Milan Lukic, el criminal de guerra serbio detenido el lunes en Recoleta, reconoció ante el juez Jorge Urso que ingresó al país con un documento falso y aceptó ser extraditado para someterse al Tribunal Penal Internacional (TPI) que juzga los crímenes en la ex Yugoslavia. Allí está acusado del asesinato de 147 civiles, muchos de ellos mujeres y niños. Por lo pronto, Lukic permanece detenido en dependencias de la Policía Federal. En Tribunales prevén que el trámite para enviarlo a La Haya será rápido.
El ex paramilitar, de 37 años, integraba la lista de los diez prófugos más buscados por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra de Bosnia-Herzegovina, entre 1992 y 1995. Pero también es requerido por un tribunal de Belgrado que lo condenó el año pasado en ausencia a 20 años de cárcel por el asesinato de 16 bosnios musulmanes. Lukic le dijo a Urso que acepta “comparecer única y exclusivamente” ante el TPI, pero no quiere que lo manden a su país. De allí huyó para evitar el juicio y, según acotó ante el juez, fue por temor a que lo maten.
“Sé muchas cosas que ocurrieron en la guerra que tuvo lugar en la ex Yugoslavia”, señaló Lukic ante Urso. “Muchos no quieren que se sepa lo que ocurrió en ese lugar. Como dice el refrán, mejor lengua sin voz. Había mucha gente que temía que yo hablase y, si mi hermano, que no había participado en la guerra, fue asesinado delante de su familia, más riesgo corría yo”, se victimizó. Negó, además, toda responsabilidad en los crímenes que se le atribuyen. En Belgrado, el ministro de Justicia, Zoran Stojkovic, dijo que pedirán la extradición, pero explicó que primero deberá ser sometido a la Justicia internacional.
Según el acta de acusación del TPI del 2 de agosto de 1998, Lukic integró unidades de la policía y militares formadas para establecer un “reino de terror” contra la población musulmana en la ciudad de Visegrad. El tribunal, que tiene sede en La Haya, Holanda, debe mandar a la Argentina un pedido de extradición antes de los próximos 30 días.
Lukic, asistido por la defensora Silvia Otero Rella, confesó ante Urso que llegó a la Argentina con un pasaporte falso que llevaba su foto y el nombre Goran Djukanovic. Relató que con ese documento estuvo previamente un tiempo en Brasil, de donde se fue “al enterarme de que ofrecían plata para asesinarme”. A esta altura, dijo, tenía “decidido entregarme” y por eso no opuso resistencia cuando el lunes lo interceptó un operativo de la Policía Federal y la SIDE en el momento en que se bajaba de un taxi, en la puerta del edificio donde había alquilado un departamento, en Junín al 1300.
El criminal, al parecer, había firmado un contrato de alquiler por 90 días, que pagó en euros por adelantado. A los locatarios les dijo que había venido al país a hacer negocios. El encargado del edificio dijo que estaba allí desde hacía unos quince días y lo definió como una persona “tranquila y educada”. Es el segundo caso de un serbio acusado de crímenes de lesa humanidad detenido en el país. A comienzos de junio fue apresado en Mendoza Nebjosa Minic, acusado del asesinato de 40 albaneses.