El presidente George W. Bush, el jueves en rueda de prensa, anunció un plan a mediano y largo plazo para crear nuevas fuentes de energía a fin de reducir el consumo de petróleo, aunque, a simple vista, el proyecto parecía destinado más que a una previsión de futuro a calmar los bolsillos de los norteamericanos acosados por el aumento de la gasolina, cuyo consumo anual en ese país aumentó en 40 por ciento en el último año, justo cuando el barril de crudo alzó el precio a niveles inéditos. El inquilino de la Casa Blanca olvidó acotar que la mayor presión inflacionaria surge del desmesurado costo de los gastos militares, en primer lugar para la invasión de Irak, uno de los mayores productores de petróleo del mundo. El otro anuncio presidencial fue una reforma de la seguridad social que, casas más casas menos, será igualita a la que realizó Carlos Menem en los años ’90 cuando privatizó el sistema de jubilaciones y pensiones. Sólo le faltó decir a Bush que largaba las “reformas estructurales” para la “modernización” norteamericana. Dijo, en cambio, que no se puede gobernar consultando a las encuestas pero eso no era un rasgo de sensatez sino la mera respuesta a los resultados desfavorables en los sondeos, porque la mayoría no quiere asociarse a futuras “AFJP”, pese a que el Presidente recorrió sesenta ciudades en sesenta días tratando de reclutar adherentes. Después de escuchar sus argumentos, quedó en el aire una conclusión obvia: para los complejos problemas contemporáneos, los conservadores tienen fórmulas únicas y repetidas, cuyas devastadoras conclusiones sociales sufren hoy millones de argentinos, entre muchos millones de personas que en la década pasada fueron penadas con los rigores del “pensamiento único” del llamado neoliberalismo. Para la derecha local que se quedó en los noventa y además clama por la incapacidad oficial para garantizar la seguridad ciudadana, el otro hijo de Bush, Jeb, gobernador de Florida, también esta semana hizo su aporte: desde ahora será legal que todo ciudadano de ese Estado, incluido Miami, porte armas y pueda usarlas en la calle ante asaltos, intrusión o amenazas. Igual que en el viejo y salvaje Far West.
Lo peor de esa clase de decisiones es que sus efectos duran más tiempo que los gobernantes que las imponen. Así anda Argentina, arrastrando todavía el lastre de aquellos rigores, sometida hoy en día con fuerza creciente a la presión social por una redistribución equitativa de los ingresos. No es para menos: “En 1997, el estrato bajo de la población percibía el 13,5 por ciento del ingreso total; a mediados de 2004 ese coeficiente había bajado al 12,2 por ciento. En los mismos períodos, la parcela del estrato alto pasó del 51,2 al 53,1 por ciento” (Datos de FIDE). El diputado Claudio Lozano, de la CTA, acota: “Lo expuesto se puede completar señalando que mientras el producto bruto interno (PBI) crece en términos anuales un 20 por ciento, las primeras 200 empresas expandieron utilidades un 170 por ciento y las primeras diez por encima del 400 por ciento. Este comportamiento, fundado en su diferencial poder de mercado, define el carácter desigual que asume el reparto de los ingresos en la Argentina y, explica por qué, al considerar el sector industrial entre el 2001 y hoy, la productividad de los trabajadores creció más de doce puntos y el margen bruto de explotación se expandió más del diez por ciento”. Dicho en criollo: si persiste este margen de injusticia social no hay país nuevo posible.
Esas macrodiferencias son las que hoy otorgan legitimidad a los reclamos por mayores salarios, que siguen burbujeando en el caldero nacional, aunque cada caso en particular pueda ser revisado de acuerdo con sus especificidades. Los decretos con aumentos salariales por una suma fija son un instrumento que ya usó el Gobierno para atenuar la ansiedad de los reclamos y nadie ha dicho que no pueda usarlos de nuevo. Los expertos, sin embargo, sobre todo en el sector laboral, coinciden en tres propuestas operativas:

1 Que aumente el empleo con el PBI, sobre todo en las mayores empresas porque hasta ahora fueron las pequeñas y medianas las que absorbieron mano de obra para atender la mayor demanda por sustitución de importaciones;

2 Que se formalice o “blanquee” el empleo, ya que ninguna política de ingresos, tampoco los decretos, puede ser efectiva con la mitad de los trabajadores “en negro”, y

3 Que funcionen con eficacia y pronto las comisiones paritarias, incluso en los ámbitos del Estado.
A la vez que maneja el carro de bomberos para apagar los fuegos laborales, el Gobierno debería emplear toda su capacidad de persuasión y los recursos que la ley le permite para que los empresarios, grandes, medianos y pequeños, hagan una contribución decisiva a fin de restablecer la equidad en la distribución de las riquezas nacionales. Esa transferencia desde los polos de la riqueza a los polos de la pobreza y la indigencia debería realizarse antes y después de los próximos comicios, pero de manera que se note y se palpe en los bolsillos flacos de millones de hogares. El sistema del goteo, o sea rescatar a mil pobres por día, 365 mil en un año, por decir una cifra, es una brisa ligera y fugaz en medio del infierno para un país con la mitad de la población en la pobreza. Hay que descargar un chaparrón tropical de bienestar para que se enfríe la temperatura social, en lugar de preocuparse tanto por usar los viejos y discutibles métodos para “enfriar” la economía. Por cierto, es poco probable que suceda este pronóstico, ya que hasta el momento el Gobierno prefiere la garúa. No hubo reforma fiscal, el rico y el pobre siguen pagando el mismo IVA, ni reforma del Estado y mucho menos reforma política.
Una prueba de esa tarea postergada, la reforma política, fue el acto de lanzamiento del peronismo porteño que, para los que miran por TV, fue transversal pero en el casi exclusivo ámbito del Estado. Desde la primera dama y el jefe de Gabinete, hubo ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales, gobernadores y otras categorías de funcionarios, más los aplaudidores regimentados de la UPCN, clásicos en los actos de Menem, Duhalde y para qué seguir contando, y algunos grupos de ciudadanos. Por tradición, el distrito metropolitano ha sido hostil al peronismo, con alguna excepción que confirma la regla, en particular a una cierta liturgia y a algunas desgastadas figuras.
Los organizadores del lanzamiento hicieron caso omiso de la historia y exhibieron todo lo que irrita a buena parte del electorado capitalino o, a lo mejor, lo hicieron porque tienen una lectura optimista del pasado reciente en relación con la magia K, representada en este caso por alguien que con derecho propio actúa y habla como el alter ego presidencial. Dado que en la última elección de autoridades porteñas la capacidad de arrastre de Kirchner, y los resquemores que provoca Mauricio Macri, le facilitaron la reelección a Aníbal Ibarra, quien se proponía, hasta la tragedia de República Cromañón, como la punta de lanza de la transversalidad, tal vez la nueva conducción ministerial del PJ piensa que tiene el terreno abonado. Más sencillo aún: ¿si Menem pudo, cómo no podrá K? Por lo pronto, quizá sería sensato que esa cúpula reflexione sobre las causas profundas por las que Ibarra no pudo estar en el mitin de Obras Sanitarias, ya que lo que sería hoy una ventaja circunstancial para no hacerse cargo de su debilidad, si persiste mañana como inconveniente, no hará más que incentivar la hostilidad tradicional, ya que en campaña la administración de Ibarra estará sobre la mesa. Disimular o ignorar los hechos no es un buen método cuando los ciudadanos están en condiciones de ejercer sus derechos, entre ellos a elegir, en democracia. Más de uno que se lanzó apurado hacia delante terminó derrapando en la banquina.