Una vieja causa archivada por la Justicia de instrucción revela que la legisladora porteña por el macrismo, Fernanda Ferrero, mintió al asegurar que Eduardo Enrique Massera hijo, hoy detenido por estos hechos, sólo había tenido una relación ocasional con Vanexva, la financiera de la que ella y su marido, Guillermo Ferrero, fueron socios fundadores y contribuyó a blanquear el dinero mal habido del ex almirante. En aquel antiguo expediente, Massera hijo detalló la intensa relación personal y de negocios que mantuvo con los Ferrero en Vanexva desde 1983. Lo mismo ratificó luego el esposo de la diputada. Más aún, Ferrero admitió que en Vanexva estaban depositadas las acciones de Misa Chico, la sociedad de los Massera que sirvió para desapoderar de los valiosos terrenos de Chacras de Coria a los empresarios mendocinos Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini, Conrado Gómez y Horacio Palma, secuestrados, torturados y asesinados en la ESMA.

Tomala vos, dámela a mí

Una denuncia de la Embajada de Italia dio origen a la vieja causa por el asesinato y despojo de los empresarios mendocinos. Los expedientes fueron y volvieron de Mendoza a la Capital Federal por cuestiones de jurisdicción hasta que, finalmente, el ex juez de instrucción Rodolfo Ricotta Denby resolvió archivar las actuaciones. En ese marco, en mayo de 1988, Eduardo Massera hijo realizó una presentación espontánea. Pocos días más tarde declaró su amigo, Guillermo Ferrero. Huelga decir que ambos testimonios fueron coincidentes e igualmente inverosímiles.
Massera hijo expresó que “se asoció con Guillermo Ferrero, más precisamente fue habilitado en los negocios que éste llevaba (...). Con el tiempo, el nombrado (Ferrero), propietario de una agencia extrabursátil de nombre Vanexva, lo designó director por el término de un año, más o menos en 1984, y luego continuó como asesor”. Massera consignó que, para su sorpresa, artículos periodísticas lo habían vinculado a Misa Chico (la sociedad que integró junto a su tío Carlos Massera), pero que el verdadero dueño de la sociedad era un cliente de Ferrero llamado Roberto Castellanos (un testaferro habitual de Massera). Agregó que, tras leer esos artículos, comentó la cuestión con Ferrero, “quien de inmediato le aclaró que Roberto Castellanos era una persona con la cual había efectuado varias operaciones financieras desde tiempo atrás, recordando en particular una cesión de crédito que se instrumentó por escritura pública en el año 1984, con caución de valores y garantía de acciones de una sociedad denominada Misa Chico”. A continuación, Ferrero le prometió hablar con Castellanos para preguntarle por qué razón aparecía el nombre de Eduardo Enrique Massera en la sociedad. La respuesta que, en el relato de Masssera, habría dado Castellanos, fue un monumento al carácter transitivo: como las acciones de Misa Chico estaban en poder de Ferrero y éste estaba muy ligado a Massera hijo, sin pedir autorización utilizó su nombre con el fin de presentar las actas de asamblea, la integración del directorio ante la Inspección General de Justicia. Además, consideró que no lo perjudicaba, que nunca se enteraría y, por lo demás, a él le servía para obtener créditos, “pues en aquella época tenía muchas ventajas contar con un hijo del almirante en el directorio” (Eduardo Massera dixit). Pese a su disgusto y al problemón que se avecinaba, Massera hijo no accionó contra Castellanos porque, dijo, era cliente de su amigo Ferrero. Cuando el tribunal le presentó las actas de Misa Chico, insistió en que no conocía a los accionistas, salvo a su tío Carlos, por supuesto, y a Francisco Suriano, “a quien conoció en años posteriores por una operación financiera que hizo con Vanexva”. Ante la pregunta de si había dado como domicilio al Colegio de Abogados la dirección de Cerrito 1136, piso 10, también sede social de Misa Chico, Massera hijo reflexionó que era posible porque, al fin y al cabo, “era la oficina del viejo”. Al terminar su presentación “espontánea”, Massera informó que Ferrero podía ser citado en el estudio de su hermano, Osvaldo Ferrero en Rodríguez Peña 617. (No es inútil recordar que Rodríguez Peña 617, 5 piso, estudio del cuñado de la diputada Fernanda Ferrero, es el mismo domicilio que fijó Héctor Wendeler, accionista de Azuka, otra de las sociedades de blanqueo del ex almirante Massera.)
Cinco días después, el 17 de mayo de 1988, compareció Ferrero frente a los funcionarios judiciales. Ferrero señaló que él y su esposa (la actual diputada macrista Fernanda Ferrero) eran propietarios de la extrabursátil Vanexva, donde tenía como “colaborador estrecho y asesor a Eduardo Massera, quien en una ocasión y por el lapso de un año fue también director”. El año era 1984. Ferrero refirió conocer a Roberto Castellanos, supuesto propietario de Misa Chico, y haber tenido con él una asidua relación comercial desde 1978 o 1979 y habiéndole vendido un crédito sobre la empresa Sasetru (La Financiera Sasetru estaba ligada a Guardia de Hierro y ésta organizaba la ingeniería financiera del ex almirante). Respecto de las acciones de Misa Chico, Ferrero señaló que, dado que Castellanos necesitaba 10 mil dólares, él tomó en caución las acciones de la sociedad. Acerca de la constitución accionaria de Misa Chico (Eduardo Massera hijo, Carlos Massera –hermano del ex almirante– y Pedro Añón), Ferrero mantuvo la coartada de su amigo, Eduardo Massera hijo. Para tratar de hacer creíble lo increíble, fue todavía más allá: consignó que Castellanos le había recordado que ambos habían acordado incluir los nombres de los Massera porque el apellido “prestigiaba” y daba “imagen de seguridad y solvencia”. Los datos de los Massera, dedujo, se los habría dado a Castellanos un empleado infidente o, quizás, él mismo. Un descuido.
Castellanos, a todo esto, debía revolverse en su tumba, puesto que hacía un tiempo que había dejado este mundo. Massera y Ferrero habían acudido a la remanida fórmula de cargarles la romana a los muertos. Como se verá, los Ferrero, Guillermo y Fernanda no sólo trabajaban junto a los Massera en una de sus lavanderías (Vanexva); fueron depositarios de las acciones de Misa Chico, el símbolo del despojo, la trademark de la política del “botín de guerra”.