EL PAíS
› TRAGEDIA EN ONCE: EL JUEZ PROCESO
A LA BANDA POR HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO
Callejeros, en el peor de los escenarios
Julio Lucini también trabó embargo a los seis músicos y al escenógrafo del grupo por 70 millones de pesos. Al procesarlos, consideró a la banda como “coorganizadora” del recital junto a Chabán. Y sostuvo que alentaba el uso de bengalas. La pena máxima del delito que les imputó es de cinco años, por lo que quedarán en libertad hasta el juicio oral. Sus abogados apelarán la medida.
› Por Eduardo Videla
Los siete integrantes de la banda Callejeros –seis músicos y un escenógrafo– fueron procesados como coautores del delito de homicidio culposo agravado, en la causa por la muerte de 193 personas –algunos de ellos, sus propios familiares– tras el incendio en el boliche República Cromañón. El juez Julio Lucini consideró a los integrantes de la banda como “coorganizadores”, junto a Omar Chabán, del show en el que se desencadenó la tragedia. Consideró probado, además, que el grupo promovía el uso de bengalas en los recitales, incluso en lugares cerrados, como Cromañón. A cada uno de ellos les trabó embargos por 10 millones de pesos y dispuso que, por la pena contemplada para ese delito, pueden permanecer en libertad hasta el juicio oral. Sus abogados adelantaron que apelarán la resolución. Con esta decisión judicial ya son 22 los procesados por la tragedia de Once (ver recuadro).
El procesamiento alcanza a los músicos Patricio Santos Fontanet, líder de la banda, Elio Delgado, Christian Torrejón, Maximiliano Djerfy y Juan Alberto Carbone y al escenógrafo del grupo, Daniel Horacio Cardell. El juez Lucini, en una resolución de 55 carillas, los considera como “un verdadero grupo empresario, puesto que tenían injerencia en las cuestiones organizativas de sus recitales”. Sostuvo en ese sentido que los músicos “no se limitaban a la ejecución de sus temas” o a la cuestión artística únicamente, sino que también intervenían en “aspectos organizativos”. El homicidio culposo tiene una pena máxima de cinco años de prisión.
En cambio, para Mariano Silvestroni, uno de los abogados defensores del grupo, el juez “no tiene una sola prueba de que ellos, el día de la tragedia, permitieron el ingreso de pirotecnia y de que fueron los organizadores de ese recital”. Para la defensa, la responsabilidad de la organización del concierto recae sobre el propietario del local, Omar Chabán, quien habría contratado a los músicos. Sin embargo, no existen constancia feheciente de ese contrato. Sí se sabe que Chabán y la banda repartían las ganancias: un 30 por ciento para el dueño de Cromañón y un 70 por ciento para el grupo.
El juez les imputó a los Callejeros haber “promovido e incentivado el uso de pirotecnia por parte del público, para lo cual los controles de acceso –que estaban a cargo del grupo– permitían disimuladamente su ingreso”. Y les reprocha que, pese a que estaban en un lugar cerrado y donde anteriormente habían ocurrido principios de incendio, “prefirieron seguir adelante con el espectáculo, máxime cuando ese mismo día Omar Chabán había advertido al público acerca del peligro que generaba la pirotecnia”.
Después de enumerar las pruebas y de evaluar los descargos de los músicos, el juez concluye que:
- El control del ingreso al local estaba a cargo de Lorenzo Bussi, contratato por la banda, quien trabajaba frecuentemente con Callejeros.
- Según testigos, había diferencia en el trato hacia el público común y los invitados vip en lo que respecta al cacheo en el ingreso.
- Callejeros conocía el lugar antes del 30 de diciembre puesto que ya habían tocado allí cinco veces. Incluso un día durmieron en el hotel vecino y pudieron ver el local durante el día. “Tuvieron que haber advertido que la puerta de emergencia estaba cerrada con candado y alambre”, dice el juez.
- En una nota publicada en la revista Si se calla el cantor, Fontanet opina que “Nosotros queremos que la gente se divierta y no echamos a trompada a un pibe porque prende una bengala como hacen ahí (en Obras).
- Un comunicado de prensa del grupo publicado en una revista informa que “una mención aparte merece el público que, con sus bengalas y banderas siempre hacen de los shows Callejeros una verdadera fiesta”.
- De la filmación de los momentos previos al desastre “surge que los dichos del cantante (en los que exhorta al público a “portarse bien”) fueron en un tono que revela desagrado” y falta de acuerdo con la recomendación.
- Los músicos preferían tocar en Cromañón y no en Obras porque en este lugar había más controles.
- En una entrevista que el periodista Juan Di Natale le hizo al grupo el 28 de julio de 2004, Diego Argañaraz, manager del grupo y ya procesado, afirma que en Obras no manejaron la seguridad y que cuando ellos sí lo hacen, tratan de que ingresen las bengalas.
- Un integrante del grupo de fans de la banda denominado “El fondo no fisura” se quejó porque al grupo de seguidores identificados como “La familia piojosa” los habían dejado pasar con pirotecnia en Obras y a ellos no.
- Si bien el juez acepta que el uso de pirotecnia era una práctica habitual en los recitales de rock y no les atribuye a Callejeros haber iniciado esa costumbre, concluye que, “con lo expuesto, queda claro que el ingreso y encendido de pirotecnia en sus recitales era promovido por la propia banda, quienes hacían de ello una nota distintiva y atrayente para su público”.
Para el abogado de Callejeros, Mariano Silvestroni, lo que hizo el juez fue “analizar el discurso de la banda de meses atrás, pero no tiene una sola prueba de que Callejeros ese día alentó el uso de bengalas o permitió el ingreso de pirotecnia”. “Si a los músicos les gusta la pirotecnia, no se los puede condenar por eso. Ellos no son los que tienen que prohibir las bengalas, sino los funcionarios”, aseguró el abogado.
El abogado de Callejeros adelantó que apelará la semana próxima el procesamiento de los músicos. Intentará que la Cámara del Crimen –integrada por los jueces María Laura Garrigós de Rébori, Gustavo Bruzzone y Rodolfo Pociello Argerich– revoque los procesamientos y disponga la falta de mérito. Los camaristas, que ya resolvieron las excarcelaciones de Omar Chabán y Raul Villarreal –hasta ahora, los únicos detenidos en la causa– todavía tienen pendiente la resolución de las apelaciones de todos los procesados hasta ahora (ver recuadro).
El próximo paso del juez Lucini será resolver si indaga al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y si lo hace como imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público o por la figura más grave del homicidio culposo, como pidieron algunos de los abogados de los familiares de las víctimas.
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