Desde el viernes pasado irrumpió en el caso Castells el Tribunal Oral Número 6, que ordenó que al dirigente piquetero le tomen la temperatura y le hagan un análisis de sangre para determinar cuál es su estado de salud. El presidente del tribunal, Guillermo Yacobucci, le dio esa orden al director de la clínica del gremio cervecero donde se encuentra Castells, pero éste se negó. El Tribunal Oral insistió ayer y envió a la clínica un grupo de forenses. Después de una fuerte discusión, el piquetero se mantuvo en sus trece y logró que no le tomaran la temperatura ni le hagan el análisis de sangre. Según el rumor que existe en Tribunales, los jueces ordenarían al Servicio Penitenciario que saque a Raúl Castells del sanatorio Calchaquí, lo trasladen a un hospital público y le realicen los exámenes. La idea de los magistrados sería alimentar en forma compulsiva al piquetero mediante una sonda porque consideran que el Estado debe velar por la salud de los presos. Castells, consultado por Página/12, sostuvo que tiene derecho a morir con dignidad y ordenó a su abogado la realización de una denuncia por torturas contra los jueces.
Tal como adelantó Página/12 en forma exclusiva el domingo, el trámite de excarcelación recayó en la Sala III de la Cámara de Casación, prácticamente la única en la que tiene chances. Los magistrados Angela Molina, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant tienen antecedentes de haber convalidado la libertad hasta el juicio en dos casos, conocidos como Mascheraldo y Vicario. Lo que jugaría en contra de Castells es que tiene una condena anterior, pero su abogado, Juan Carlos Yaggi, afirma que ésta no puede ser obstáculo y que Castells siempre se presentó a cualquier sitación. El interrogante es cuánto tardarán, aunque como el piquetero está en huelga de hambre se supone que se expedirán rápido.
La novedad más importante se produjo en el expediente madre, la denuncia contra Castells por pedir comida en el McDonald’s. El juez Facundo Cubas decidió sacarse la causa y aceptó el pedido del fiscal de elevar el expediente a juicio oral. Hubo sorteo y el caso recayó en el Tribunal Oral 6, integrado por los doctores Yacobucci, Leonardo De Martini y Ricardo Rongo. Una de las primeras medidas fue verificar el estado de salud de Castells. Según su médico Jorge Chebel, está al borde de la muerte. Los médicos del Servicio Penitenciario no tienen acceso a Castells, pese a que está preso, pero en informes reservados sostenían que el referente del (MIJD) ingiere no sólo jugos Ades, sino también galletitas, algo que la gente de Castells desmiente rotundamente.
El viernes, los jueces ordenaron a la clínica de los cerveceros –el tratamiento de Castells lo paga el sindicato de la carne– que le tome la temperatura y le haga un análisis de sangre. Esto provocó un incidente de proporciones. Según le dijo Castells a este diario, se pretendió narcotizarlo, como paso previo a colocarle una sonda nasogástrica para alimentarlo. Por lo tanto se negó y, además, le ordenó a su abogado que presente una denuncia por torturas contra los jueces. “Querían aplicarme el mismo narcotizante que le daban en la ESMA a los desaparecidos antes de tirarlos desde el avión”. El sábado, hizo pública su decisión de agudizar su huelga de hambre, convirtiéndola en total, o sea sin ingestión ni de líquidos ni de sólidos.
Ayer, los magistrados decidieron que un grupo de forenses viaje a Quilmes a hacerle los análisis. Nuevamente chocaron con la negativa del líder piquetero. El titular del MIJD considera que está secuestrado por el Estado y reclama un indulto presidencial, lo que fue descartado a este diario por fuentes del Ministerio de Justicia.
Según trascendió en Tribunales, la intención de los jueces del Tribunal Oral 6 es retomar el control sobre el detenido, algo que consideran se perdió al estar en una clínica privada. “La situación es tan disparatada, que cuando un médico de la clínica entra a la habitación de Castells, suele hacerlo acompañado por un abogado, porque los profesionales no quieren que les adjudiquen responsabilidad en nada ni que los denuncien por nada”, dicen en Tribunales. Por ello, se evaluaba la posibilidad de ordenarle al Servicio Penitenciario que saque a Castells de allí y lo traslade a un hospital público. “Que me lleven adonde quieran, pero no me van a tocar, y voy a seguir con mi huelga de hambre”, le dijo Castells a este diario por teléfono. Su defensor dice que el piquetero está en su derecho y que la alimentación compulsiva es una invasión del Estado intolerable.
Hay jueces que sostienen que Castells está preso y que el Estado no permite que los detenidos se suiciden. Por lo tanto es obligación del Estado preservar su integridad. Existe una tercera posición, también evaluada por los juristas: el Estado no debe intervenir hasta que la persona pierda la conciencia. En ese momento es inhábil y allí sí el Estado tiene que actuar.