“Según mi análisis, entre quinientos y mil militares –la absoluta mayoría del Ejército– pueden ser citados a declarar en causas que se reabran a partir de la inconstitucionalidad de las leyes. A lo sumo el 10 por ciento está en actividad. Los detenidos por violaciones a los derechos humanos rondarán entre doscientos y trescientos.” En diálogo con Página/12, el ministro de Defensa, José Pampuro, contabilizó las consecuencias del fallo de la Corte Suprema y destacó que se reunió con las tres Fuerzas Armadas y “todos aceptan la decisión de la Justicia y están dispuestos a colaborar para solucionar el tema”. El jefe del Ejército, Roberto Bendini, consideró que la sentencia “era un hecho que, evidentemente, se estaba esperando y a partir del juzgamiento se va a condenar a los responsables” de la represión ilegal. Desde la Armada, el almirante Jorge Godoy señaló, escueto, que “la Armada es respetuosa de las decisiones de la Justicia”.
Contrariando las versiones agoreras sobre la compleja situación militar que algunos hasta llegaron a comparar con el ’87 –el año del levantamiento carapintada en contra de las citaciones judiciales a oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos–, desde que los jueces empezaron a anular las leyes las causas avanzaron a la espera del fallo de la Corte. Largas conversaciones en el Edificio Libertador lograron que todos los citados por la Justicia se presentaran sin chistar. De hecho, están cumpliendo prisión domiciliaria o en unidades militares alrededor de ciento cincuenta uniformados. “Ahora hay cinco detenidos en actividad, todos son del Ejército y tienen rango de coroneles”, explicó Pampuro. De la Armada hay alrededor de quince o veinte presos, todos son retirados. Y, de la Fuerza Aérea no se prevé que pueda haber nuevos presos.
–¿Cómo analiza la decisión de la Corte? –le preguntó este diario a Pampuro, el ministro que desde que asumió está piloteando las secuelas de la impunidad del terrorismo de Estado.
–Es muy positiva, políticamente es muy positiva. Desde que asumió el presidente (Néstor) Kirchner, fue un compromiso del Gobierno terminar con las leyes de punto final y obediencia debida, que se reabran las causas interrumpidas y que los responsables sean juzgados, y que la Justicia determine la culpabilidad.
–¿Cree que se cierra definitivamente una etapa?
–Sí, la más difícil de la historia argentina. Las guerras de 1830 a 1853 no dejaron los resentimientos que dejó esta situación que se planteó con un poder del Estado que actuó desmesuradamente –las desapariciones son la demostración más brutal de eso– y de forma corrupta. Es un tema abierto desde hace treinta años. Si no hay verdad, no hay perdón y sin justicia no hay verdad. Este es un aliciente para que en las próximas generaciones se cierre definitivamente este tema.
A casi treinta años del último golpe militar y veintidós de democracia, la capacidad de la corporación militar de resistirse a la Justicia es inexistente. La subordinación al poder político es ya insoslayable. El avance de las causas judiciales ha discurrido sin alteraciones. Las armas que les quedan a algunos para resistir son las cartas de lectores o los documentos que hacen trascender entre la “familia militar”. En los últimos días, ante la inminencia del fallo del máximo tribunal de justicia, circuló un texto de la “Promoción 103” –de la que provienen los últimos generales en actividad– anticipando críticas a la “Justicia de un solo ojo” para analizar los ’70. Sin embargo, el texto no encontró las adhesiones esperadas ni siquiera entre los egresados buscados. El único privilegio que consiguieron es la reclusión domiciliaria o en unidades militares. Un privilegio que en el caso del emblemático Alfredo Astiz no se sustenta ni siquiera en su condición militar puesto que fue destituido.
Alrededor de cincuenta procesos ya están abiertos en distintas provincias y cobrarán impulso con la decisión de la Corte. En rigor, a meses de cumplir las tres décadas del último fragote es una oportunidad para los militares: sólo la Justicia puede levantar el velo de sospecha que iguala a culpables e inocentes.