La Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción estableció que las declaraciones juradas del Poder Judicial permanecen “prácticamente secretas”. Sus integrantes hicieron una solicitud voluntaria a 136 jueces de cámara, pero sólo 8 enviaron su declaración de bienes. En el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados persiste en su negativa de hacerlas públicas, aunque 138 de los 257 diputados la enviaron al Cippec, una ONG especializada en la función pública, mientras que en el Senado sí fueron dadas a conocer. En el Poder Ejecutivo, las declaraciones son públicas, pero la Oficina Anticorrupción, que las recibe, debería tener “más recursos para evaluarlas a fin de establecer posibles casos de enriquecimiento ilícito y de conflictos de intereses”. Esto surge del tercer informe de la Comisión, al que Página/12 tuvo acceso exclusivo.
En el informe también hubo críticas para el funcionamiento de los entes de control de las empresas privatizadas de servicios públicos (ENRE, Etoss y Enargas), cuyos funcionarios no son nombrados por concurso sino por el Poder Ejecutivo y cuyas audiencias públicas resultan “insatisfactorias” por falta de debate, de producción de pruebas y de información hacia las asociaciones de usuarios.
En 1996 se firmó en Venezuela la Convención Interamericana contra la Corrupción (CIC), sancionada a propuesta de la OEA y ratificada por Argentina. Un comité de expertos evalúa si los países cumplen las normativas establecidas por la CIC: desde la necesidad de presentación de declaraciones patrimoniales hasta la regulación de los conflictos de intereses, desde limitar el secreto bancario hasta transparentar las compras del Estado. En Argentina, la Comisión de Seguimiento existe desde 2002 y actualmente está coordinada por el abogado Angel Bruno.
¿Cómo está Argentina evaluada por la CIC?, le preguntó Página/12 a Bruno. “Falta muchísimo para que se aplique bien la Convención, pero estamos en proceso. Sería triste que quede en letra muerta.” Bruno aseguró que en la OA hay “voluntad”, pero “no tiene suficientes recursos ni suficiente apoyo político”.
–Más allá de la CIC, ¿Argentina está mejor o peor en cuanto a la corrupción?
–Si de mecanismos de prevención se trata, estamos lentamente mejor, mucho mejor que hace cinco años. En cuanto a la corrupción en sí misma, no me animo a decir que estemos mejor. Me parece que hay una cultura de corrupción que atraviesa todos los estamentos y es un problema de toda la sociedad. Hay corruptos en los poderes del Estado, pero también en las empresas, y hay pequeñas corruptelas en la gente común.
–Pero es más grave cuando un funcionario público se corrompe.
–Sin ninguna duda, no lo minimizo. Quiero decir que es difícil que surjan funcionarios no corruptos de una sociedad que tiene este problema cultural, que es más bien latinoamericano. Aunque la oferta a veces viene de los países centrales, aprovechando cierta debilidad institucional de la región.
–¿Por qué el Poder Judicial sigue reacio respecto de la publicidad de las declaraciones juradas?
–Argumentan que, dado el grado de inseguridad, hacerlo podría ser un incentivo para que pudieran presionarlos, o temen una arremetida de la AFIP. Sin embargo, es una garantía de transparencia saber cuánto tengo al entrar y cuánto al salir. En el Poder Ejecutivo esto se cumple casi en un cien por ciento. El problema que tiene la OA es que las tiene archivadas, no las puede monitorear: de más de 20 mil sólo revisaron 900. Si no las procesa no puede sacar conclusiones. Pero en el Poder Judicial es lamentable. La acordada de la Corte Suprema pone tantos requisitos que efectivamente es muy difícil acceder. Y en el Consejo de la Magistratura el proyecto que flexibilizaría esa acordada (de Marcela Rodríguez) aún no tiene consenso.
–¿Qué pasa en la Cámara de Diputados?
–Son reacios, dicen que sí, y aunque las presentan no están a disposición. En el Senado se mejoró muchísimo con la presidencia de (Chacho) Alvarez, pero con la etapa de (Daniel) Scioli sacaron una resolución que las pone a disposición.
–¿Argentina acató las recomendaciones del comité de expertos de la CIC?
–Un tema pendiente es extender los mecanismos de prevención a todo el país. Y el tema de la Ley de Acceso a la Información, cuyo proyecto el Senado modificó pero empeoró el original de Diputados.