para la devolución de la plata– y “los números de expedientes no son correlativos a la fecha de presentación de la demanda”.
- “En la mayoría de las causas no se abonó la tasa de justicia (que debe ser entre el 1 y 1,5 por ciento de lo reclamado) y en la que se pagó la suma fue de 50 pesos.” Sobre este punto, el fiscal de Estado deberá impulsar los juicios correspondientes para recuperar ese dinero.
- En algunos casos figuran “como domicilio de las instituciones bancarias las casas centrales aunque la operación se haya efectuado en una sucursal”. Además, se habilitaron cesiones de créditos intransferibles.
- No como irregularidad pero sí como dato llamativo, el documento señala que aparecen estudios de abogados de la provincia que concentran las causas del corralito. Por ejemplo, muestran que el de Resanovich-Espeso Houssay manejó 22 casos, el de Olivieri-Cabaña tuvo 15 y el de Fernández Floriani y Fernández patrocinó 20.
Desde el miércoles la auditoría avanza sobre otro juzgado de Sáenz Peña, el de Daniel Fernández Asselles, y seguirá por otros de Charata, Castelli y de Resistencia. Un funcionario cercano a la investigación confió a este diario que “por vías informales” el Superior Tribunal cuenta con información según la cual “el negocio funcionaría así: había estudios de abogados de otras provincias que actuaban en tándem con colegas chaqueños; a los ahorristas se les pedía una comisión del 20 por ciento de lo que retiraran, y parece que la plata se la repartían entre los abogados, el juez y algún empleado; hay quienes dicen que había gente en los bancos que marcaban a los abogados amigos y así arreglaban todo”.
Desde el punto de vista legal los propios supremos del Chaco dijeron en una resolución reciente –en una causa iniciada por el Banco Francés– que los amparos sólo pueden tramitar ante la Justicia Federal, no en cualquier juzgado. Suscribieron esa postura los ministros Ramón Avalos, Eduardo Molina, Alberto Modi y Ricardo Franco. La presidenta, María Luisa Lucas, votó en disidencia. Por otro carril, las normas locales y nacionales establecen que los amparos sólo tramitan en la jurisdicción donde el demandante tiene domicilio. La misma mayoría menos Modi resolvió anteayer “establecer que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial deberán prestar la más amplia colaboración a la AFIP”. El órgano tributario busca establecer si los millones que salieron del corral fueron declarados.
La punta del ovillo de esta historia salió a la luz cuando el Superior Tribunal cordobés firmó una acordada rechazando los oficios que llegaban desde el Chaco y alertando sobre una posible cadena de fraudes. Lo mismo hizo el alto tribunal de Santa Fe. Los miembros de la Corte de la tierra del radical Angel Rozas esperarán a tener algunos datos más para tomar una determinación. Ellos tienen la facultad de suspender a los jueces, y que después los juzgue el Consejo de la Magistratura local. Mientras tanto, mantienen contactos con la comisión de fuga de capitales de Diputados, que estudia una denuncia. El Consejo de la Magistratura nacional hace su propia investigación en relación al juez federal chaqueño Carlos Skidelsky, pero busca información sobre cómo y quienes tramitaron causas del corralito en todo el espectro nacional.