La mutilación de los procesos judiciales en la Argentina abrió paso a la apertura de causas en Francia, España, Alemania e Italia, entre otros países. La búsqueda de justicia más allá de las fronteras obtuvo su primer condenado de cuerpo presente este año: el ex marino Adolfo Scilingo fue hallado culpable de torturas y desapariciones y tendrá que pasar el resto de su vida en una prisión de Madrid. En la misma capital española avanza el proceso contra otro marino, Ricardo Miguel Cavallo, integrante de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), detenido en México y extraditado a España en el marco de la causa por genocidio y terrorismo de Estado instruida por el juez Baltasar Garzón.
–¿Cuál será el destino de este proceso ante el nuevo escenario determinado por la inconstitucionalidad de las leyes en la Argentina? –le preguntó Página/12 a Carlos Slepoy, abogado argentino de la Acusación Popular.
–El fallo de la Corte marca el triunfo de una epopeya histórica llevada adelante por las víctimas y los organismos de derechos humanos. En ese contexto, creemos que no hay motivos para que la Argentina pida la extradición de Cavallo porque el juicio está muy avanzado aquí, en España, y a principios del año próximo será juzgado. Ya lleva cinco años detenido –tres en México y dos en Madrid–. Cuando se le pidió información al juez federal Sergio Torres, quien tiene la causa en la Argentina, sobre la situación de Cavallo, dijo que sólo tenía una denuncia por apropiación de inmuebles en el marco de la causa ESMA. Teniendo en cuenta el inmenso aporte de la jurisdicción universal y ante el avance de la investigación, lo que corresponde es que se reconozca a los tribunales españoles en la medida en que forman parte del fenómeno global de lucha contra la impunidad. Cuando se persiguen criminales no se ataca a un país, sino a quienes cometieron delitos contra la humanidad: lo máximo que puede hacer un juzgado del exterior es pedir la extradición, si no se la otorga, no violenta su soberanía, sus fronteras.
En los hechos, desde que los jueces argentinos empezaron a declarar la nulidad de las leyes y a reabrir procesos contra los represores, el Poder Ejecutivo suspendió las definiciones sobre los pedidos de extradición provenientes de España, Francia e Italia a la espera de que la Corte decidiera si reabrirían las causas sin restricciones en el país. Claro que, a diferencia de lo que sucedió durante el menemismo, que clausuró toda colaboración judicial con el exterior y durante la Alianza que –con más diplomacia– adoptó la misma conducta, durante el actual gobierno primó la cooperación sobre todo con el juicio contra Scilingo: decenas de testigos declararon por teleconferencia desde la sala de la Cámara Federal porteña.
“El principio de jurisdicción universal marca el horizonte de una nueva sociedad posible: que las víctimas de crímenes de lesa humanidad puedan apersonarse a un tribunal extranjero para que se juzgue a los responsables. Si se generaliza este criterio podemos pensar que la impunidad será combatida”, señaló Slepoy.