Los agentes penitenciarios bonaerenses que torturaron al preso Cristian López Toledo a golpes y con el paso de corriente eléctrica en la cárcel de La Plata, le dijeron que en cualquier unidad la iba a pasar mal porque el Servicio es una gran familia y que le quitarían las ganas de denunciar. Esa gran familia no podría existir sin la protección del poder político y de la justicia que desde hace dieciocho años toleran todos los abusos penitenciarios y policiales en la provincia de Buenos Aires, bajo los sucesivos gobiernos de Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Rückauf y Felipe Solo. Esta vez la Comisión Provincial por la Memoria consiguió probar con peritajes médicos realizados a tiempo el paso de corriente eléctrica por el cuerpo de López Toledo y el gobierno provincial no tuvo más remedio que hacerse cargo. El gobernador interrumpió por una hora la campaña electoral para recibir a la Comisión, que presiden Adolfo Pérez Esquivel y el fiscal general del Bahía Blanca Hugo Cañón y que integran entre otros Laura Conte y los ex legisladores provinciales Elisa Carca y Alejandro Mosquera. Pero cuando los periodistas lo interrogaron, Solo minimizó los hechos y dijo que lo mismo ocurre en las cárceles federales y en otras provincias. El gobierno nacional no replicó la gentileza de su protegido.

La destrucción de un hombre:

En octubre de 2004, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un detallado informe sobre corrupción, tortura y otras prácticas aberrantes en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Titulado “El sistema de la crueldad”, sólo obtuvo respuestas cosméticas. El gobernador prometió que iniciaría sumarios administrativos para apartar de las fuerzas de seguridad a los imputados en dos mil causas penales, que fiscales y jueces enviaron al archivo sin investigación adecuada. Cuatro meses después, la Comisión inquirió sobre el avance de esos sumarios. “Desconozco”, respondió el ministro de justicia Eduardo Di Rocco. “Nada se ha hecho al respecto”, dedujo la Comisión. Su declaración difundida en abril dijo que “la cantidad de muertes en las cárceles bonaerenses resulta alarmante y puede considerarse el resultado de una verdadera política de exterminio”. En 59 días de enero y febrero murieron en forma violenta 29 presos (59 por ciento por herida de arma blanca, 31 por ciento por asfixia y quemadura y 10 por ciento por ahorcamiento), a razón de uno día por medio. En el mismo lapso murió un preso de SIDA cada semana y más de uno debido a las denominadas “causas naturales” o paro cardiorrespiratorio no traumático. La Comisión rechazó la naturalidad de esas muertes y lo ejemplificó con el caso del preso en la cárcel de Bahía Blanca Haroldo Antonio Cárdenas Otegui, quien murió a sus 31 años deshidratado y desnutrido, sin que se le proveyese suero.
“Cuando el Estado se ausenta de la efectiva conducción de un área de su exclusiva incumbencia, como lo son las cárceles, es responsable –por acción o por omisión– de todos los delitos que comete el personal a su cargo”, dijo la Comisión.
“Cuando un fiscal no investiga seriamente un hecho denunciado, cuando un juez rechaza un hábeas corpus sin indagar por afuera de los involucrados acerca de las causas que demandan su intervención, cuando el juez de ejecución no verifica las condiciones de detención de un interno a su cargo, cuando los defensores oficiales no visitan a sus defendidos, no realizan las gestiones tanto judiciales como administrativas para asegurar la legalidad de los procedimientos y de las detenciones, cuando los jueces difieren la intervención o las realizaciones de juicios, cuando los tribunales superiores tienen en espera los juicios sin dictar sentencia para ir cerrando los trámites, están todos contribuyendo a esta calamidad generalizada que importa un irreparable agravio a la condición humana,” agregó.
Según la Comisión las cárceles de la provincia de Buenos Aires “semejan a los campos de concentración que describe Primo Levi en su libro Si esto es un hombre.” El escritor italiano sobreviviente de Auschwitz escribió que no había palabras “para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre” y que “más bajo no se puede llegar”. En respuesta a esta comparación, el gobierno provincial prohibió filmaciones en las cárceles, con el pretexto de proteger la privacidad de los presos. Esta semana, el gobernador prometió a la Comisión que levantaría esa veda. Las filmaciones que la Comisión realizó en las cárceles bonaerenses ridiculizan aquella afirmación sobre la privacidad y exhiben qué es lo que se pretende proteger: el hacinamiento, la suciedad, la desatención médica, los castigos cotidianos, los asesinatos alevosos.

