Néstor Kirchner pidió a la Procuración General de la Nación que apele la excarcelación de Omar Chabán. Así lo anunció ayer el Gobierno al considerar que el empresario no es “merecedor” de la libertad condicional. “El fallo de la Justicia dice que Chabán se entregó en forma voluntaria, y eso no es así. Fue detenido 24 horas después por la policía tras un rastrillaje por varios lugares”, señaló el ministro del Interior Aníbal Fernández.
La decisión presidencial se conoció en una conferencia de prensa brindada por el propio Fernández y su tocayo de la jefatura de Gabinete, Alberto Fernández, en la que se cuestionó duramente a la Sala V de la Cámara del Crimen que benefició a Chabán. “Hubo un exceso de dogmatismo del tribunal interviniente. Esto mina la credibilidad judicial. Nosotros no podemos interferir, pero vamos a dar a conocer qué nos parece”, señaló el jefe de ministros.
Por la tarde, en la Casa Rosada se debatió arduamente los pasos a seguir. Néstor Kirchner, desde Río Gallegos, se comunicó en más de oportunidad con los dos Fernández y también con el procurador Esteban Righi.
El Gobierno remarcó la necesidad de “preservar” la independencia de los poderes. Y recordó su convicción de que las resoluciones judiciales, como la de la propia sala cuestionada, “deben ser acatadas por la sociedad”. Pero insistió que ante la repercusión del tema buscará una “nueva instancia revisora”. “Nosotros –dijo Alberto Fernández– queremos que el procurador Righi analice la posibilidad de recurrir el fallo para que una instancia superior lo revea.”
Hubo una pregunta puntual a Aníbal Fernández por una frase que había expresado a primera hora de la tarde. El ministro dijo: “Existe un Código Penal para los pobres y otro para los ricos”, no sólo en alusión al caso Chabán sino también al de María Julia Alsogaray. La expresión no hace más que consolidar una creencia generalizada sobre el accionar de la Justicia. Aunque con una salvedad. El Ejecutivo no es un mero observador. Tiene la potestad de impulsar una modificación de ese código elevando una ley al Congreso.
Fue entonces que el ministro del Interior aclaró. “Yo lo que dije es que los poderosos tenían un código especial. Y lo dije porque Chabán fue un prófugo de la Justicia y no hizo ninguna presentación espontánea como dice el fallo. A mí realmente esto me llamó poderosamente la atención. Lo que dice el escrito no es de ninguna manera lo que pasó. Esto ofende, agrede y lastima a las 193 víctimas de República Cromañón. Estos 193 muertos no son un combo”, remarcó Aníbal Fernández.
El jefe de la cartera política negó que haya existido una orden de reprimir en Tribunales. Y aseguró que monitoreó personalmente lo sucedido desde su despacho y que instruyó la realización de un sumario interno para que, en caso de haberse producido algún tipo de “exceso”, se avance con las sanciones correspondientes. Paso seguido informó que, como todos los lunes, seguirán las conversaciones entre el Gobierno y los familiares de las víctimas de República Cromañón.
Al cierre de la conferencia, Alberto Fernández reclamó “fallos llenos de justicia”, amén del caso específico de República Cromañón. “Insisto –dijo el jefe de Gabinete–, pedimos fallos llenos de justicia. Y en esto apelo a un académico italiano: cuando el derecho no es justo, no es derecho, es torcido.”