“Estoy absolutamente indignada. (Juan José) Galeano desacreditó el testimonio de los familiares de las víctimas al sostener que vienen a declarar por un interés económico. Esto equivaldría a decir que los que vinieron a esta misma sala en el Juicio a las Juntas que fueron víctimas del terrorismo de Estado lo que pretendían era un resarcimiento económico. Ni siquiera los genocidas de la dictadura se atrevieron a tanto.” Esta comparación marcó uno de los puntos más estremecedores del alegato de Marcela Rodríguez (ARI) en el juicio político al juez del caso AMIA. La diputada y el abogado Beinusz Szmukler lo culparon de que “a once años del atentado estemos a foja cero”. Le adjudicaron quince cargos por las irregularidades en la investigación y reclamaron su destitución. Galeano le dijo al jurado que las acusaciones son “un invento” y “una conspiración”. La sentencia será el 3 de agosto.
“Galeano se olvida de que no es la víctima. Las víctimas son los 85 muertos, los familiares y la sociedad argentina que aún están esperando justicia”, dijo Rodríguez al abrir ayer la ronda de alegatos. La diputada y Szmukler pidieron, como representantes del Consejo de la Magistratura, la destitución del juez por mal desempeño y posibles delitos.
Por primera vez desde que empezó el juicio contra Galeano la sala de audiencias estuvo casi llena. Los familiares nucleados en Memoria Activa quedaron conmovidos después de escuchar a los acusadores, según comentaban en un cuarto intermedio. Ellos figuran entre los primeros denunciantes de las maniobras en la causa. El jury es el primer paso concreto en la reconstrucción de las responsabilidades judiciales y políticas que el año pasado el Tribunal Oral 3 describió como una trama de encubrimiento.
Rodríguez sostuvo, entre los cargos clave, que Galeano fue responsable de armar una “versión consensuada” del atentado y disponer el pago de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que acusara a policías bonaerenses. “El pago fue secreto, ilegal y realizado con fondos de la SIDE”, aseguró. “No fue una recompensa”, contrarió al juez. “No cumplió con los recaudos establecidos” y no se usó a cambio de información sino para comprar una declaración, fundamentó la diputada. Recordó que Galeano “mantenía entrevistas informales con Telleldín de las que no dejaba constancia”. Hasta que se conocieron los videos donde “negocia con el imputado” y hasta le muestra en fotos a quién debe comprometer. “Con mirar esos videos es suficiente para destituirlo”, advirtió.
El uso de legajos paralelos y el trato privilegiado hacia los querellantes de la AMIA y la DAIA –por entonces encabezada por Rubén Beraja– en perjuicio de Memoria Activa y otros familiares fue otro punto destacado por Rodríguez. También le cuestionó el “uso abusivo” de los testigos de identidad reservada. “Galeano se alejó de la Constitución nacional en todo momento”, alertó. Otras imputaciones incluyen la destrucción de algunas pruebas, la manipulación de otras, la coacción a testigos, torturas a un imputado, intervenciones telefónicas ilegales y el abandono de pistas relevantes como la del empresario Alberto Kanoore Edul.
A media mañana le tocó hablar a Mariano Maciel, defensor oficial de Galeano. Exaltado, casi a los gritos, al pedir la absolución acusó a la SIDE por el pago a Telleldín. “Fue una operación de inteligencia” en base “a leyes secretas”, insistió. “Lo único que hizo Galeano fue querer buscar la verdad”, “no pactó nada”, “no hubo maniobras a espaldas de las partes”, dijo. Para él hablar de “encubrimiento es una infamia”.
Galeano aceptó decir las llamadas “últimas palabras”. Empezó con un desliz, dándose por destituido: “A lo largo de lo que fue mi carrera, perdón, de lo que es...”, dijo. Luego mantuvo su estrategia de atribuir las irregularidades en la causa AMIA a la central de espías y a las fuerzas policiales. Aprovechó, además, para criticar el decreto del Gobierno que esta semana reconoció la responsabilidad del Estado en el “encubrimiento del ataque terrorista”. “Sería el primer caso en que el Poder Ejecutivo se arroga facultades judiciales”, provocó. Anunció que podría recurrir a la Corte Suprema y a los organismos internacionales, aunque allí el Estado ya reconoció las faltas judiciales y políticas.
Szmukler, a cargo de rematar la acusación, comparó el discurso de Galeano con la “doctrina de la seguridad nacional” del terrorismo de Estado. Aludía a uno de los tramos de la defensa escrita del juez que ponderaba, a modo de comparación, la actuación de Estados Unidos con los presos de Guantánamo que permanecieron largo tiempo sin identificación. El consejero acusador recordó, irónico, algo que dijo el mismo Galeano: “Yo me ajusté a la ley de acuerdo a mi manera de ver”. “Este es un ámbito histórico, aquí se condenó a las juntas –avanzó Szmukler–. Aquí el ex fiscal Julio Strassera dijo ‘nunca más’. No podemos tener jueces que violen la Constitución y los pactos sobre derechos humanos.”