Represalias:

El 5 de mayo, al mes siguiente de la presentación de este informe que enfureció a Felipe Solo, Pérez Esquivel y otros miembros de la Comisión visitaron la cárcel de La Plata en compañía de algunos de los Defensores que se preocupan por estos casos, María Dolores Gómez, Marcela Piñero y Gabriel Ganón. Allí se entrevistaron con varios detenidos, entre ellos López Toledo, quien había formulado una denuncia contra el personal de la U30 de General Alvear, donde lo habían golpeado y quemado con cigarrillos mientras trataban de estrangularlo. A partir de entonces, “en cada Unidad en la que fui alojado sufrí golpizas que los penitenciarios adjudicaban a mis ganas de denunciar. Me decían que por haber hablado iba a padecer toda mi vida las consecuencias. Fueron consecuentes con esta afirmación: los golpes ya no cesaron, fui castigado en pabellones sin conducta o buzones, hace tiempo que no puedo caminar un rato por un patio y sufro la provocación o agresión permanente de los guardias y otros detenidos que trabajan para el Servicio”.
El 10 de mayo la Comisión recibió un llamado telefónico de la defensora María Dolores Gómez: la noche anterior López Toledo y otro de los presos entrevistados por la Comisión habían sido sometidos a maltratos en la U9. La Comisión fue creada por ley para trabajar sobre la memoria de los crímenes del terrorismo de Estado. Pero debido a la profusión de casos del presente, estableció un Comité contra la Tortura que coordina Alejandro Mosquera. Junto con los abogados Inés Jaureguiberry y Roberto F. Cipriano Garcia, con la Directora Ejecutiva de la Comisión por la Memoria, Ana Cacopardo, y con un camarógrafo, Mosquera concurrió entonces a la cárcel. Antes de cualquier peritaje eran evidentes las marcas de golpes en la cara y todo el cuerpo de los dos presos y las lastimaduras en sus muñecas, consecuencia de los alambres con que fueron atados a las camillas donde los castigaron. Ambos contaron por separado la misma historia. Los sacaron de sus celdas por la noche con la excusa de hacerles un examen psicofísicoy los llevaron a Sanidad. Un médico flaco, cuyo nombre López Toledo no conoce, le pidió que se desnudara para revisarlo. “Me quito el buzo y remera y cuando estaba por quitarme el pantalón irrumpen en la habitación tres personas vestidas con el uniforme que utilizan quienes están a cargo de los traslados (es símil camuflage color celeste, negro y azul), cubiertos todos con pasamontañas y gorro con visera, quienes comienzan a golpearme con palos, me tiran al piso y me patean en todo el cuerpo, para luego subirme y acostarme en la camilla a la cual me atan con alambres de las manos y piernas. Sobre la camilla y atado comienzan a utilizar una picana, la que me aplican sobre ambos empeines mientras me decían que eso me iba a sacar las ganas de hablar y denunciar a la familia penitenciaria. Se reían y burlaban de mis gritos y pedido de ayuda.”

