El juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA, reclamó la detención de los diplomáticos iraníes reclamados por la Justicia argentina y argumentó que “estamos muy al sur”, por lo que –según sus dichos– en el Primer Mundo no atienden las órdenes de captura “por razones de política internacional”. Ocurre que Interpol bajó las órdenes de captura tras los durísimos cuestionamientos al juez Juan José Galeano, y al rechazo de una extradición por parte de la Justicia británica. Curiosamente, el magistrado tuvo una voz de elogio para su suspendido colega Galeano, evaluando que “puso todo su esfuerzo” en la investigación y consideró que el decreto del Poder Ejecutivo reconociendo la privación de justicia en el caso AMIA “es sólo interesante para los familiares, pero el esfuerzo tendría que estar en traer a los culpables a la Argentina”.
En realidad, el decreto del Ejecutivo fue un gesto de sinceramiento ante lo que era inminente, una condena lapidaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la actuación de la Justicia, las fuerzas de seguridad y el gobierno de Carlos Menem en el caso AMIA.
“No hay cosa más arbitraria y absolutamente ilegal que Interpol suspenda una orden de un juez de un país miembro porque carece de facultades para eso”, explicó el magistrado. En los últimos tiempos hubo gestiones del Ministerio de Justicia, de la Policía Federal y de la Cancillería para que se reactiven las órdenes de captura de los 13 diplomáticos iraníes a quienes se considera la conexión local clave del atentado. Interpol levantó la búsqueda por dos razones:
- Por un lado, el juez Galeano fue apartado de la causa por irregularidades y, además, el fallo del Tribunal Oral hizo hincapié en las gravísimas maniobras de la investigación. Eso, supuestamente, le quitaba credibilidad a las órdenes de captura.
- Por otro lado, uno de los prófugos, el ex embajador Hadi Soleimanpour, fue detenido en Londres hace dos años y tras un proceso en el cual Galeano envió los elementos de prueba, un tribunal londinense consideró que eran poco sólidas para conceder la extradición.
Frente a este cuadro, Canicoba evaluó que es ilegal que Interpol decida sobre la pertinencia de una orden de captura que, además, el propio Canicoba ratificó. “No tienen facultades para eso”, argumentó. En forma paralela, el magistrado evaluó que Londres liberó a Soleimanpour por razones políticas –las buenas relaciones del gobierno británico con Irán en ese momento– y no judiciales.
Respecto de la investigación que instruye su juzgado, pero que quedó delegada en el fiscal especial Alberto Nisman, el magistrado sostuvo que “se ha avanzado mucho, pese a que no están detenidos los ejecutores. Se hace lo posible. Si lo que se pregunta es sobre la eventual detención de los culpables, es obvio que no hay resultados inmediatos”.
En los tramos más polémicos de sus dichos de ayer, Canicoba devaluó el decreto que firmó el presidente Néstor Kirchner aceptando la responsabilidad del Estado argentino en el encubrimiento, o sea la falta de investigación del atentado. “Sólo es interesante para los familiares. A mí me hubiera gustado que apuntemos a quienes cometieron el hecho porque me parece mucho más conducente e importante”, redondeó el juez. En realidad, el decreto fue producto de la causa abierta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los familiares agrupados en Memoria Activa y el CELS. Ese proceso fue totalmente adverso al Estado argentino, ya que el fallo del Tribunal Oral fue categórico: el juez Galeano, las fuerzas de seguridad y el gobierno de Carlos Menem armaron una pista falsa “al servicio de políticos inescrupulosos”. En el juicio oral hubo un veedor de la CIDH, el chileno Claudio Grosman, quien en su informe también fue categórico respecto de la validez y limpieza del juicio oral y las irregularidades de la investigación. En ese marco, el Estado argentino afrontaba una condena demoledora, por lo que se evaluó como un sinceramiento el reconocer las cosas a través de un decreto. En el marco del caso abierto en la CIDH, uno de los puntos de discusión fundamentales de estos meses entre el Estado argentino y Memoria Activa CELS es justamente los compromisos y cambios que tienen que hacerse para avanzar en la investigación y la detección de los culpables.
Canicoba Corral ayer hizo una cierta defensa del juez Galeano, a la que se sumó un rato más tarde el titular de la DAIA, Jorge Kirzembaum. Ambos esgrimieron argumentos parecidos: que Galeano trabajó mucho y que las pocas cosas que se saben del atentado fueron producto de la investigación del cuestionado juez. La DAIA siempre apoyó a Galeano y respaldó la pesquisa oficial y lo hace aún después del fallo del Tribunal Oral y del proceso de acusación de Galeano en el Consejo de la Magistratura. Allí la Comisión de Acusación votó imputarlo por siete a cero y el plenario resolvió someterlo a jury para su destitución por 17 a uno. El próximo 2 de agosto se conocerá la decisión del jury.