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Habían pasado minutos de las once de la mañana del domingo. En una piecita de la unidad penal de Marcos Paz, Pedro D’Attoli se sentó a esperar a Omar Chabán. Llegó para convencerlo de seguir detenido para frenar el “caos y la virulencia en la sociedad”. Estaba dispuesto a abandonar la defensa si Chabán decidía poner los 500 mil pesos fijados por la Sala V de la Cámara del Crimen como fianza para dejarlo en libertad. Cuando lo vio, Chabán lo saludó con un abrazo. Lloró. “Me ratificó su confianza y aceptó no pagar la caución”, dijo D’Attoli a este diario. El gesto fue fuerte, pero no convenció a los familiares de Cromañón: no están dispuestos a que la decisión quede en manos de Chabán. Hoy harán un “bocinazo” de repudio a las 12.30, cuando presenten un pedido extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para pedir la suspensión de la medida. En tanto, el fiscal general ante la Cámara del Crimen avanzará en el mismo sentido: evalúa presentar un recurso de Casación contra la salida de Chabán, aunque considera que es una medida difícil de revertir jurídicamente.
Aparentemente Chabán comenzó a tomar su decisión un día antes. A las siete de la tarde habló durante una hora por teléfono, una de sus costumbres cotidianas. Esa misma noche, Angélica y Fátima Chabán –madre y hermana– consideraban que la excarcelación era una “medida justa”, pero estaban preocupadas por su “integridad física” fuera de la cárcel. Y así lo escribieron en una carta: “Consideramos que la excarcelación es una medida justa, ya que los demás imputados gozan de libertad”. Aseguraron que “hasta que no se pruebe lo contrario” Chabán “es inocente” y recordaron, en pocas líneas, que “no nos hace bien como sociedad alimentar odios y resentimientos”. Y admitieron, “estamos francamente preocupadas por la integridad física de Omar Chabán tanto dentro como fuera de la cárcel y consideramos que es responsabilidad del Estado velar por su seguridad” (ver aparte).
Con ese mismo estado de preocupación, llegó ayer D’Attoli a Marcos Paz. “El viernes no pude dormir después de ver el caos y la virulencia en la ciudad”, explicó. Ese día, dos de los tres camaristas de la Sala V de la Cámara Penal y Correccional de Capital revocaron la prisión preventiva de Chabán, procesado por homicidio simple de 193 personas con concurrencia ideal de delitos. La decisión de los camaristas, fundamentada en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina, considera el “encierro” como una “medida excepcional” y, por recomendación, “restrictiva”. Sólo aconsejable en casos donde exista peligro de “fuga” del procesado o que su libertad implique un entorpecimiento para la causa. Como consideraron que la libertad de Chabán no vulneraba ninguna de esas instancias, revocaron la detención con un pedido de caución de 500 mil pesos. Esa decisión desató la marea de protestas entre los familiares de las víctimas de Cromañón. Y una polémica sobre las garantías individuales en la que Chabán hasta terminó comparado con María Julia o los dictadores del último régimen (ver aparte).
A Chabán no lo dejaron siquiera leer los diarios o escuchar las radios. Aun así ayer estaba angustiado y con algunas líneas de fiebre. “Está en un horno del horror: dice que se encuentra a la muerte dando vueltas”, explica ahora su abogado. Sigue pintando, lee poesía. En el encuentro de dos horas con su abogado acordaron que no depositará la caución y que no saldrá en libertad hasta “que termine el período de apelaciones y la Corte o la Cámara de Casación Penal confirmen o rectifiquen su salida”, indicó D’Attoli refiriéndose a un “compromiso ético y moral”.
Antes de abandonar el penal, recogió un mensaje de su defendido: “Me pidió que les diga a todos que él no es el enemigo público número uno: que nunca emitió cheques sin fondo y que promovió a muchos jóvenes del rock”. En esa pequeña lista de recados, Chabán incluyó un recuerdo de la crisis de 2001 cuando Cemento abrió sus puertas para las ollas populares de los vecinos. Nada de esto, sin embargo, modificó la posición de los familiares. Desde el viernes se mantienen prácticamente en estado de alerta y movilización. Promueven un bocinazo y cacerolazo para las 12.30 de hoy para “repudiar el fallo”, le dijo a este diario Ricardo Righi, uno de los padres. A esa misma hora, José Iglesias efectuará una presentación formal en la mesa de entradas de la CSJN. Abogado y padre de otra de las víctimas, Iglesias se presentará “en representación de los querellantes en la causa para pedir un “per saltum”, explica. “Es decir, una intervención extraordinaria de la Corte tal como sucedió con el caso conocido como Operación Langostino.” En aquel momento, una decisión de los supremos suspendió la libertad para ocho detenidos dispuesta por un juez. Le ordenó a la Cámara en lo Penal Económico la revisión del fallo que finalmente dio marcha atrás. Los familiares suponen que la causa Cromañón puede seguir el mismo camino.
Anoche se reunieron para preparar los argumentos “del pronunciamiento de la Cámara”. Centralmente se trata de dos puntos. Aceptan que la libertad de Chabán no “entorpecerá la investigación”, pero disienten con la consideración sobre una eventual fuga y la evaluación psíquica del tribunal. Creen que Chabán no es psíquicamente confiable y suponen que cuando quede libre se fugará como lo hizo después de la tragedia. Sobre ese punto, la Cámara sentó una posición sólida, argumentada y diferente: en la última resolución quedó claro que el “31 de diciembre, alrededor de las 18 horas” la policía encontró a Chabán en uno de sus domicilios de la calle Salta con dentífrico, poco dinero y sin los documentos o el pasaporte necesarios como para intentar una fuga. Dijeron que hasta ese momento nadie había dictado una orden de captura, sólo había un “pedido de individualización”. Los argumentos exacerbaron a Iglesias: “Recordemos el momento: Chabán en lugar de presentarse o mandar a un abogado, decidió esconderse”.
A la Corte le quedará ahora la tarea de evaluarlo. Por el momento, el fiscal general ante la Sala V es el encargado de apelar o no la decisión de los jueces. Se trata del fiscal Joaquín Gaset, que hasta anoche no había sido notificado oficialmente del fallo. Aunque Gaset evalúa presentar un recurso ante Casación, aún no sabe si el pedido prosperará. Fuentes cercanas a la fiscalía explicaron a Página/12 que la presentación deberá saltar un “escollo jurídico” porque “los recursos de casación se presentan cuando existe sentencia firme o una situación equiparable”.
La Procuración General a cargo de Esteban Righi será la otra puerta del caso Cromañón. Alberto Fernández envió una nota el viernes a la noche solicitando a la Procuración, por indicación del Presidente, apelar la decisión de la Cámara. Fuentes de Gobierno aseguraron a este diario que “es lo único que podemos hacer”.
Otro de los detenidos, en tanto, sumará hoy un nuevo pedido de apelaciones pendientes. Se trata de Raúl Villarreal, ex encargado de Cromañón, procesado y detenido. Su abogado, Albino Stefanolo, ayer adelantó que les presentará a los autores del fallo de la excarcelación un pedido para beneficiar a su defendido.