La investigación de los sobresueldos empezó a poner nombre y apellido a los responsables de la maquinaria de dinero negro instalada por el menemismo. El juez Jorge Ballestero procesó por peculado al ex ministro de Defensa Oscar Camilión y le trabó un embargo de tres millones de pesos. Evaluó que es responsable de haber usado fondos reservados al margen de la ley para pagar extra sin recibo a empleados de la cartera y para su propio bolsillo. También consideró que está probado que Rodolfo Aiello era, desde la Jefatura de Gabinete, el encargado de entregar los sobres a funcionarios de otros ministerios y secretarías. Para él dispuso, como partícipe, un embargo de un millón pesos y ordenó que se le abriera una causa por enriquecimiento ilícito.
Camilión es el primer procesado del gabinete de Carlos Menem por los sobresueldos. “El ex ministro sustrajo fondos del Estado que estaban bajo su administración” y “los aplicó a destinos no vinculados con fines públicos”, dice la resolución de Ballestero. Es una forma de explicar el significado del peculado, un delito que prevé hasta diez años de prisión y puede llevar a la cárcel. Al ex titular de Defensa, acusado de haber dado a las partidas reservadas de su ministerio un uso diferente al previsto en la ley secreta que los regula: seguridad interior e inteligencia. “Se aplicaron al pago de sobresueldos a algunos funcionarios de su cartera” y “a la propia sobreasignación del ministro”, concluyó la pesquisa.
El Ministerio de Defensa era el segundo organismo que más fondos reservados recibía. El primero siempre fue la SIDE. En los tiempos de Camilión la asignación para su área era de unos 40 millones de pesos anuales. Una parte figuraba como prevista para “inteligencia” y otra sólo aparecía como “gastos”. Cuando fue indagado en mayo, el ex ministro confesó que él mismo cobraba, además de 10 mil pesos de salario, otros 30 mil pesos mensuales y por los que no firmaba recibo alguno. En otros expedientes, a cargo del juez Julio Speroni, se le imputa enriquecimiento ilícito y participación en el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
La investigación, que conduce el fiscal Paulo Starc, estableció que el Ministerio de Defensa, por lo general, pagaba los sobresueldos con sus propios fondos reservados. Pero la mayor parte del sistema de sobres en negro operaba desde la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia, que giraban partidas secretas a los titulares de ministerios y secretarías para que ellos distribuyeran. Por otro carril, el Ministerio de Economía “abastecía de sobresueldos al Banco Nación”.
Rodolfo Aiello era jefe de asesores de la Subsecretaría de Coordinación de la Jefatura de Gabinete. El primero en acusarlo abiertamente fue Roberto Martínez Medina, ex secretario privado de Raúl Granillo Ocampo. Cuando declaró en el juicio oral por enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray, dijo que Aiello en persona le entregaba todos los meses 50 mil pesos para su ex jefe, entonces ministro de Justicia. Después repitió el relato en el juzgado de Ballestero y contó que cuando retiraba el sobre solía encontrarse con emisarios de otros ministros y secretarios que iban con el mismo objetivo que él. La propia Alsogaray le apuntó a Aiello como el hombre “designado por (Eduardo) Bauzá para materializar la entrega”.
El juez advirtió que cuando empezó como funcionario, en 1991, Aiello tenía sólo un Renault 12 modelo ’81, pero hacia el año 2003 su patrimonio superaba el medio millón de dólares con un único ingreso mensual declarado de 2400 pesos. Por eso dispuso que se lo investigue por enriquecimiento.
El fiscal Starc pidió la indagatoria de Bauzá, pero el juez todavía no lo citó. Y no es la única declaración en suspenso (ver aparte). Camilión y Aiello son sólo una pequeña parte de una trama enorme que, según allegados al expediente, tarde o temprano podría llegar hasta el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy (ya que de allí habría salido la mayor parte de los fondos reservados) y al ex presidente Carlos Menem. Los peritajes hechos para la causa indican que 13 organismos públicos recibieron 4152 millones de pesos de fondos secretos entre 1991 y 2001. El contador Alfredo Popritkin calculó que hasta 1999 se pagaron unos 466 millones de pesos en sobresueldos. Para Ballestero se hizo con “una operatoria marginal a la contabilidad del Estado” y llegó a ser un sistema “institucionalizado”.
Según una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA), incorporada a la causa de Ballestero, los sobresueldos representan sólo una forma entre muchas de uso ilegal de fondos reservados. Entre otros posibles, señaló el financiamiento de campañas y sobornos. Estos temas, en teoría, están bajo investigación en otros juzgados, pero sin grandes novedades. Para la OA, una de las claves para desentrañar las maniobras es que el Poder Ejecutivo disponga la desclasificación de decretos reservados que se usaron para reasignar fondos secretos desde el gobierno de Menem hasta el de Néstor Kirchner inclusive. La Justicia lo pidió, pero nunca hubo respuesta.