El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni aseguró ayer que la Justicia penal “tiene que intervenir en cuanto a la protesta social sólo cuando se producen actos de violencia intolerable, es decir, cuando la protesta social es la ocasión de un delito”. Zaffaroni estuvo ayer en Rosario con motivo del Día del Abogado y luego tuvo un breve encuentro con los periodistas. Indicó también que prefiere los llamados “sistemas cruzados” para designar a los integrantes de las Cortes de Justicia. “Para eso –dijo– hace falta la reforma constitucional”, que permita la fijación de períodos largos pero con término. Zaffaroni opinó también que “no se puede mandar a la Justicia todo lo que la política no puede resolver”, en relación con lo que se conoce como la judicialización de la protesta social.
En la Casa del Foro, Zaffaroni habló ayer sobre “Sistema parlamentario y presidencialismo - Sistema de control de constitucionalidad”, y dijo que el deterioro de la imagen de los poderes legislativos en América latina es producto “de los abusos del presidencialismo”. Explicó que un sistema parlamentario “forzaría las alianzas, neutralizaría los riesgos de atomización de las fuerzas políticas, haría más transparentes las alianzas, ayudaría a neutralizar los golpes de Estado, porque siempre es más tentador sacarle el poder a una persona que a una asamblea”.
Con respecto a la intervención de la Justicia en los casos de protesta social, indicó que “la Justicia penal tiene que intervenir cuando se producen actos de violencia intolerable, es decir, cuando la protesta social es la ocasión de un delito”. Agregó que, “si no, es una cuestión política, que tienen que resolver los políticos. Si hay corte de ruta que no pone en peligro la integridad física, la propiedad o algún otro peligro puede tratarse de una contravención, pero no creo que sea un delito que esté contenido en el Código Penal”.
Refiriéndose a los derechos conculcados de quienes no pueden llegar a su trabajo por la protesta, especificó que “el derecho de llegar a horario no es asimilable, por ejemplo, al levantamiento de los rieles del ferrocarril. No digo que la conducta sea lícita, pero desde el campo de lo antijurídico no todo es delito, son contravenciones que pueden ser federales, provinciales o municipales. No hay que mandar a la Justicia todo lo que desde la política no se resuelve”.
“Las Cortes –explicó al hablar sobre el sistema de nombramiento de los jueces de la Corte– se renuevan conforme lo establecen las constituciones. Si me preguntan si a mí me gusta que sea el Presidente el que siempre propone a los ministros diré que no. Pienso en el nombramiento cruzado, el sistema que tienen los tribunales constitucionales europeos, donde los nombramientos tienen término, con períodos largos, de 8 o 10 años y no provienen de la misma fuente política. A unos los designa el Presidente, a otros el Senado, a otros el Consejo de la Magistratura o la Cámara de Representantes. En cuanto al número de quienes integran la Corte nacional, creo que es conveniente no tocarlo más hasta una reforma constitucional. Se achique o se agrande, todo tendrá una lectura política.”
Sobre las jubilaciones, indicó que “lentamente hay que cumplir con la Constitución. No somos insensatos en la Corte y esto requiere capacidad de financiación, pero a medida que van mejorando las condiciones hay que ir cumpliendo con el 82%”.