Como era previsible, la confesión de María Julia Alsogaray sobre los sobresueldos de entre 100 mil y 40 mil pesos/dólares que cobraban ministros y secretarios de Carlos Menem, y de la que el ex presidente no puede ahora hacerse el desentendido al respecto, generó reacciones en el ámbito político y en el plano judicial: mientras el senador Eduardo Menem afirmó que no le consta que sea cierto lo que afirma la ex polifuncionaria menemista, el abogado Ricardo Monner Sans pidió a la Justicia que el ex mandatario y varios de quienes fueron sus colaboradores sean citados a indagatoria en el marco de la causa que por ese hecho se viene tramitando desde el año pasado. Los dichos de Alsogaray fueron ratificados por su hijo Alvaro Erize, quien sostuvo que su madre no reveló “nada novedoso” e insistió en que sus ex colegas mienten cuando niegan haber recibido dinero extra aparte del correspondiente a sus sueldos.
“Mi madre viene diciendo esto desde el ’95”, repitió Erize en las diferentes radios por las que salió a decir lo que María Julia blanqueó con todas las letras el último fin de semana: que durante el gobierno menemista los ministros cobraban un sobresueldo mensual de 100 mil pesos y los secretarios de Estado percibían un adicional de 40 mil pesos al mes provenientes de fondos reservados sobre los cuales no rendían cuenta alguna.
La ex polifuncionaria brindó precisiones en una carta que escribió desde la celda, donde está recluida desde hace veinte meses por enriquecimiento ilícito, y que envió para su publicación al diario La Nación. En ese texto, María Julia cuenta que al ser designada como secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en noviembre de 1991, el entonces secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá, la convocó para comunicarle que percibiría una suma mensual proveniente de “fondos secretos”. Además de precisar los montos de los sobresueldos de ministros y secretarios, agregó: “Que tres funcionarios del gobierno del doctor Menem hayan mentido bajo juramento negando esos hechos y que el propio ex presidente de la Nación tenga una actitud titubeante y contradictoria en sus declaraciones, sumada a la oportuna desaparición por razones de salud de Bauzá, no cambia la verdad”.
“Nos causó un grado de molestia bastante grande ver a funcionarios mentir bajo juramento”, explicó Erize acerca de los motivos que llevaron a su madre a escribir la carta abierta. En línea con la estrategia defensiva de María Julia, quien atribuye la mejora de su patrimonio a la paga extra que recibía, el joven aclaró que los sobresueldos que percibían los funcionarios menemistas “no eran ilegales porque eran acordes a la ley, ni moralmente incorrectos”.
El hijo de María Julia dedicó un párrafo particular a Menem. “No se sabe si está desmintiendo todo o simplemente está dando vueltas alrededor del tema para no dar respuestas, cuando la realidad es muy concreta”, expresó. Dijo también que “el comportamiento del ex presidente a veces no lo entiendo porque lo he visto también aceptar el uso de los fondos reservados”.
Frente a las afirmaciones de Alsogaray y su hijo, el senador Menem reaccionó con la misma tónica en que lo hacían los menemistas mientras estuvieron en el poder cada vez que alguno de los suyos se veía envuelto en un escándalo: “No puedo aportar absolutamente nada porque formé y formo parte del Poder Legislativo y lo que se dicen son cuestiones que hacen al Poder Ejecutivo que a mí no me constan”. Otra de sus excusas fue que “nunca escuché decir absolutamente nada en las reuniones de gabinete a las que asistí y no puedo hacer ningún comentario al respecto”.
Monner Sans, en tanto, pidió al juez federal Jorge Ballestero que cite a indagatoria a Menem, Bauzá y al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. El magistrado tramita una causa al respecto a partir de una revelación similar a la de María Julia hecha por Roberto Martínez Medina, ex colaborador del ex ministro de Justicia menemista, Raúl Granillo Ocampo. “No veo razones para demorar los interrogatorios”, destacó el abogado, quien recordó que varias medidas de prueba solicitadas por el fiscal Paulo Starc nunca fueron ordenadas por el juez.