Raúl Castells y sus seguidores esperaban anoche un pronunciamiento de la Sala III de la Cámara de Casación, donde ya habría dos votos a favor de su excarcelación. En el camino se presentó un obstáculo, un integrante de la Sala, Guillermo Tragant, sufrió el viernes un infarto y obviamente no puede votar, por lo que la Sala debe integrarse con un juez proveniente de otro tribunal. Ayer, Nina Peloso mantuvo una reunión en el Ministerio de Justicia gestionando un eventual indulto para su marido, pero los funcionarios del Gobierno fueron tajantes: “No hay posibilidad de que se dicte ningún indulto”, le dijeron. Un poco a la espera de los acontecimientos están los integrantes del Tribunal Oral Criminal 6, que están a cargo del expediente McDonald’s y, por lo tanto, son responsables de la situación del líder piquetero. Como anticipó este diario, la postura de los jueces es que si hay síntomas de peligro para la salud de Castells ordenarán la alimentación compulsiva.
Tal como adelantó Página/12 el domingo en exclusiva, Castells tuvo suerte en el sorteo, ya que la excarcelación recayó en la Sala III de la Cámara de Casación, la única que tiene antecedentes de haber convalidado el principio de que un procesado puede esperar el juicio en libertad. Lo hizo en dos casos, el de un evasor impositivo, de apellido Mascheraldo, y en la causa Armas, en que se le dio la excarcelación al general Jorge Vicario.
De los tres magistrados, se dice que dos –Angela Ledesma y Eduardo Riggi– se volcarían a favor de la excarcelación y el problema surgió con el infarto del tercer integrante de la Sala, Tragant. Anoche se estaba disponiendo la inclusión de un juez de otra sala para que vote en el caso Castells. El rumor en Tribunales es que el fallo es inminente, pero todos coinciden en que “en estas cosas, no hay ciencias exactas, puede pasar cualquier cosa. Más aún teniendo en cuenta que los jueces no creen mucho que la situación de Castells sea realmente grave”, según lo explicó a este diario un hombre allegado a la Casación.
Que las cosas se están moviendo a mayor velocidad que la habitual lo evidencia que ayer por la tarde concurrió a la Clínica Calchaquí, donde está internado Castells, el defensor oficial ante la Casación, Juan Carlos Sancinetti. El funcionario pedirá la libertad del dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, mientras que el abogado de Castells estaba a punto de presentar un pedido de pronto despacho.
Los canales entre el líder piquetero y el Gobierno estaban abiertos y al mediodía se produjo una reunión entre Nina Peloso y funcionarios de alto nivel del Ministerio de Justicia. “Nosotros estamos muy lejos del pensamiento y de los métodos de acción de Castells, pero nuestra prioridad es preservar la vida”, le dijo a Página/12 uno de los participantes de la reunión. De todas maneras, en el encuentro, los hombres del Ejecutivo le hicieron saber a Nina dos cosas. La primera es que no habrá indulto de ningún tipo para Castells, “porque este gobierno no va a recurrir a indultos como lo han hecho otros”. El segundo punto transmitido a Nina es que no habrá ningún pronunciamiento público pidiéndoles a los jueces que se expidan en uno u otro sentido o que lo hagan rápido, “porque no corresponde y, encima, sería contraproducente”, argumentaron.
El tercer andarivel por el que transita el caso Castells es el Tribunal Oral número 6. Allí hay una notoria indignación de los magistrados por cuanto ordenaron que al líder piquetero se le tome la temperatura y se le haga un análisis de sangre para ver su real estado. Castells se negó en dos oportunidades, la última de ellas ante la presencia de médicos forenses enviados por el tribunal. Los jueces estaban reunidos ayer al atardecer para tomar una decisión.
Una de las posibilidades consiste en ordenarle al Servicio Penitenciario que lo traslade a un hospital público. Sin embargo, es posible que el tribunal espere la decisión de Casación. Si la Sala III, como se prevé, lo deja en libertad, de poco sirve provocar unas horas antes una fuerte confrontación como la que significaría la irrupción del Servicio Penitenciario a la clínica, un traslado forzoso y, como se lo anticiparon los jueces a este diario, un proceso de alimentación compulsiva.
Castells lleva casi sesenta días de huelga de hambre y se niega a recibir asistencia. Su esposa, sin embargo, le pidió que abandone esa postura que pone en riesgo su vida.