En medio de la guerra declarada con el Ministerio de Economía, el directorio del Banco Central ya tiene redactado el proyecto de un decreto de necesidad y urgencia que le otorgaría inmunidad frente a futuras denuncias judiciales contra sus miembros. Con el respaldo del Fondo Monetario, Mario Blejer solicitará al Presidente que lo firme apenas regrese al país, bajo la velada amenaza de renunciar si no se cumple con el pedido. El borrador de decreto, al que accedió Página/12, se terminó de pulir en una reunión de directorio realizada la noche del jueves, en la que se tomó otra decisión que tendrá gran repercusión en el Gobierno y que el Fondo no mirará con tan buenos ojos: se aprobó un aumento generalizado de salarios del 13 por ciento, retroactivo al 1º de mayo. Lo peculiar de la medida es que no sólo incluye a los empleados de planta, que reclamaban con justicia la restitución del ajuste efectuado en junio de 2000 por Machinea, sino también a los directores de la entidad, cuya remuneración ascendía –antes del aumento– a 8500 pesos mensuales (ver aparte).
Ambos temas cayeron mal al ministro Roberto Lavagna, quien fue informado en Europa. Desde allá, Lavagna subió el tono de sus declaraciones, en la pulseada con el Central y los bancos, que presionan por aplicar un Plan Bonex y agitan el fantasma de la hiperinflación. “Los que nos quieren asustar con la hiperinflación son los mismos que con las políticas aplicadas en la última década nos llevaron a la hiperrecesión y a la hiperdesocupación”, le dijo el ministro a este diario desde España (ver nota de página 2). Sin embargo, se cuidó de no acusar abiertamente al titular del Banco Central, Mario Blejer. En Buenos Aires, en cambio, un estrecho colaborador del ministro no dejó espacio para las suspicacias: “Estamos buscando presidente del Banco Central”, afirmó.
La ruidosa pelea por la resolución del corralito aparece en el contexto de otra pulseada sobre cómo definir una inminente ola de cierre y fusiones de bancos, muchos de los cuales sobreviven gracias a la ayuda oficial. El Banco Central ya lleva otorgados más de 16.500 millones de pesos en redescuentos a entidades financieras en problemas. Por lo menos, 15 de esos bancos ya superaron el límite técnico de asistencia oficial establecido en una vez el patrimonio, haciendo de dudoso cobro los créditos oficiales.
Pero si el organismo dejara de desparramar dinero en una sola de estas entidades, la misma quedaría herida de muerte, sin posibilidades de cubrir sus cheques en la cámara compensadora o de responder por ventanilla a los depositantes de cuentas a la vista. Es lo que ocurrió el jueves y el viernes con los bancos Bisel y Suquía, a los que el Central quitó el respirador artificial cuando los accionistas franceses se negaron a traer los dólares que prometían. Por dos días consecutivos, ambas entidades quedaron en rojo en la cámara compensadora. Y el lunes deberían ser formalmente suspendidos, aunque por estas horas se busca contra reloj una alternativa para que mañana puedan abrir sus puertas (ver nota página 5).
El jueves, después de anunciarse la renuncia de dos directores del Banco Central, el directorio, presidido por Blejer, realizó una reunión especial. En esa sesión se decidió promover un decreto de necesidad y urgencia que –además de otorgar más poder al organismo, para disponer de fusiones, compra y venta de bancos– proteja legalmente a los directores del BC frente a las denuncias judiciales que, temen, podrían sobrevenir por la lluvia de redescuentos otorgados indiscriminadamente. Vale recordar que el Scotiabank recibió unos 180 millones de pesos, antes de que los dueños canadienses emprendieran vuelo; que el Banco General de Negocios obtuvo 55 millones de pesos antes de que su presidente se profugara, y sigue la lista.
El borrador de DNU incluye lo que se consideran reformas “indispensables y urgentes” a la Ley de Entidades Financieras y a la Carta Orgánica del Banco Central. Respecto de la segunda, contempla modificaciones a los artículos 14, 17, 28 y 49. De la reforma de este último artículo, se desprende el paraguas legal para los miembros del directorio frente a la revisión judicial de sus actos. La nueva redacción, incluida por los abogados del Central en el borrador de DNU, es la siguiente: “Los actos administrativos dictados por los funcionarios de cualquier jerarquía o instancia en ejercicio de competencias y funciones preponderantemente discrecionales, adjudicadas a los arts. 49 de la C.O. y 34, 35 bis, 44, 45 de la Ley de Entidades Financieras y normas concordantes y complementarias con las anteriores, son revisables en sede judicial cuando hubiere mediado falta de razonabilidad, desviación de poder, arbitrariedad o dolo”.
Traducido: los actos de los funcionarios del Banco Central no podrían ser revisados judicialmente, siempre que éstos demostraran que actuaron de buena fe, por ejemplo, para evitar males mayores. Así, con solo esgrimir que los redescuentos a tal o cual banco fueron otorgados porque en caso contrario se ponía en riesgo a todo el sistema financiero serían inmunes a cualquier reclamo judicial.
Semejante protección legal cuenta con el auspicio reciente del Fondo Monetario Internacional, que en el documento que en abril dejó la misión del organismo con los deberes al Gobierno expresamente mencionaba el punto. Pero en realidad es un reclamo que Washington hizo por primera vez allá por 1998, gracias a la gestión del ex titular del Central, Pedro Pou, que se sentía acosado por las denuncias judiciales en su contra (ver aparte). La novedad es que nunca se pensó como un proyecto de decreto de necesidad y urgencia sino como un proyecto de ley. Tampoco está claro que Washington presione en este momento por su aprobación con la misma fuerza que presiona por la derogación de la Ley de Subversión Económica, que tanto inquieta a los banqueros.
Sea como fuere, el mensaje que Blejer hizo llegar a Lavagna fue terminante: “Si no sacan esto renunciamos todos”, trasmitió el funcionario, que el martes, personalmente, frente al ministro, también había amagado con dimitir.