El peritaje:

López Toledo se animó a presentar la denuncia formal, con el patrocinio de los abogados de la Comisión. El otro preso no: le falta poco para recuperar la libertad y teme las represalias del SPB. Por exigencia de la Comisión al Secretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social Carlos Rotundo ambos presos fueron trasladados a otras unidades para garantizar sus vidas e integridad. La Comisión se entrevistó con la fiscal Virginia Bravo y le pidió que a diferencia de lo habitual en la provincia no demorara los peritajes, ya que las marcas desaparecen en pocos días. Mosquera le transmitió el mismo pedido al Juez de la Suprema Corte provincial Luis Genoud. Esta suma de gestiones excepcionales permitió que se llevara a cabo 48 después de los hechos un peritaje que debería ser de rutina en casos semejantes. Luego de revisar a López Toledo, la perita médica Emma Virginia Créimer dispuso la extracción de piel de las zonas afectadas por el pasaje de corriente eléctrica. El 21 de junio se conocieron los resultados del peritaje anátomo-patológico de la Asesoría Pericial, que depende de la Suprema Corte. Según el informe firmado por Cecilia Villodo los cambios morfológicos en la piel son compatibles con una “lesión microzonal por pasaje de corriente eléctrica”.

La ronda:

Un mes más transcurrió hasta que la Comisión pudo conocer este resultado. Entretanto López Toledo hizo la ronda usual por varias unidades. Primero lo llevaron a la 28, de Magdalena, donde pasó por tres pabellones distintos. El 12 de mayo, antes de llevarlo a La Plata para el peritaje, lo condujeron a la oficina del Director de la Unidad, Castrovichi, donde el Jefe del Penal Keegan y otro oficial de apellido Rojas le advirtieron: “Tené cuidado con las denuncias que hacés porque a veces las consecuencias las sufre la familia de uno”. Unos días después el preso llamó a su casa. Su esposa estaba muy asustada porque la habían amenazado por teléfono “por lo que él estaba haciendo”. López Toledo no había contado a su familia lo sucedido, para no alarmarlos. Otro día al mediodía, todos los presos fueron encerrados en sus celdas. La puerta de la de López Toledo se abrió. Ingresó otro preso que lo atacó con una faca. López Toledo se cubrió y la hoja que buscaba el cuello o la cara sólo lo hirió en un brazo y una pierna. Cuando el atacante salió, López Toledo lo persiguió hasta su celda, pero en ese momento llegaron los guardiacárceles quienes lo redujeron y enviaron al pabellón de castigo. De Magdalena lo trasladaron al Penal de Azul y luego a los de Melchor Romero y Dolores. Al llegar a Dolores descubrió que a su mismo pabellón habían llevado al preso que lo atacó con la faca, de apellido Lozano, lo cual contraría todas las normas.
–¿Por qué lo hiciste? –le preguntó al día siguiente en el patio.
–Me mandaron y no pude evitarlo. No quiero tener problemas –le contestó.
El 3 de agosto la Comisión puso todos estos hechos en conocimiento de la fiscal Bravo y le pidió que allanara la U9 de La Plata. La fiscal accedió y dijo que había recibido muchas denuncias de esa cárcel. Durante el allanamiento, el 9 de agosto, se secuestraron varias facas de los casilleros de suboficiales y oficiales del SPB, una capucha como la que utilizaron los agresores de López Toledo, un aparato para calentar agua que podría haberse utilizado para pasar corriente eléctrica y los libros del penal en los que se comprueba que aquella noche llegó un grupo de personal de la División Traslados.

El candidato:

El gobierno nacional ha utilizado la alianza con el ex subcomisario Luis Abelardo Patti para señalar el acercamiento del ex senador Eduardo Duhalde con el menemismo. En cambio nada ha dicho de algo más grave, como es el prontuario del propio Patti, quien tiene por lo menos cuatro causas judiciales por secuestros, torturas, asesinatos y encubrimiento:

1) Está procesado desde 2003 en la causa por los crímenes del ex Batallón 601 del Ejército, desde que el juez federal Claudio Bonadío descubrió que le hizo llegar dinero al buscado teniente coronel (R) Jorge Granada. En su indagatoria, Patti reconoció su amistad con Granada pero dijo que no sabía que estaba prófugo. Está probado lo contrario: el tribunal grabó una conversación en la que Granada le dice a Patti: “Se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme”. Asediado por los periodistas, Patti acudió entonces al mismo discurso de sus flamantes asociados políticos: “Tenemos que mirar para adelante porque no soluciona el problema de la gente estar en estas pavadas”, dijo. La Cámara Federal confirmó su procesamiento pero Patti quedó en libertad mientras dure el proceso, porque la pena máxima para el encubrimiento es de tres años.

