EL PAíS
› LA CAMARA LIBERO A CHABAN,
AUNQUE SIGUE PRESO HASTA QUE PAGUE LA FIANZA
El día en que revivió la conmoción
En un fallo dividido, la Cámara del Crimen excarceló al dueño de Cromañón argumentando que no hay peligro de que se escape. Y le fijó 500 mil pesos de caución. Hubo estupor en los familiares de las víctimas, que rechazaron el fallo en Tribunales. Incidentes con la policía.
› Por Carlos Rodríguez
Como graficó uno de los abogados querellantes, el fallo judicial que posibilita la excarcelación del empresario Omar Chabán –seguirá preso el fin de semana porque no pudo reunir la fianza de 500 mil pesos que fijaron los jueces– generó una reacción en masa equivalente a “prender fuego nuevamente a República Cromañón”. Dos de los tres miembros de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvieron ayer dejarlo en libertad –aunque sigue acusado por “homicidio con dolo eventual” por las 193 muertes ocurridas en el siniestro–, por entender que no hay riesgo de fuga del imputado ni de entorpecer la investigación. Los camaristas María Laura Garrigós de Rébori y Gustavo Bruzzone sostuvieron que frente a la ausencia de tales riesgos, la prisión preventiva “se torna infundada y por lo tanto inconstitucional”. Antes de decidir, los jueces escucharon a Chabán, quien lloró y dijo que había pensado en suicidarse. La decisión judicial será apelada ante Casación por la Fiscalía General de Cámara del Crimen. Ayer, al conocer la noticia, los familiares de las víctimas marcharon a los Tribunales y a la Plaza de Mayo y se enfrentaron con la Guardia de Infantería. Hubo golpes, insultos, dos policías heridos y un manifestante detenido (ver páginas 4 y 5).
Los jueces de la mayoría, en lo que podría definirse como un llamado a la reflexión a la sociedad, resaltaron que el proceso está en “una etapa preparatoria” del juicio donde se dictará la sentencia. “Queda claro –puntualizaron– que excarcelación nunca puede ser sinónimo de absolución”, porque eso sólo puede decidirse al cierre del debate oral y público. “Esta aclaración no es ociosa, porque con un alto grado de irresponsabilidad en algunos casos (especialmente por el amarillismo periodístico) o por desconocimiento en otros, se suele equiparar excarcelación con absolución, invirtiendo el principio constitucional y republicano de presunción de inocencia, constituyendo un grave error procesal.”
Los abogados que representan a los familiares de las víctimas criticaron con dureza el fallo. Javier Miglino consideró que el fallo “garantiza la impunidad” y definió así su estado de ánimo: “Es la primera vez en la vida que siento ganas de llorar por la injusticia”. Miglino dijo que “dejar en libertad a Chabán es como prender fuego nuevamente a República Cromañón”. José Iglesias, abogado y padre de una de las víctimas, explicó que le preocupa que Chabán “no llegue a juicio oral, que desaparezca”. En una conferencia de prensa posterior (ver página 5), Iglesias anticipó que presentarán un recurso de “per saltum” para que intervenga la Corte Suprema de Justicia, salvando instancias intermedias, porque lo ocurrido tiene “alta gravedad institucional”.
El abogado Fernando Soto dijo a Página/12 que lo sucedido demuestra que “las personas poderosas (en alusión a Chabán) tienen más derechos que los demás”, porque “el 75 por ciento de los presos bonaerenses está en la misma condición que él, procesado sin sentencia, pero los jueces no aplican el mismo criterio de darles la excarcelación”. Soto recordó que los querellantes carecen de facultad para apelar una excarcelación y que el caso amerita “elevar un planteo sobre la inconstitucionalidad de esta inhibición en una instancia clave para el desarrollo futuro del proceso”. Patricio Poplavsky, otro de los querellantes, dijo estar “consternado” por el fallo y aseguró que la situación “denota la inseguridad jurídica que tenemos, porque el principal imputado queda libre, a pesar de que tenemos 193 víctimas fatales”.
El fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Joaquín Oscar Gaset, anticipó que apelará la decisión de darle a Chabán el beneficio de la excarcelación. “Los mismos camaristas son los que deben aceptar, o no, el recurso que voy a presentar, y si lo rechazan, debo presentarme en queja ante la Cámara de Casación”, explicó Gaset a este diario. El fiscal general aclaró que todavía no recibió el texto completo del fallo y adelantó que hay “algunas trabas procesales que determinan queno existan demasiadas expectativas sobre este recurso” porque “la instancia de Casación sólo revisa fallos con condena definitiva”. De todas maneras, queda la alternativa de “seguir apelando” hasta lograr la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
Otra vuelta de tuerca sobre el fallo fue introducido por el hoy diputado justicialista Jorge Casanovas, quien forma parte del Consejo de la Magistratura. El legislador resolvió promover el juicio político de los camaristas Garrigó de Rébori y Bruzzone por supuesto “mal desempeño” de sus funciones. Casanovas justificó el pedido afirmando que “sus conductas han provocado un escándalo social y han menoscabado el prestigio del Poder Judicial ante la sociedad”. Como camarista de la Justicia bonaerense, Casanovas apoyó la ley del dos por uno, que facilitaba la excarcelación de presos sin condena firme. Luego dio un giro de 180 grados y como ministro de Justicia del gobierno de Carlos Ruckauf encabezó una campaña contra el beneficio del dos por uno, hasta lograr su derogación.
Una vez conocido el fallo que dispone la excarcelación de Chabán, el abogado Albino Stefanuolo, defensor del detenido Raúl Villarreal, jefe de Seguridad de Cromañón, pidió el mismo beneficio para su representado. Tal como ocurrió en su momento con la presentación de Chabán, el juez Julio Lucini rechazó la excarcelación (ver aparte).
El empresario Omar Chabán conoció el fallo sobre su excarcelación en el Palacio de Tribunales, pero como no contaba con la suma de 500 mil pesos fijada como fianza fue llevado nuevamente a la prisión federal de Marcos Paz, donde seguirá preso, al menos por todo el fin de semana. El abogado José Iglesias presentó ayer un recurso ante la Sala V para que se eleve a cinco millones de pesos el monto de la caución. El reclamo es, ante todo, un escollo tendiente a demorar la excarcelación efectiva de Chabán.
El abogado de Chabán, Pedro D’Attoli, aseguró que su defendido “lloró mucho” cuando habló ante los miembros de la Sala V, antes de que se conociera el fallo. Incluso les dijo que “había pensado en suicidarse”. D’Attoli anticipó que Chabán escribirá una carta a los familiares de las víctimas del siniestro. “Estuvo hablando con los camaristas, que quisieron conocerlo. El les manifestó su sentimiento de profundo dolor” por lo ocurrido. D’Attoli comentó que Chabán es “un intelectual que no piensa en fugarse, porque no sabe ni siquiera manejar, tiene mucho arraigo en la ciudad de Buenos Aires, y desea salir y volver a alguna de sus actividades, como el teatro, la poesía, la pintura y el cine”.
En el fallo de 11 carillas, al que accedió Página/12, los camaristas aclararon que la prisión preventiva “no es inconstitucional en sí misma”, pero “lo que es inconstitucional es una interpretación rígida de esa regla, al no admitir prueba en contrario”. En un párrafo que parece dirigido a los familiares de las víctimas, señalaron que la ley “es aplicable a todos los ciudadanos por igual y aun cuando en algunos casos pueda quedar la impresión de que esa igualdad aparece como injusta, nunca podemos caer en la tentación, por más grave que sea la imputación dirigida o el clamor social implicado en busca de venganza, renunciar a ella”.
Los jueces recordaron que, en caso de condena, Chabán deberá pasar al menos ocho años preso (la pena máxima es de 25 años), pero dejaron sentado que en ningún momento intentó darse a la fuga después de la tragedia. En ese sentido relataron que fue detenido el 31 de diciembre en un domicilio de Salta 638, cuando todavía no se había librado la orden de captura y que él de todos modos “concurrió a la comisaría 7ª luego de haberles abierto la puerta del lugar (a los policías) sin oponer reparos o resistencia”. El tercer camarista, Rodolfo Pociello Argerich, votó en disidencia con sus colegas, por entender que Chabán no se puso “a disposición de la autoridad” y que durante el incendio “numerosos testigos manifestaron haberlo visto retirarse del lugar, sin ni siquiera prestar colaboración con quienes se encontraban allí”. Por ello opinó que “resulta lógico concluir que si en ese momento (...) sin saber cuál podía ser su responsabilidad por lo que pasó, evitó ser ubicado en lo inmediato, en la actualidad y ante la imputación que sobre él pesa, la actitud no será distinta”.
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