Reunido con la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), respondiendo a una pregunta del auditorio, Roberto Lavagna anunció que el Plan Jefas y Jefes de Hogar (JJDH) tenderá a desaparecer, reemplazado por el seguro de desempleo y por alguna variante del actual Plan Familias, concebido para mujeres cabeza de familia, esto es, con hijos a cargo. Hasta ahora ningún funcionario de primer nivel le respondió públicamente y mucho menos lo criticó.
En Economía se reconoce que el horizonte anunciado por el ministro es virtual. No hay fecha de implementación de esas medidas. La imprecisa enunciación, así y todo, habrá sonado como música a los oídos de un empresariado cuya sensibilidad social oscila levemente alrededor del cero. Los burgueses nacionales propugnan que la mesada de 150 pesos que perciben los JJDH interfiere en el mercado de trabajo, motivando a algunos trabajadores a no conchabarse, para mantener su subsidio. Este punto de vista filoesclavista no es monopolio empresarial, algunos representantes del pueblo piensan parecido. Los gobernadores de Mendoza (Jorge Cobos) y de Tucumán (José Alperovich) refunfuñan audiblemente ante orejas del gobierno. La zafra y la vendimia se dificultan, arguyen, porque hay mendocinos y tucumanos que no se comiden a laburar, apoltronados en sus ingresos fijos, que les garantizan una renta de 5 pesos diarios.
La sola hipótesis de que un ingreso de 150 pesos entorpece la oferta de un mercado de trabajo en expansión, linda con el insulto. Los empresarios (y los representantes del pueblo aún más) deberían admitir, sencillamente, que deben levantar la puntería en vez de seguir medrando con la necesidad de los trabajadores.
El JJDH se promovió como un ingreso universal. Dos gobiernos incumplieron esa promesa (vale decir, burlaron la ley) cerrando el padrón por motivos presupuestarios. Tras algunas variaciones, se congeló una situación en la que siguen percibiéndolo algo más de 1.500.000 personas.
Funcionarios de las áreas sociales del Gobierno ponderan, a ojo de buen cubero, que ese colectivo se puede dividir en tercios, bien diferenciables:
a) Trabajadores “empleables”, con competencias y experiencia laboral previa que podrían reinsertarse en el mercado de trabajo. Para ellos se imagina el seguro de desempleo, que combina información, orientación y capacitación laboral. Sería temporario y el desocupado estaría obligado a tomar un trabajo, si el Estado se lo procura. Como relató Página/12 hace unos meses, Trabajo redactó un proyecto de ley fijando el haber mensual en 300 pesos y la duración del subsidio en un año, eventualmente prorrogable a 18 meses. Ese régimen sería el que maquina Lavagna, quien no dio precisiones sobre importes o términos de duración ni a los empresarios ni a los periodistas que lo sondearon sobre el particular.
b) Mujeres cabezas de familia que se inscribieron (como estrategia de supervivencia) en el JJDH pese a no ser desocupadas, pues no estaban buscando trabajo en 2001.
c) Trabajadores (muy mayoritariamente hombres) desocupados y muy difícilmente empleables por falta de destreza y experiencia.
Para los dos últimos sectores, la idea del Gobierno venía siendo seguir garantizando un ingreso mínimo. El Plan Familias va creciendo respecto de las mujeres y el JJDH se ceñiría al tercero.
Ese planteo, muy inferior ética y cualitativamente al reconocimiento de una asignación universal por hijo, era de todas maneras superador de la zona gris en que ha quedado el JJDH. La moción de Lavagna es, en cambio, un retroceso. A decir verdad, tanto Lavagna como el presidente Néstor Kirchner como el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, menoscaban como herramienta política el ingreso ciudadano, algo en lo que quizá incida que es una bandera de varias fuerzas opositoras: la CTA, el ARI, organizaciones piqueteras no oficialistas. Otros funcionarios piensan distinto pero la falta de debate interno dentro del oficialismo impide que el tema se discuta a fondo.
Energía positiva
Los popes de AEA también despacharon quejas respecto de lo que es, y lo que puede ser, el suministro de energía en 2005 y 2006. Muchos le hicieron saber a Lavagna que habían padecido cortes de energía durante este mes. Y también que no se animan a programar inversiones en un marco de incertidumbre futura.
Lavagna escucha con deferencia esos reclamos. Piensa que el déficit energético es un riesgo cierto, un “cuello de botella” que en cualquier momento puede estrangularse. Según su prognosis, la dotación energética “funciona para una situación promedio” pero corre riesgo de resultar insuficiente si algo sale mal. “Si llueve poco, si hace mucho frío, si se cae Atucha por algunos días.”
