El Club del Cemento sufrió un fuerte revés: la Justicia desestimó ayer su planteo de prescripción de la causa por la cual las cinco empresas que lo componen fueron multadas en 310 millones de pesos. La sanción queda firme hasta tanto se dicte un fallo sobre el fondo de la cuestión. En el Ministerio de Economía esperan confiados, ya que recuerdan que en 25 años los jueces nunca revirtieron una decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Esa dependencia fue la que realizó la investigación sobre el comportamiento cartelizado de las compañías cementeras e impuso las penalidades. Si bien a la batalla judicial le quedan varios capítulos, las empresas apostaban sus mayores chances de librarse de la multa a la maniobra que acaba de naufragar.
El 26 de julio último, Roberto Lavagna dio a conocer un dictamen de Defensa de la Competencia –organismo que depende de su cartera– lapidario: comprobó que a lo largo de 18 años, entre 1981 y 1999, las empresas Loma Negra, Cementos San Martín, Minetti, Cementos Avellaneda y Petroquímica Rivadavia (esta última, desde 1989) se repartieron cuotas de mercado y acordaron los precios de sus productos. El escandaloso mecanismo de cartelización funcionó de manera muy aceitada a escala nacional. Las compañías cubren la totalidad de la demanda de cemento en el país. Todas ellas y la Asociación de Cemento Portland, que actuó de nexo, fueron obligadas a pagar multas por un total de 309,3 millones de pesos.
De inmediato, las empresas iniciaron su contraofensiva en tribunales. El primer intento, y también el más ambicioso, dado que si prosperaba ninguna de ellas hubiera tenido que pagar un peso, era plantear la prescripción. Su argumento fue que las causas por las cuales se las sancionó habían caído debido a que el Estado no investigó en su momento –ni produjo actos procesales– los ilícitos imputados. La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, tribunal de alzada de la Comisión de Defensa de la Competencia, desestimó ayer la presentación de las cementeras.
Lo más curioso es que los jueces Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos utilizaron como prueba de que el Estado inició las actuaciones a tiempo las desmentidas que las firmas Cementos Avellaneda, Minetti y Corcemar (estas últimas, luego fusionadas) hicieron en agosto de 1999 de una investigación del periodista Marcelo Zlotogwiazda. En ese artículo se denunciaban los acuerdos de precios y el reparto de mercados a partir de julio de 1981. La Comisión de Defensa de la Competencia recogió el guante y abrió un expediente de oficio. Eso ocurrió el 31 de agosto del ’99.
Según citan los magistrados, en aquella oportunidad las compañías negaron los hechos y con ello se dieron por notificadas de las averiguaciones oficiales. Por lo tanto, las multas que se aplicaron el mes pasado respetaron los plazos procesales y no corresponde dar las causas por prescriptas.
“Mi mandante ha sido notificada del contenido de un artículo aparecido en la revista Veintidós (...) Minetti y/o Corcemar no intervinieron en ningún ‘pacto’ con otras fábricas de cemento en el año 1981 para repartirse el mercado de cemento”, reprodujeron los jueces en su fallo la carta de los abogados de esas empresas. “De este modo –concluyen los magistrados–, se advierte que Minetti y Corcemar pudieron brindar las explicaciones preliminares del caso con relación a todos los períodos involucrados en la denuncia, razón por la cual no han visto perjudicado el derecho de defensa en juicio que les asiste.”
La multa más elevada, de 137,8 millones de pesos, recayó sobre Loma Negra, la cementera más grande del país, con una participación de mercado del 48 por ciento, que a comienzos de año pasó a manos de la constructora brasileña Camargo Correa. Cemento San Martín, subsidiaria de Loma Negra y también controlada por Camargo Correa, fue multada con 28,5 millones de pesos. Minetti, controlada por el grupo suizo Holcim (domina el 35 por ciento del mercado), y Cementos Avellaneda, de las españolas Molins yUnilan (16 por ciento), fueron castigadas respectivamente con multas de 100,1 y 34,6 millones de pesos. La única en manos locales es Petroquímica Comodoro Rivadavia (3 por ciento), que recibió una sanción menor, de 7,3 millones de pesos, porque fue “forzada” por sus competidoras a participar de las maniobras de cartelización desde 1989. Finalmente, a la Asociación del Cemento Portland le aplicaron una multa de 529 mil pesos.