Los primeros meses del 2005 están signados por la agudización de la puja distributiva. Los trabajadores, alentados por el crecimiento económico e importantes triunfos en algunos conflictos, buscan aumentos salariales, ya sea endureciendo sus posiciones en las mesas de negociación y/o iniciando medidas de fuerza. Por otro lado, las conducciones de la CGT y la CTA pidieron públicamente que los salarios recuperen el poder adquisitivo perdido a causa de la inflación de los últimos meses y se avance hacia un mínimo que cubra el costo de la canasta familiar.
La respuesta del ministro de Economía: “Los aumentos salariales deben ser en función de los incrementos de la productividad y no para correr detrás de la inflación”, mostró sus reflejos neoliberales, y la de Eduardo Duhalde (su coequiper político): “No se puede repartir lo que no se tiene”, nos remitió al discurso clásico de los peores momentos de los ’90.
Productividad. Los economistas y los políticos del establishment pretenden elevar a la categoría de teoría económica lo que no son más que criterios de funcionamiento que reflejan momentos de la correlación de fuerzas entre los sectores que disputan la distribución de la renta.
La productividad varía con la incorporación de tecnología, la organización del trabajo, el nivel de eficiencia en la utilización de los equipos. En la medida que se incrementa crece la renta y con ella el excedente a distribuir. Es allí donde surge un interrogante sencillo: ¿a partir de cuánto se consideran los incrementos de productividad y cómo se distribuye el beneficio resultante? En las últimas décadas la productividad no cesó de aumentar, y si observamos la participación de los asalariados en la distribución de la renta nacional queda claro que la creciente utilidad obtenida fue para las empresas en desmedro permanente de los asalariados. Entonces, mal se puede afirmar que los aumentos de los salarios llegarán sólo si a partir de ahora se producen nuevos incrementos de la productividad pues, entre otras cosas, las “pérdidas” empresarias por la salida de la convertibilidad ya fueron recuperadas con creces, mientras que no ha sucedido lo mismo con los salarios. Peor aun es decir que “no se puede repartir lo que no hay”, cuando las empresas oligopólicas siguen embolsando ganancias extraordinarias.
El Presidente ha afirmado varias veces que con el crecimiento tenemos que beneficiarnos todos, pero los grandes empresarios se resisten a reconocer la nueva situación instalada en el país desde hace dos años e insisten en defender como principios inamovibles (en algunos casos se animan a hablar de “ciencia económica”) los espacios ganados durante la ofensiva neoliberal de los ’90.
Inflación. La teoría económica neoliberal confunde intencionalmente inflación con suba de precios. Para explicar la suba de los índices de precios de estos primeros meses del año, sus voceros recurren a un arsenal de falsos argumentos, cuando en realidad los verdaderos motivos hay que buscarlos en la existencia de un mercado oligopolizado en los rubros más dinámicos de la economía, en las permanentes presiones de las transnacionales para subir las tarifas y en los intentos de las grandes empresas para acomodar los precios internos a los incrementos en el mercado internacional de commodities, independientemente de los bajos costos internos.
En ese marco se dio la pulseada por el aumento de las naftas, en la que el Gobierno jugó fuerte con el resultado conocido. Después vinieron los acuerdos, a los que a regañadientes se avienen las “empresas formadoras de precios”, una forma de llamar a los monopolios que a través de la producción y/o de la comercialización fuertemente concentrada retienen altos márgenes de ganancias que no quieren resignar. También aquí sus voceros neoliberales buscan argumentos “científicos” para defender estas utilidades extraordinarias. Ponen el acento en la necesidad de restringir la oferta monetaria, de disminuir el gasto público y, por sobre todas las cosas, de frenar los ímpetus de los trabajadores en sus reclamos salariales. El FMI aprovecha y vuelve a poner sobre la mesa sus clásicas recetas proponiendo nuevos ajustes.
Una forma sencilla de visualizar la inflación es destacar a qué punto el público desprecia la moneda; los argentinos recuerdan bien cuando durante las pasadas híper la gente cobraba y en seguida gastaba lo recibido; los precios aumentaban y el circuito infernal se multiplicaba. En estos casos la velocidad de rotación de la moneda se hace infinita y la retención de moneda en poder del público se hace nula. Los depósitos en cajas de ahorro y en plazos fijos alcanzan hoy al 14 y 24 por ciento del PBI, mientras que los créditos al consumo se ofrecen en planes de 6, 12 y hasta 18 meses sin interés, lo que muestra la confianza en la moneda nacional. Si ello es así, ¿por qué hacer una política monetaria restrictiva?, ¿por qué elevar la tasa de interés?
Los acuerdos transitorios con las “formadoras de precios” son sólo eso: “caminos transitorios” de dudoso resultado en el mediano plazo. Las cifras reales de la economía demuestran que lo que se necesita es una fuerte presencia de regulación estatal para orientar el crédito hacia la inversión productiva, sin disminuir el gasto público y posibilitar y alentar a que crezca el consumo, impulsando la recuperación del poder adquisitivo de los salarios; también se deben precisar el equilibrio entre el indispensable desarrollo de las exportaciones y la atención del mercado interno asegurando la oferta a precios accesibles.

* Movimiento Barrios de Pie.