La derogación de la Ley de Subversión Económica no deberá producir la liberación automática del banquero Carlos Rohm. Así piensan los fiscales de la causa que llevó tras las rejas al vicepresidente del Banco General de Negocios (BGN). Por indicación de su jefe, el procurador general Nicolás Becerra, Patricio Evers y Luis Comparatore emitieron ayer un dictamen en el que le recordaron a la jueza María Servini de Cubría que Rohm fue procesado no sólo por ese delito sino por haber violado la ley en el marco de una asociación ilícita, y concluyeron que la inminente eliminación de la tan mentada norma “no acarreará el fin de la investigación”. Consultado por Página/12, Evers opinó que “si se cae esa ley hay otras que sirven, es sólo cuestión de buscarle la vuelta”.
Becerra instruyó a todos los fiscales que intervengan en causas encuadradas en la ley 20.840 para que formulen las aclaraciones necesarias en cada caso y así evitar que esas investigaciones se vean afectadas con la derogación de la norma, a punto de concretarse en el Parlamento. La causa iniciada por las diputadas del ARI Marcela Rodríguez y Graciela Ocaña está caratulada “De la Rúa, Fernando y otros s/subversión económica”. Pero en el dictamen de la fiscalía que impulsó la acción penal, Evers y Comparatore señalaron que los hechos denunciados “podrían” enmarcarse en esa ley, “sin perjuicio de otros delitos que pudieren surgir con el avance de la investigación”. Es decir que no efectuaron un encuadramiento legal de los hechos a investigar. Por lo tanto, sin la Ley de Subversión Económica el caso puede ser caratulado nuevamente bajo otras figuras penales. Además, los fiscales designados como coadyuvantes, Alejandra Perroud y Luciano González Valle, ampliaron la acusación para que el juzgado profundice la pesquisa sobre la legitimidad del origen de los fondos manejados por el BGN para evaluar la posible comisión de los delitos de blanqueo de capitales o evasión tributaria.
Tras indagarlos en varias oportunidades, la jueza Servini de Cubría procesó con prisión preventiva a Carlos Rohm al considerarlo “jefe u organizador de una asociación ilícita, en concurso real con el delito de subversión económica en perjuicio de la economía nacional”. Asimismo procesó a los imputados Rufino Basavilbaso de Alvear y Adrián Couce como partícipes necesarios de esa banda.
“La casi indefectible derogación de la Ley de Subversión Económica por parte del Congreso Nacional no acarreará ‘per se’ el fin de la importante investigación realizada en este sumario ni dejará un vacío de impunidad en la legislación penal nacional”, concluyeron Evers y Comparatore. Si bien es cierto que ante un cambio legislativo posterior a la comisión del delito siempre se aplica al acusado la ley “más benigna”, en este caso carece de importancia que esto ocurra porque no cambia la situación de Rohm en cuanto a su libertad. Esto es así porque lo que determinó su encarcelamiento no fue la Ley de Subversión Económica sino haber sido considerado jefe de una “organización criminal de índole mafiosa”, como la definieron los fiscales.
“Lejos de nosotros está hacerle el juego a una presión norteamericana para modificar nuestra legislación, pero hay dos hechos objetivos: la ley es ambigua e inconstitucional y además no es el instrumento que permite encarcelar a banqueros, como dicen”, opinó ante Página/12 una alta fuente de la Cámara Federal, que debe decidir en los próximos días la situación procesal de Rohm. “La norma es pésima porque no especifica cuál es la conducta delictiva que castiga y por eso fue poco utilizada hasta que ahora se puso de moda en algunos juzgados que eligieron ese camino más expeditivo y rimbombante que ponerse a investigar en serio la defraudación o la estafa que subyace en la mayoría de estos casos. Pero también es ridícula la urgencia por derogarla”, completó el funcionario tratando de quedar a mitad camino entre el análisis jurídico y el político. Algo difícil de lograr en los politizados despachos de Comodoro Py.