Dicen que era tan pobre de chico que pasaba horas en la biblioteca estudiando con libros prestados. Que eso era una cosa buena. Que hablaba bien de sus ganas de crecer. Hijo de inmigrantes ucranianos en una ciudad de libaneses y de familias de fervientes tradiciones católicas, el pequeño Néstor Carlos Ick logró alcanzar con los años el título de abogado. Su carrera política comenzó en 1976, cuando los dueños del diario El Liberal de Santiago le ofrecieron una sociedad en CasTV, la única televisión abierta de la provincia, por años el órgano de difusión de la política juarista. En este momento, su nombre aparece mezclado con una serie de rumores detrás de la trama de la operación Maccarone. Para los santiagueños, es dueño del poder real de la provincia, operador financiero, económico, político y judicial. Pero Ick sería poca cosa si solo es santiagueño. Este diario publicó en septiembre de 2004 sus relaciones con el duhaldismo, la provincia de La Rioja y José Luis Manzano. Una serie de contactos que instalan su nombre y el de Maccarone en la coyuntura electoral.
Los emprendimientos comerciales ganados por el grupo Ick en Santiago son a esta altura conocidos. Desde los medios de comunicación ganó consenso en la casa de gobierno de los Juárez, donde obtuvo contratos millonarios en las privatizaciones de los ’90. “Los santiagueños –decía entonces– teníamos que participar y no (dejar) que los de afuera vinieran a comprar todas las empresas que existían aquí.” Atado al Estado y con una capacidad de influir en la Justicia Federal poco entendible fuera de esta provincia, este empresario moderno ganó terreno en una estructura políticamente arcaica. Pasó de controlar 4 empresas en 1995 a 29 en 2004. Entre ellas, se encuentran las que lo vinculan fuera de la provincia: en el cable retiene un 15 por ciento de una sociedad compartida por el grupo Vila-Manzano, y es accionista del Banco La Rioja. Entre sus operadores políticos de mayor jerarquía sus opositores le señalan en estos días al veterano Tata Jofre. Hacia fines de septiembre del año pasado, cuando el Ejecutivo decidía prorrogar el plazo de la intervención por otros seis meses, el empresario pidió ayuda a esa cadena de amigos e incluso golpeó las puertas de la Casa Rosada. Página/12 publicó el 28 de septiembre que salía a tender puentes con Eduardo Duhalde y, más en sordina, con su amigo el ex ministro del Interior José Luis Manzano.
Esos nombres se escuchan en los bares, en las calles, en la puerta de la catedral de Santiago cuando se menciona el episodio del obispo. La intervención federal se retiró a comienzos de abril y desde entonces la provincia está gobernada por una extracción joven de un radicalismo aún raquítico y sin muchas condiciones de contrapoder. “Si Lanu- sse no pudo sacarlo, no me lo pidan a mí”, dijo a este diario un interlocutor del gobernador Gerardo Zamora. Su gobierno acaba de devolver a Ick alguno de los beneficios perdidos durante la intervención: la renegociación del canon mensual para el banco de Santiago del Estero, ahora pautado con un dólar a 1,20, y cinco millones de pesos de una deuda con Edese, la compañía eléctrica del grupo.
Lo mismo sucede con sus medios. El grupo de Ick planteó una denuncia en noviembre de 2004 y volvió a hacerlo en julio contra el diario El Liberal en el Juzgado del Crimen. Pidió una comisión interventora para el diario, en una escalada que alcanzó al Canal 3 de la Universidad Católica de Santiago, que comenzó a trasmitir el 16 de noviembre de 2004 con la autorización del Confer y por decreto del Ejecutivo, pero nunca funcionó de forma completa. Una denuncia presentada por los propietarios de Canal 7 –el grupo Ick, nuevamente– consiguió aire en el despacho del juez Angel Jesús Toledo, el único federal de la provincia. Toledo dictó una medida cautelar que desde entonces limita la programación entre las ocho de la noche y la una de la mañana.”
“Cuando en Santiago del Estero se habla de concentración económica, se habla del grupo de Néstor Ick”, razonaba ayer Spacavento, ex ministro de Salud de la intervención federal, que voló a la provincia para sumarse a la marcha del viernes en apoyo al obispo. “Lo dice la gente, por eso es una obligación del oficialismo y la oposición que se investigue este suceso para ver si actuaron autores ideológicos o intereses vinculados con el poder económico.”