El ministro quiso tranquilizar a los empresarios asegurándoles que el Presidente se está ocupando personalmente del tema, subrayando que “cuando Kirchner las toma en sus manos, las cosas salen bien”. Un modo florentino de dejar constancia de lo que opina respecto de las manos de Julio De Vido, responsable último de la provisión de energía.
El reclamo del empresariado nativo se conjuga con otros que vienen del Norte y que ameritan un parrafito aparte.
Parrafito aparte
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dejado de poner la reapertura del canje como requisito para reanudar las negociaciones con Argentina. Lavagna consiguió acordar eso con el titular del FMI, Rodrigo Rato, en su reciente viaje a Washington. En esa ocasión, el ministro rehusó discutir cualquier otro tópico, hasta tanto se saldara ese debate previo. Ese tiempo ha llegado y el FMI vuelve a la carga con uno de sus clásicos, pedido de aumento de las tarifas de las privatizadas de servicios públicos. Los negociadores argentinos dicen estar dialogando de buen grado con los del FMI. En esta semana hubo variadas charlas técnicas y teleconferencias. Pero el FMI plantea como una bandera innegociable la suba de las tarifas.
La presión llega por otras vías. El embajador español Carmelo Angulo le hizo saber a un ministro que no es Lavagna que las empresas de su país, Telefónica en especial, están dispuestas a suspender (no a desistir) sus reclamos ante el Ciadi. Pero esa espera en los arbitrajes ante el tribunal del Banco Mundial no es un gesto gracioso. Se oferta a cambio del compromiso de aumentar las tarifas.
El pressing de las concesionarias algo tendrá que ver con la falta de sanción de la ley marco, regulatoria de la relación con las privatizadas. Se trata de una norma bastante avanzada que se concibió en base a un proyecto de especialistas de Flacso, comedidos al efecto por De Vido. La terminó de redactar el secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, sin desvirtuar su esencia. El proyecto remolonea hace laaaaargos meses en el Congreso, algo que no suele suceder con las iniciativas que urge el Ejecutivo, lo que hace suponer que no la urge. Así, al menos, alegan sottovoce los legisladores justicialistas.
Pese a las presiones y descontando que Kirchner no habilitará aumentos de tarifas domiciliarias, los negociadores argentinos (sin derrochar optimismo) piensan que es posible que en mayo haya un gesto “de cordialidad” del FMI descongelando las tratativas. El 10 de mayo parte una nueva misión a Washington, su aspiración es que el FMI (a cuenta de una negociación más vasta) se avenga a postergar pagos inminentes (los que comienzan a fin del mismo mayo) por alrededor de 1900 millones de dólares.Y a que medie para desbloquear 500 millones que el BM tiene en gateras para prestar a la Argentina.
Pero volvamos al núcleo a...
...la burguesía nacional
La corporación empresaria también se lamentó por la “desnacionalización de la economía” una forma elegante de denominar al tradicional ausentismo del sector, corporizado en los herederos de Pérez Companc y en Amenemita Lacroze de Fortabat.
Ya que estaban, cuestionaron el proyecto de ley que reforma el régimen de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, alegando que eleva en exceso sus costos. La norma aún vigente, que logró niveles tremendos de desprotección y siniestralidad, no los preocupó tanto.
El Gobierno fantasea con el advenimiento de una burguesía nacional. Cabe reconocer que es difícil imaginar el capitalismo en un país emergente sin ese componente. Pero vale añadir que la burguesía nacional, un tópico del imaginario de la segunda mitad del siglo XX, se concebía en un contexto de pleno empleo, en yunta con un proletariado ascendente. El mapa social de hoy, que el empresariado defiende con uñas y dientes, se conforma con un altísimo sector de desocupados o de trabajadores precarios mal pagos o todo eso junto. Un vastísimo ejército de reserva que estaría algo más protegido si, por caso, se implementara un ingreso universal.
Una burguesía nacional presuponía, conceptualmente, un vasto mercado nacional que abastecer. Hoy, como señaló recientemente el titular del INTI Enrique Martínez, “los llamados excluidos son enteramente excluidos. No existen para el mercado ni siquiera como consumidores futuros”. La idea de dinamizar el mercado interno vía inyección al consumo (un valor agregado del ingreso ciudadano) no interesa a los burgueses nacionales, preocupados por cualquier cosa que dificulte la paga de salarios africanos.
Entre tanto, la famosa torta crece pero la proporción en que se reparte cambió poco o nada.