Por A. M.

“Habría que cuidar que el derecho penal internacional y la corte que lo aplique no se convierta en tribunales de poderosos, de los más fuertes, porque se perdería todo el sentido humanitario que tienen estas normas”, opinó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, al clausurar el seminario sobre la Corte Penal Internacional (CPI) organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional.
“Estoy dispuesto como argentino a renunciar a mis derechos de Estado nacional independiente para que persiga a los que delinquieron en Argentina y no fueron castigados en Argentina, pero quiero lo mismo para todos. Porque si no el riesgo es que los únicos que paguemos seamos los más débiles del mundo globalizado”, enfatizó. “Muchas veces los países periféricos pueden condicionar posiciones fuertes de los países centrales si trabajan juntos”, respondió a Página/12 en alusión a la ausencia de Estados Unidos en la CPI. Su exposición había sido precedida por un pedido a los fotógrafos para que “se corran porque si no es muy difícil hablar con la gente”.
Según Fernández, la Argentina vivió el punto exacto en el que debatió qué hacer frente al derecho penal internacional, cuando el juez español Baltasar Garzón pidió la extradición de casi un centenar de represores. “Debimos resolver si se sometía a que otros juzguen lo que ocurrió acá o cambiar las reglas y aplicar la ley, y todo parece indicar que vamos en este segundo camino”, expresó el funcionario.
Entre un público integrado por abogados, funcionarios judiciales, políticos, abogados y estudiantes se mezclaron la diputada Irma Roy, la defensora del Pueblo de la Ciudad Alicia Pierini, el ex fiscal del Juicio a las Juntas Julio César Strassera y el fiscal federal Eduardo Taiano.
El seminario contó con la presencia del canciller Rafael Bielsa, a quien los participantes le preguntaron qué sucede con los graves crímenes que cometen Estados que no firmaron el Estatuto de Roma y no integran la jurisdicción de la CPI. “Proseguir con seminarios como éste y continuar con la larga lucha por la civilidad, que no corre a la velocidad que desearíamos”, respondió. Al momento de su disertación, Bielsa culminó augurando que “la expresión ‘Nunca Más’ sea una manifestación real en todo el mundo y un objetivo permanente de este gobierno”. Lo antecedieron en el uso de la palabra el embajador de Alemania, Rolf Schumacher, quien destacó que en la región árabe y en Asia hay muchos sistemas jurídicos que no tienen cabida en la CPI, y el diputado brasileño Luis Greenhalgh, quien apuntó que “no es una corte extranjera sino una corte internacional”. El ex presidente Raúl Alfonsín estuvo ausente pero con aviso.
Por la mañana habían disertado Alicia Gil Gil, profesora de la Universidad UNED de España, quien dio detalles del caso Scilingo, y el senador colombiano Rafael Pardo Rueda. Por su parte, Carmen Hertz, abogada especialista de derechos humanos, habló de las causas contra el dictador Augusto Pinochet. Luego hubo una teleconferencia con Enrique Barón Crespo, miembro del Parlamento Europeo, quien elogió la resolución de la ONU que remitió a la fiscalía de la CPI el caso Darfur, en Sudán, para que investigue violaciones de los derechos humanos desde julio de 2002. También se exhibió un video en el que Benita Ferrero Waldner, de la Comisaría de la Unión Europea, aseguró que el destino de la CPI está amenazado por los acuerdos bilaterales que proponen los Estados Unidos y el régimen de sanciones que aplican a los países que se niegan a firmarlos. “Constantemente manifestamos nuestro repudio” ante estas situaciones, expresó la funcionaria de la UE. Por último, el embajador de Uruguay ante la ONU Alejandro Artucio destacó que la CPI pierde vigencia si su normativa no es ratificada por los países incorporándola a sus respectivas legislaciones internas.