Entre las voces más críticas a la prescripción de las causas contra jueces figuran la diputada Marcela Rodríguez (ARI), el radical Juan Mínguez y los abogados Beinusz Szmukler, Eduardo Orio y Luis Pereyra Duarte. Creen que dos años es un lapso exiguo en un órgano colegiado, cuyas decisiones están sujetas al quórum y donde la instrucción de las denuncias suele durar un promedio de tres años. Rodríguez incluso alerta sobre la posible inconstitucionalidad. Szmukler considera clave establecer un plazo para comprometer a los consejeros a investigar y no cajonear las denuncias. Esta semana hará circular un proyecto, con chances de lograr consenso, que propone estirar la caducidad a tres años. Cuando hubiese transcurrido ese tiempo desde que llegó la denuncia, dice, si no hubo dictamen de la Comisión de Acusación “se procederá al archivo de las actuaciones”. El borrador prevé prórrogas por períodos de seis meses e interrupciones. Y si el caso fue archivado pero aparecen nuevas pruebas, los consejeros podrán reabrirlo. La comisión acusadora deberá ser “informada trimestralmente del movimiento registrado en las causas”, dice la propuesta. Si se advierte “inactividad”, deberá “intimar al moroso a que en el plazo de cinco días exprese las causas de la demora y continúe la tramitación bajo apercibimiento de elevar informe al plenario”. Para el próximo plenario están invitados a exponer su postura el Centro de Estudios Legales y Sociales, Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, entre otros.