Los camaristas federales de Resistencia María Beatriz Fernández y Tomás Inda hicieron su descargo ayer en el Consejo de la Magistratura, donde están acusados por su intervención en la causa por la masacre de Margarita Belén. Estos jueces, junto con un tercer magistrado que falleció, liberaron a los diez represores que estaban detenidos por su responsabilidad en el asesinato de 22 presos políticos durante la dictadura.
Los camaristas fueron denunciados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS del Chaco porque, a través de un recurso de hábeas corpus, le quitaron la competencia al juez Carlos Skidelsky y dejaron en libertad a los acusados. Las agrupaciones de derechos humanos señalaron que existía un incidente en el que se cuestionaba si Skidelsky debía intervenir en el caso y, por lo tanto, la decisión sobre a qué juez le correspondía realizar la investigación sobre Margarita Belén debía ser resuelta por esa vía y no por la atípica –para este tema– del hábeas corpus, que impidió opinar a los querellantes.
Fernández e Inda argumentaron ayer que no habían tratado la cuestión de competencia, sino que sólo habían analizado si las detenciones eran legítimas y decidieron que, como el juez que las había ordenado no era el que debía llevar el caso, los arrestos no eran legales. Cómo llegaron a esta conclusión sin analizar la competencia es algo que los consejeros Lelia Chaya, Marcela Rodríguez y Beinusz Szmukler intentaron, en vano, dilucidar a través de sus preguntas.
Inda, además, está cuestionado porque, ocupando el mismo cargo de camarista en 1976, no investigó la muerte de Carlos Salas, uno de las víctimas de los fusilamientos de diciembre de ese año, que tenía una causa judicial abierta ante su tribunal.
–¿Quién lo había designado como camarista? –le preguntó Chaya.
–Fui designado en esa época, en 1976.
–Entonces lo designó el Proceso.
–Sí.
–¿No consideró que debía excusarse de actuar en esta causa, por un tema ético?
–Va de suyo que en el expediente principal me voy a inhibir pero no lo consideré en el hábeas corpus –respondió Inda.
Los consejeros también indagaron acerca de una denuncia que los camaristas había hecho por “instigación a la desobediencia judicial” contra el fiscal Jorge Auat, quien, después de la resolución de la causa, insistió con el reclamo de detención de los represores.
Además de estos jueces, también están siendo investigados, pero en la Procuración General de la Nación, los fiscales Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni. Ambos fueron denunciados como cómplices de la masacre y de haber participado en sesiones de tortura. En 1976 eran, respectivamente, secretario de juzgado y fiscal del magistrado que intervino en el caso.