El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, anunció que hay un 99 por ciento de certeza sobre el lugar en el que estarían enterrados los restos de la nuera del poeta Juan Gelman, asesinada en Uruguay en 1976. Se trata del Regimiento 14 de Toledo, una localidad cercana a Montevideo, en donde hoy comenzarán las excavaciones. El dato fue proporcionado por un informe elaborado por las Fuerzas Armadas, que por primera vez en ese país reconocieron oficialmente que hubo desaparecidos sepultados en los cuarteles. Sin embargo, la jornada –calificada por el gobierno uruguayo como histórica– se vio opacada ante el pedido del fiscal Enrique Moller para que se clausure la causa que investiga el secuestro y la desaparición de la joven bajo el argumento de “cosa ya juzgada”.
“Hay más de un 99 por ciento de seguridad de dónde estarían los restos de Claudia María García y eventualmente la posibilidad de que existan otros cuerpos en los terrenos del Batallón 14.” Fue la conclusión dada por Vázquez minutos después de conocer el documento elaborado por las fuerzas de seguridad. Se trata de una investigación realizada por orden del Ejecutivo, por la que durante más de dos meses se recogieron testimonios de militares que identificaron los posibles lugares en donde permanecen enterrados los restos de varios desaparecidos. El resultado del trabajo fue dado a conocer ayer en una reunión que mantuvo el presidente uruguayo con los jefes de las tres fuerzas armadas: Angel Bertolotti, del Ejército, Enrique Bonelli, de la Fuerza Aérea, y Tabaré Daners, de la Armada.
Según informaron fuentes oficiales, el documento ratificó que el cuerpo de la nuera de Gelman, María Claudia García Irureta Goyena, estaría sepultado en el Batallón 14 de Toledo, en la localidad de Canelones. El dato ya se había dado a conocer semanas atrás por dos militares –cuya identidad se mantuvo en reserva– que además atribuyeron el secuestro de la joven a un policía. El anuncio oficial fue celebrado por el abogado del escritor, José Luis González. “Para nosotros es una gran satisfacción que finalmente se encaminen las investigaciones”, expresó en diálogo con Página/12, aunque llamó a mantener “la prudencia hasta tanto no se realicen las excavaciones y se concreten los estudios correspondientes para identificar el cuerpo”.
Para ello un grupo de especialistas de la universidad pública de ese país comenzará a trabajar hoy en el área especificada. Si bien el nombre de los militares que brindaron la información es confidencial, González sostuvo que por la precisión de los datos y la descripción “se trataría de personas vinculadas a la desaparición de la muchacha”.
María Claudia Irureta Goyena fue detenida por un comando militar en agosto de 1976 junto a su marido, Marcelo Ariel Gelman, quien fue asesinado y cuyo cuerpo fue encontrado en las costas de Buenos Aires. En octubre de 1976 fue trasladada a Montevideo por represores uruguayos en el marco del Plan Cóndor. Allí fue asesinada luego de dar a luz y su hija fue entregada a la familia de un policía. Recién pudo recuperar su identidad hace unos años gracias a la ferviente búsqueda emprendida por Gelman.
Además de la información sobre María Claudia, los documentos aportaron nuevos datos sobre el paradero de otras personas desaparecidas (ver aparte). Se trata de la primera vez que la fuerzas armadas brindan información sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. La investigación fue ordenada por el propio presidente en el marco de la Ley de Amnistía a los represores, que en su artículo 4 dispuso agotar los medios para saber el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Más allá del recelo que despertó en los cuarteles, el trabajo fue reivindicado por el mandatario como “el inicio de una etapa histórica en el compromiso indudable para avanzar en la investigación de unos hechos que han ocurrido lamentablemente en nuestro país y que pretendemos dilucidar para terminar con esta herida que tiene la sociedad uruguaya”.
Sin embargo, no todas fueron buenas noticias en el país vecino. “La otra cara de la moneda” –como se encargó de calificarlo el abogado González– fue la presentación del fiscal de la causa, Enrique Moller, que pidió el cierre del expediente por considerar que se trata de cosa juzgada.
González ya había pedido el apartamiento del fiscal, quien se había opuesto a la reapertura de la causa por considerar que estaba comprendida bajo la Ley de Caducidad, que amparó en Uruguay a los represores que cometieron violaciones a los derechos humanos. En consonancia con dicha postura, Moller ayer pidió la clausura que ahora deberá ser resuelta por el juez Gustavo Mirabal. Más allá de lo que decida el magistrado, la actuación del fiscal fue repudiada por la querella ya que la medida –en caso de que sea rechazada– será apelada y podría llevar el caso hasta la Corte Suprema, con lo que el proceso podría extenderse más de un año.