Los ex ministros Domingo Cavallo, Oscar Camilión y Raúl Granillo Ocampo deberán responder ante la Justicia sobre el pago y cobro de sobresueldos durante la gestión de Carlos Menem. Los tres fueron citados por el juez Jorge Ballestero junto con el ex vicejefe de gabinete Rodolfo Aiello, quien está señalado como la persona que ejecutaba el reparto de los famosos “sobres”. Todos están imputados por el delito de malversación de caudales, que tiene una pena de dos a diez años de prisión.
Tal como anticipó Página/12, Ballestero concretó ayer un pedido que hizo en febrero el fiscal Paulo Starc, quien tiene a cargo la investigación que se inició cuando –en el juicio oral contra María Julia Alsogaray– el ex secretario privado de Granillo Ocampo, Roberto Martínez Medina, reveló que todos los meses retiraba de la jefatura de gabinete 50 mil pesos/dólares para su patrón.
Los acusados deberán presentarse ante el juez a partir del 17 de mayo: Cavallo, convocado para ese día, será el primero. El 18 tiene cita Camilión; el 19, Granillo Ocampo y el 20, Aiello.
El escándalo de los sobresueldos tuvo un nuevo impulso luego de que el sábado pasado María Julia aportara detalles sobre el tema en una carta de lectores enviada a La Nación. A grandes rasgos el mensaje repetía lo que había sido su estrategia de defensa en el juicio oral por enriquecimiento ilícito. Es decir, que todos los meses recibía un “plus salarial” que estaba amparado por una ley secreta. El tribunal que la condenó especificó que el uso de gastos reservados no era indiscriminado y que, obviamente, ese dinero no podía ser usado para engrosar la fortuna de los funcionarios. Pero lo novedoso de la carta era la mención específica de varios ex compañeros de gabinete (Cavallo, Eduardo Bauzá y el mismo Menem) y el reproche hacia ellos por no reconocer la existencia de los sobresueldos.
Cavallo, según el testimonio de la ex polifuncionaria, dijo en una reunión de gabinete que la plata que llegaba todos los meses en los sobres tenía que ser declarada ante la AFIP. “Nadie levantó la mano” para pedir explicaciones, señaló María Julia. Dentro de 17 días, Cavallo tendrá que aclararlo ante el juez.
Camilión, por su parte, ya reconoció que recibía sobresueldos. Usó la misma estrategia que la ex secretaria de Recursos Naturales. Complicado en la causa por el contrabando de armas con la aparición de una cuenta secreta en Suiza, el ex ministro de Defensa sacó de la galera los 30 mil pesos/dólares mensuales que –admitió– cobró durante los casi tres años de su gestión y nunca declaró ante la AFIP. “Lo cobré mensualmente durante toda mi gestión, no existía recibo alguno y era en efectivo”, repitió ante este diario.
Granillo Ocampo –que está procesado por enriquecimiento ilícito en otra causa– y Aiello quedaron involucrados en la causa por Martínez Medina. Este último fue citado por el tribunal oral que juzgó a María Julia y negó haber repartido los sobres de los fondos reservados. Pero su testimonio fue caótico y contradictorio y además, fue rebatido por su secretaria. Dora Di Pasquo admitió que ella concertaba las citas con los secretarios de varios funcionarios, entre ellos, Granillo Ocampo, Alberto Mazza y Claudia Bello. Martínez Medina había asegurado que cuando pasaba a cobrar la plata para su jefe, en el noveno piso de la jefatura de gabinete, solía cruzarse con otros secretarios. Entre ellos nombró al de Bello, Víctor Alderete, María Julia y el de Mazza, que era el hijo del ministro.
Esto demuestra que la práctica era sistemática y generalizada en el gobierno de Carlos Menem y por eso la investigación llegaría hasta el ex presidente, que, como bien señaló María Julia en su carta, mantuvo hasta ahora una actitud “titubeante” sobre este tema. “La ingeniera debe estar confundida”, fue la frase que usó el jueves Menem para tomar distancia de su ex funcionaria preferida. Poco después del juicio contra María Julia, el diario chileno El Mercurio publicó un reportaje en el que el riojano admitía que miembros de su gabinete “recibían una especie de sobresueldo”. Ante el juez Julio Speroni dijo que el uso de los fondos reservados dependía de la “ética” y “el libre albedrío” de los ministros. La Oficina Anticorrupción y el abogado Ricardo Monner Sans ya reclamaron su citación.