“El juez tenía que demostrar que los músicos promovieron el ingreso de pirotecnia en el recital del 30 de diciembre, pero de eso no tiene una sola prueba”, argumenta Mariano Silvestroni, uno de los abogados de Callejeros, en un adelanto de lo que será su apelación.
Para el defensor, el juez Lucini responsabiliza a los músicos por lo que dijeron en ocasiones anteriores, “por lo que piensan, no por lo que hicieron, y con eso aplica el derecho penal de autor”, que no está contemplado en la actual legislación penal y es especialmente rechazado por los jueces Garrigós de Rébori y Bruzzone, que para este caso integran la Sala V de la Cámara del Crimen, que entenderá en las apelaciones.
La defensa también rechaza el papel de “coorganizadores” que les asigna el juez: dice que la banda fue contratada por Chabán, que el empresario también contrató al encargado de seguridad Lorenzo Bussi (aunque fue Callejeros quien lo propuso para esa función); que la banda confeccionó las entradas porque debían respetar el diseño de los discos y la escenografía y que la mayor parte de las entradas fue vendida por una empresa ad hoc.