El conflicto desatado a partir de la instalación de dos plantas de celulosa en Uruguay, que contaminarían el río y afectarían a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, aún tiene un destino incierto. Ayer dos altos funcionarios del Gobierno ratificaron la posición argentina tratando de no subir los decibeles del desacuerdo diplomático. El canciller Rafael Bielsa reiteró que el Gobierno tiene “el mandato constitucional de preservar las condiciones ecológicas”. La otra voz que se escuchó fue la del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien sostuvo que las relaciones entre Argentina y Uruguay “están bien”, y agregó que “el problema de las plantas comenzó antes de la llegada del presidente Tabaré Vázquez” a la presidencia del país vecino.
Precisamente anteayer Vázquez ratificó el impulso de su gobierno para la instalación de las fábricas en la ribera del río Uruguay, y garantizó que no habrá contaminación de las aguas de ese curso.
En declaraciones radiales Bielsa señaló que “hay un pedido muy firme de los compatriotas de Gualeguaychú y de la provincia de Entre Ríos”, ante la posibilidad de que las plantas de celulosa afecten el ecosistema. De hecho, el gobernador de esa provincia, Jorge Busti, está alineado dentro de los opositores a la inversión uruguaya. Por su parte, Fernández reconoció que “obviamente es un tema para Uruguay muy importante porque se trata de la construcción de una planta que dará trabajo a 8000 personas”. Pero acotó que “siempre fuimos francos y le dijimos (a las autoridades uruguayas) que deberíamos corregir algunas cosas”, para no perjudicar el ecosistema. El gobierno argentino insiste en que se ponga en marcha una comisión mixta para evaluar el impacto ambiental, con la participación de universidades públicas, tal como acordaron en mayo Kirchner y Vázquez.
La semana pasada el conflicto tuvo declaraciones altisonantes de un lado y del otro de la frontera y luego algunos paños fríos. El jueves, Bielsa declaró que la controversia no tenía “un buen pronóstico” y su par uruguayo Reinaldo Gargano le respondió, en diálogo con Página/12, que “siendo socios no podemos dilucidar nuestras diferencias a través de declaraciones públicas”. Al día siguiente, el canciller argentino volvió a vaticinar que “no nos vamos a poner de acuerdo”, y advirtió que en Montevideo se niegan a hacer el estudio ambiental porque saben que el funcionamiento de las plantas tendrá un “impacto negativo” en la zona.