2) En 1983 Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi fueron secuestrados ante testigos en el bar Magnum de Rosario y asesinados horas después en Zárate por Patti. La dictadura dijo que se había tratado de un enfrentamiento pero el peritaje de los tejidos estableció que antes de la muerte habían sido golpeados, torturados con picana eléctrica y atados con cuerdas que dejaron su marca en la piel y que los disparos mortales fueron efectuados a quemarropa. Sin embargo fue sobreseído, porque no se consideró probada la relación entre el secuestro y la muerte de Cambiasso y Pereyra Rossi. Después de las torturas pudieron haberse fugado o sido liberados, conseguido un vehículo y armas y marchado hacia Zárate donde, por casualidad, se toparon con Patti quien, en legítima defensa, los mató. La Cámara II de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento.

3) En 1975, durante una manifestación, Patti tuvo una fuerte discusión con el militante Gastón Gonçalves, quien luego del golpe militar fue secuestrado. La última vez que lo vieron con vida, en abril de 1976, fue en la comisaría de Escobar, donde lo torturaron. Allí prestaba servicios Patti. Su hijo, también llamado Gastón Gonçalves, fue entregado en adopción a una familia amiga del juez. Gonçalves (h), músico en la orquesta de rock “Los Pericos”, es quien reconstruyó la historia.

4) En 1990, Patti fue detenido por las torturas a los acusados de robo Mario Bársola y Miguel Guerrero. Los peritajes probaron el paso de corriente eléctrica y el juez Raúl Borrino lo procesó. Luego de que una turba ocupara el juzgado, la Cámara de Apelaciones apartó a Borrino porque carecía de tranquilidad de espíritu y su reemplazante Raúl Casal lo dejó en libertad por razones formales, sin negar la veracidad de los hechos. El juez que sucedió a Casal, Juan Carlos Tarsia consideró probado que los detenidos Bárzola y Guerrero fueron “sometidos a diversos actos de violencia física, los que dejaron huellas que fueron certificadas en autos a través de reconocimientos médicos”. Pero dejó pasar el tiempo sin llevar a cabo las medidas procesales necesarias y terminó por absolver a Patti por prescripción.

Complicidades:

El juez Carlos Villafuerte Ruzo no ha mostrado interés en la reapertura de las causas Gonçalves y Cambiasso-Pereyra Rossi. Se comprende la razón: en todas las causas en las que Patti eludió el castigo aparece la mano de su nexo con el duhaldismo, José María Díaz Bancalari. El juez que sobreseyó a Patti por el asesinato de Pereyra Rossi y Cambiasso y que entregó en adopción al hijo de Gonçalves es Juan Carlos Marchetti, quien sucedió a Díaz Bancalari como abogado de Naldo Brunelli, el secretario general de la UOM de San Nicolás. Esa organización avaló la promoción de Villafuerte Ruzo a la magistratura. Además, uno de los camaristas que confirmó la absolución, Oberdan Andrin, es cuñado de Díaz Bancalari. No es asombroso que Hilda González de Duhalde opine que “Kirchner debilita la democracia” y que en cambio “Patti es un hombre de la democracia”. Más difícil resulta comprender el silencio del Poder Ejecutivo sobre estos antecedentes de Patti. La Comisión Provincial de la Memoria fue acompañada en la denuncia de las torturas a López Toledo por el subsecretario de derechos humanos de la Nación Rodolfo Matarollo, lo cual implica un apreciable cambio de actitud. Pero tanto víctimas como victimarios saben que sin una decisión política en el más alto nivel, la Familia una vez más no tendrá nada que temer.