El presidente Néstor Kirchner dispuso, a través de un decreto, la apertura de los archivos de la SIDE sobre la masacre de Avellaneda. Los documentos serán utilizados en el juicio oral que se sigue a ocho policías por las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Hasta ahora, la Justicia no se había ocupado de establecer cómo se planificó la represión de aquella marcha de desocupados. El operativo que dejó 33 heridos con balas de plomo y provocó que Eduardo Duhalde llamara a elecciones presidenciales anticipadas fue investigado así como si se hubiera tratado de un simple exceso policial. La apertura de los archivos era uno de los reclamos de los familiares de las víctimas, quienes buscan que la Justicia ascienda en la cadena de responsabilidades por encima de los policías. Tras conocer la novedad, el padre de Darío Santillán, Alberto, y la hermana de Maximiliano Kosteki, Vanina, reaccionaron entre la expectativa y la reserva. “Es un paso adelante, pero no quiero ponerme muy contento hasta saber qué documentos hay”, señaló Santillán.
Los archivos ya habían sido pedidos de manera formal a la SIDE por la Justicia. Cumpliendo con un reclamo de los abogados querellantes, en el verano, antes de que comenzara el juicio oral, el Tribunal Nº 7 de Lomas de Zamora envió a la Secretaría de Inteligencia y a todas las fuerzas de Seguridad un oficio en el que les solicitó la información que tuvieran “sobre los sucesos del 26 de junio del 2002 en los que fueron asesinados Santillán y Kosteki” y por los que estaban acusados –agregaba el oficio–, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Obtuvieron una respuesta insólita: en la SIDE dijeron que no sabían a qué se estaban refiriendo con esos datos.
Lo burdo del argumento debe haber llamado la atención hasta dentro del propio organismo, porque días más tarde la SIDE mandó al tribunal una segunda nota. En ella, los espías habían logrado recordar de qué se trataba el caso de Kosteki y Santillán. Aclaraban entonces que sí habían realizado “actuaciones” sobre el tema, pero que las habían mandado a la fiscalía federal 11 y lamentablemente no se había guardado ninguna copia. Salvo la Prefectura, que envió un dossier, todas las fuerzas de seguridad se mostraron igualmente remisas. La Policía Federal alegó incluso que no había mandado personal al operativo.
La decisión presidencial fue anunciada en una conferencia de prensa por el ministro del Interior, Aníbal Fernández. El día anterior, Kirchner había recibido un reclamo inesperado durante un acto en Morón. Se firmaba un acuerdo para restituir al municipio una casa en la que funcionó uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura. Al traspaso concurrió un grupo de HIJOS. A pedido de Nora Cortiñas, subió al escenario Alejo, un militante de la agrupación. Una vez arriba del palco, desplegó un cartel que pedía a los funcionarios que lucharan contra la impunidad de los asesinos de Kosteki y Santillán. “Kirchner, abrí los archivos de la SIDE como prometiste”, se leía en el cartel. “Lo hicimos porque queremos que sea una política de Estado poner a disposición de la Justicia los archivos, incluidos los de la dictadura”, dijo Alejo.
Ayer, Aníbal Fernández sostuvo que el decreto no fue firmado en reacción a este episodio, sino que había sido elaborado por su ministerio “hace por lo menos 10 días”. “El Gobierno, consustanciado con la necesidad de justicia como lo ha expresado desde el primer momento, intenta colaborar con esta causa para esclarecerla”, señaló.
La apertura de los archivos había sido prometida al padre de Darío Santillán por el Presidente, dos meses después de asumir el gobierno. “El recibió a los familiares y les ofreció abrir los archivos del Poder Ejecutivo sobre el Puente Pueyrredón, sin importar quién cayera”, señaló el abogado de las víctimas, Claudio Pandolfi. “Pero después no lo hizo e incluso nos topamos con que el Poder Ejecutivo no hacía ningún aporte a la Justicia. Por eso insistimos.”
¿Qué pueden tener los archivos? En principio, hay cosas que ya se conocen. En los quince días previos al 26 de junio, el gobierno de Eduardo Duhalde impulsó una campaña de acción psicológica para instalar la idea de que grupos de izquierda y movimientos de desocupados impulsaban una escalada de violencia para derrocarlo. Tal campaña estuvo basada, en parte, en un informe de la SIDE, que realizó tareas de seguimiento sobre los desocupados y redactó un informe en que los mostraba como una suerte de nueva guerrilla urbana (ver aparte). No se trató de una operación sutil: los espías concurrieron por ejemplo a una asamblea piquetera –una asamblea que fue pública y promocionada por los medios– en la que se decidió el plan de lucha, grabaron los discursos piqueteros en los que se hablaba en contra del gobierno de Duhalde y los presentaron como si fueran los aprestos para la toma del Palacio de Invierno. El informe circuló por los despachos de varios ministros y caldeó el clima para la represión.
Hasta aquí, hubiera podido interpretarse como un delirio fascista de los servicios. Pero ocurrió que luego de la represión, el gobierno de Duhalde intentó instalar la versión de que los piqueteros se habían baleado y matado entre sí. Y usó el informe de la SIDE para presentar una denuncia contra las organizaciones de desocupados, a quienes acusó ante la Justicia de sedición. Ese informe quedó asentado en la Justicia Federal y ahora podría probar que se hizo inteligencia ilegal sobre los desocupados.
“En las audiencias orales que se realizan hoy, sólo se juzga la responsabilidad de los policías. Para sentar a Duhalde en el banquillo de los acusados hay que generar pruebas de validez legal. Si se ha hecho inteligencia de manera ilegal, podríamos avanzar en que se establezcan las responsabilidades penales de quienes dieron las órdenes de investigar”, dijo ayer el abogado Mariano Bergés, patrocinante de Santillán.
El titular de la SIDE era en esos días Carlos Soria y su segundo fue Oscar Rodríguez, un hombre de extrema confianza del entonces presidente. Todos están citados a declarar en el juicio en el mes de julio.
¿Puede haber algo más en esos archivos? Es verdaderamente difícil. “Nadie deja asentada una orden de represión”, coinciden los abogados. Para los querellantes es un avance en su búsqueda para documentar las responsabilidades políticas. Pero señalan también que se dejó pasar mucho tiempo, casi tres años, hasta que se tomó la decisión.