Por V. G.

Horacio Cattani es miembro de la Cámara Federal de la Capital Federal desde 1987. A pesar de pertenecer al fuero más cuestionado por las vinculaciones políticas de sus miembros, es uno de los pocos que logró sobrevivir a los ’90 sin que existan sospechas sobre su independencia. Por el contrario, intentó impulsar varias investigaciones relacionadas con hechos de corrupción y tuvo un rol protagónico en el avance de las causas de derechos humanos. “La estructura judicial penal está preparada nada más que para las pequeñas infracciones, para los delitos contra la propiedad cometidos por delincuentes fracasados que terminan confesando todo”, señaló el juez al repasar las reformas pendientes, la relación con el Gobierno y los problemas que enfrentan las investigaciones de delitos cometidos por los funcionarios.
–¿Cómo percibe el manejo del Gobierno en el plano de la Justicia?
–Manejo no hay. Más allá de lo que pueden ser fuegos de artificio la verdadera política estaría dada por obtener las cosas que necesitamos para un mejor servicio de justicia. Lo importante es que haya reformas estructurales. Hace falta una reforma a fondo al régimen procesal penal. La reforma que se hizo en el ’90, siendo ministro de Justicia León Arslanian, fue una reforma tardía, que nació vieja, era la reforma que se había hecho en Córdoba en el año ’39. Necesitamos que consagre el monopolio de la acción y principio de oportunidad para el ministerio público, que se puedan perseguir las causas más graves y no los delitos de bagatela. Sobre todo en nuestro fuero en el que están las causas de drogas, que van desde las ínfimas cantidades a las de envergadura, y las causas por los delitos de corrupción. La otra cuestión que debe incluir una reforma procesal son cambios en el sistema de investigación. Se requiere una policía judicial especializada que ni piense en tocarle un pelo al presunto delincuente. No es lo mismo investigar una defraudación bancaria que un robo de gallinas.
–¿Por qué en ninguna gestión se encara este tema?
–Creo que esa es la mejor prueba de que la Justicia no interesa y es una de las tantas deudas pendientes de la democracia. La estructura judicial penal está preparada nada más que para las pequeñas infracciones, para los delitos contra la propiedad cometidos por delincuentes fracasados que terminan confesando todo. En nuestro fuero también se investiga el terrorismo. La AMIA es un buen signo y síntoma de que no estábamos preparados para nada. ¿Estamos hoy en una situación mejor? No lo creo. Se requiere el desarrollo de tareas de vigilancia especializada, que nuestras fronteras no sean un colador; el despliegue de actividades de inteligencia preventiva sobre potenciales autores, etc. Por eso es que más allá de las declamaciones sobre la dependencia o independencia del Poder Judicial lo que vale es el trabajo sobre cuestiones concretas que posibiliten un mejor servicio de justicia.
–¿Pero se puede hablar de un cambio en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial?
–Nuestras mejores relaciones con el Gobierno es cuando no existen relaciones y podemos mantener una independencia interna y externa. Creo que la independencia interna se ha vuelto más previsible. Tenemos una relación con la Corte y la Casación más previsible, en el sentido de fallos de mayor sintonía.
–Con el ex ministro Gustavo Beliz hubo un momento de tensión, cuando propuso unificar el fuero federal con el ordinario.
–Se apuró el diagnóstico. La dilución del fuero federal no era solución para ningún problema. Nosotros dijimos en una acordada que ese proyecto no iba a dar ningún resultado y que lo que se necesitaba eran otras cosas como la reforma del Código Procesal Penal.
–Beliz sostenía que aquella reforma tenía la intención de renovar el fuero federal...
–...a eso no nos oponemos. Pero en ese momento particular el fuero tenía varias vacantes y existía la posibilidad de reformarlo por la vía del concurso. Tanto que nosotros más de una vez hemos formulado denuncias ante el Consejo de la Magistratura.
–¿Los nuevos jueces significaron una renovación?
–Obviamente. Son jueces que tienen una legitimidad diferente, un método distinto de designación. Además son un número importante. Uno solo no puede implicar una renovación pero al haber sido cuatro en la primera instancia más dos en la Cámara es importante.
–¿Pero no es necesario avanzar en ese proceso?
–Seguramente sí.
–En relación con las investigaciones por corrupción, ¿por qué existe esa sensación, que más que sensación es realidad, de que las causas nunca llegan a juicio?
–Se relaciona con lo que decía al principio. Por un lado la investigación de la corrupción es investigación sobre las criminalidad del poderoso, esa criminalidad del poder, tiene sus reglas propias y no es fácil su enjuiciamiento y condena. Es una investigación de las que se consideran especializadas. Nosotros ni tenemos sistema procesal ni tipificación penal que ayude a esta investigación. Nuestros delitos contra la administración pública son del año ’21, algunos fueron reformados en los ’60 y, los menos, tuvieron una modificación con la ley de ética pública del ’99. El legislador del ’99 pudo haber modificado estos delitos y no lo hizo. De hecho en algunos casos esa reforma generó más confusión. Por eso reclamamos reformas generales al Código Penal. Y una serie de institutos procesales que nos permitan avanzar rápido.
–Pero con las herramientas que existen actualmente también hay distintas formas de proceder. Así parece que los jueces no tuvieran ninguna responsabilidad en la demora o en la forma de tramitación de los expedientes. ¿No hay quienes se demoran a propósito?
–Seguramente (sonríe). Pero independientemente de que eso existe, hay razones estructurales que lo favorecen: estas causas tienen los mejores defensores, los más idóneos, los que saben que las penas no son muy altas y que tienen que lograr la prescripción, la que se vio favorecida con la última reforma. Que no se cumpla con el deber del juez o del fiscal se ve facilitado en algunos casos porque la defensa tiene más posibilidad.
–¿Acuerda con las excarcelaciones de Omar Chabán y de María Julia Alsogaray?
–Nuestra sala tiene opinión formada en sentido contrario y que ha exteriorizado recientemente en el caso de Rubén Beraja. Partimos de la base de que en ciertos delitos, ciertas imputaciones y ciertas características de poder de la persona, la presunción de que el imputado puede eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación se debe realizar con un criterio más laxo. Entorpecer la investigación puede ser que la sola presencia en libertad y participar, por ejemplo, en ciertas reuniones de directorio, haga que muchas personas que podían ir a atestiguar al juicio oral dejen de hacerlo, porque ven al acusado con todos sus poderes recuperados. Distinto es cuando se puede adoptar en un proceso congelamiento de bienes. Pero en el sistema que nosotros tenemos, con la recuperación de la libertad, se recuperan una serie de derechos y ahí surge la potencialidad de entorpecer la investigación. Es cierto que no se pueden decidir automáticamente las excarcelaciones por cierta gravedad del delito. Pero una persona de bajos recursos que no tiene coche no va a eludir la acción de la Justicia tan fácil como quien puede irse a Uruguay y tiene posibilidad de acceder a documentos falsificados. Depende mucho de quién estoy hablando.
–Justamente el caso de María Julia y Chabán generó un sentimiento de inequidad en relación con un montón de presos de bajos recursos que no son excarcelados.
–Justamente, cuántos hay de causas de droguitas, como le decimos nosotros, casos de tenencias o minidistribuciones, que son delitos considerados graves, en los que los acusados quedan detenidos hasta el juicio.