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Las presiones del Fondo Monetario Internacional y los 2000 millones de dólares de vencimientos de deuda doméstica que se producirán en agosto no preocupan al Gobierno. La existencia de una fecha límite para conseguir un acuerdo de refinanciación con el FMI está descartada. Para el equipo económico, el rojo del programa financiero, próximo a los 4000 millones de dólares, no representa una señal de alarma. Y si no hay alarma, tampoco hay apuro, mucho menos antes de las elecciones de octubre.
Cuando el pasado viernes en Miami el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, expresó que Argentina podría regresar a los mercados internacionales de crédito antes de lo previsto, no estaba diciendo taxativamente que la solución para cubrir los baches del programa financiero de 2005 era la colocación de deuda en el exterior. Tampoco fue una bravuconada. Nielsen envió una fuerte señal al FMI. En concreto sus afirmaciones intentaron restarle dramatismo a la urgencia por los vencimientos que se producirán entre mayo y diciembre, pues el Gobierno tiene cómo afrontarlos, aunque el costo sea alto.
Una primera aproximación a las cifras del programa financiero muestra que el consistente superávit primario no podrá evitar un rojo de alrededor de 3900 millones de dólares que surge de la diferencia entre los vencimientos que se producirán entre mayo y diciembre, que son de cerca de 12.700 millones y las fuentes para financiarlos, unos 8800 millones, siempre en moneda dura. Del desglose de ambos rubros surgen, entre los vencimientos, 6000 millones con los organismos financieros –3833 al FMI, 1197 al Banco Mundial y 970 al BID–, 5359 millones de deuda doméstica (Boden, Préstamos garantizados y Bogar) y 1325 millones de la nueva deuda emergente del canje. Entre las fuentes se destacan fondos acumulados por unos 3100 millones, superávit primario por 4250, pagos de las provincias por 800 millones y adelantos transitorios del Banco Central por 650 millones.
Al observar la estructura de los vencimientos mes a mes, otros dos datos se vuelven evidentes. El primero es que en agosto deben pagarse 2100 millones de dólares de la deuda doméstica. El segundo es que los pagos de intereses atrasados por la deuda emergente del canje se producirán dentro de los próximos 30 días.
¿Cuál es la relación entre estos dos hechos? Desde la ortodoxia se agita el primer dato para poner en primer plano la necesidad de llegar a un acuerdo con el FMI lo más rápido posible, única manera de evitar las consecuencias de un default con el organismo luego del esfuerzo realizado en el canje con los privados. A ello suman la altísima tasa que habría pagado el Gobierno por los alrededor de 350 millones de dólares tomados en el mercado interno. En esta lógica no habría otra salida para evitar males mayores que allanarse rápidamente a las ya conocidas exigencias del Fondo; superávit, tarifas y holdouts.
En el Ministerio de Economía, en cambio, prefieren concentrarse en el segundo dato. Superada la traba del poder judicial de Nueva York seguirá la formalización del canje y, junto con la inminente emisión de los nuevos papeles deberá efectivizarse el pago de 1000 millones de dólares por intereses atrasados. La previsión que hacen en el equipo económico está en línea con la del mercado financiero local: buena parte del pago de intereses volverá al mercado de bonos reforzando las cotizaciones y generando un pequeño shock de confianza. Precios más altos de los bonos significarán también tasas de retorno implícitas más bajas que las actuales. La importancia de este punto responde a que, según interpretó un financista consultado por este diario, la tasa de la reciente colocación de deuda doméstica, 6,51 por ciento más la inflación medida por CER, “calcó” un promedio aproximado de los rendimientos de las distintas series de Boden. Este conjunto de elementos, más un mercado con alta liquidez, permiten prever que las futuras colocaciones podrían ser a tasas cada vez más bajas, como por otra parte resulta lógico en una economía que sale deldefault, crece y registra superávit primarios. Adicionalmente, como lo demostró la colocación de Boden 2012 a Venezuela, el Gobierno podría echar mano a nuevas e insospechadas fuentes de financiamiento. Una de las tantas opciones escuchadas es la posibilidad de colocar bonos sobre el abanico de fondos fiduciarios.
Nótese que hasta aquí no se hizo mención al uso de las reservas internacionales. Existe consenso entre los economistas de que recurrir a, por ejemplo, 2000 millones de dólares de la reservas no tendría mayor efecto sobre las variables macroeconómicas.
Volviendo a las elecciones, campo fértil para las especulaciones, no son pocos quienes recuerdan que Argentina arregló con el FMI en septiembre de 2003 luego de haber entrado en default administrativo con el organismo. Llegado este punto, las aguas se dividen nuevamente. Para algunos la opción sería no arreglar con el FMI y seguir pagando. El objetivo es claro: dejar los tragos amargos para después de octubre. El precio es alto. Significa continuar con el drenaje de divisas durante todos estos meses, un costo de casi 2000 millones de dólares si se cuenta desde mayo. Desde la lógica gubernamental, el objetivo lo vale: está en juego el plebiscito de la actual gestión.
Dando un paso más, en el ala política del Gobierno –claramente no en la económica– ronda una segunda opción. No arreglar y apretar. Ya que no habrá acuerdo, se entusiasman, lo mejor es no pagar durante los meses previos a las elecciones. Esta alternativa, interpretan, generaría no pocas sinergias electorales, pues el Gobierno podría afianzarse en la línea discursiva que mejor le sienta. La presión sobre el Fondo podría ser, además, efectiva. Si bien ya no existen vencimientos importantes que le hagan temer al Fondo un default argentino, como los 3000 millones de marzo de 2004, una posible cesación de pagos sería especialmente grave para el Banco Mundial y para el BID, las instituciones más expuestas a los pasivos locales. Y hasta donde se sabe, los países del G-7 más duros con la Argentina no tienen planes de recapitalizarlos.