La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento de Claudia Bello, por las irregularidades en la campaña de difusión contra el “efecto 2000” (Y2K), que supuestamente afectaría al sistema informático durante el cambio de milenio. La ex secretaria de la Función Pública durante el último gobierno de Carlos Menem fue embargada por dos millones de dólares, acusada de contratar sin licitación a la empresa encargada de la campaña y de gastar 2 millones de dólares más del valor real del servicio. Con este fallo, Bello quedó a un paso del juicio oral.
A fines de octubre de 1999, Claudia Bello adjudicó, en forma directa y sin precios testigo, un contrato de casi 6 millones de dólares a la empresa Lautrec Publicidad para organizar una campaña de prevención contra el efecto “Y2K”, que consistía en la confección de 300 cajas de cartón y 2 millones de folletos con recomendaciones para evitar sus consecuencias negativas en las computadoras. Pero las “cajitas de Claudia”, como se las conocía en algunos organismos estatales, también llevaban un video, una foto del presidente Carlos Menem, un folleto a todo color con el rostro de Bello, dos publicaciones de 140 páginas y un afiche de 50 por 70 en papel ilustración que decía “Argentina 2000 preparada”.
El caso, denunciado en enero de 2000 por Página/12, llegó a la Justicia en febrero, cuando la Oficina Anticorrupción denunció a Bello y a otros funcionarios involucrados (Héctor Burotto, Víctor Cantero y Angela Riggon) en los tribunales federales. El 15 de junio del año pasado, la jueza María Servini de Cubría, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, procesó a Bello por fraude al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público y trabó un embargo de 4 millones de dólares contra sus bienes. La resolución decía que la funcionaria “manipuló una intencionada contratación directa con una empresa predeterminada y por un precio previamente estipulado que, en definitiva, perjudicó al Estado nacional por lo abusivo del mismo”. El documento también afirmaba que la campaña “fue prevista desde un principio por su propia impulsora, para sortear los organismos de control”. En ese momento, Bello declaró que la adjudicación directa se debió a la necesidad de difundir las previsiones en forma inmediata, teniendo en cuenta la cercanía de la llegada del fin del milenio. También argumentó que no pidió precios testigo porque el material que se iba a producir era novedoso y heterogéneo.
Ayer, la Cámara Federal confirmó el procesamiento, pero cambió la calificación del caso, bajo los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de negociaciones incompatibles con el cargo que desempeñó. Tras la apelación de la defensa, la Justicia limitó el alcance del sumario a dos contrataciones directas, dejando sin efecto la acusación de fraude al Estado y estableciendo un embargo de 2 millones de dólares. Los camaristas rebatieron los argumentos de Bello y afirmaron que no hubo razón de urgencia para no pedir los precios testigo, porque se trataba de un tema “netamente programables” que “carecían de toda vinculación con circunstancias imprevistas”. Con respecto al cargo de fraude, decidieron pedir una peritación contable.
En el fallo se menciona que Lautrec emitió cheques por más de un millón de dólares con facturas “truchas” por servicios supuestamente inexistentes y se sospecha que de ahí provendrían los fondos del supuesto “retorno”. El documento también llama la atención sobre el hecho de que la empresa Lautrec Publicidad subcontrató al correo High Comm Sociedad Anónima, que poco antes había repartido propaganda electoral en la campaña política de Claudia Bello.
Con esta decisión la ex funcionaria quedó a un paso del juicio oral.
La sala II del tribunal destacó que “la preponderante actuación que tuvo Bello permite sostener el claro interés manifestado para que los trabajos contratados fueran llevados a cabo por Lautrec Publicidad”. Según los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani, la suma de todas las contrataciones realizadas por Bello y sus colaboradores ascendía a casi 7 millones de pesos, en tanto que las estimaciones de la Sindicatura Generalde la Nación marcaron un monto de 5 millones como el precio adecuado. El fallo también confirmó los procesamientos de los ex funcionarios Riggon, Cantero, y Burotto (con embargos de un millón y medio para cada uno) y de Alejandro Val y Roberto Márquez, quienes también aparecen como partícipes del delito investigado.