Hace un año y dos meses llegó a la Corte Suprema. Esta semana Elena Highton de Nolasco se convirtió en su vicepresidenta, el cargo que antes ocupaba Augusto Belluscio. A diferencia de su antecesor, ella sostiene que la relación del tribunal con el Gobierno debe ser muy limitada. Y alerta: en las resoluciones “no debe primar el interés del Poder Ejecutivo”. “Hasta ahora nuestros fallos no le han gustado a más de uno”, se jacta al referirse a la independencia de la nueva Corte. Desde su despacho silencioso, decorado con cuadros pintados por amigas, la jueza anunció que por ahora no habrá fallo sobre los indultos, ni sobre los decretos de necesidad y urgencia ni sobre la pesificación. También explica cómo será la oficina para las víctimas de la violencia familiar que está organizando.
–Una de las preocupaciones de Augusto Belluscio como (ex) vicepresidente de la Corte era profundizar la relación con el Poder Ejecutivo. ¿Para usted va a ser una prioridad?
–No sé si será una prioridad. Por lo menos no una prioridad mía, ya que actúo en lo que delegue el presidente de la Corte. Lo que existe es una interdependencia constitucional para, por ejemplo, proyectos de reforma, que no afecta la independencia de la Corte. En ese sentido, en los últimos veinte años yo he tenido relación con el Ministerio de Justicia: alguna vez habrá sido por la Asociación de Magistrados, otra por cuestiones de remuneraciones, o por capacitación judicial, después por la mesa de diálogo. Esto lo voy a mantener.
–Belluscio también se refería a mejorar el diálogo con el Gobierno cuando hay causas que podrían tener consecuencias institucionales o económicas.
–De causas yo no hablo nunca, no me parece pertinente. Mi idea es que nunca tengo que hablar con ningún miembro de otro poder sobre un expediente o varios expedientes. Otra cosa es hablar por una cuestión informativa, si uno necesita estadísticas que sólo estén en el Gobierno. Un caso serían las estadísticas carcelarias.
–En los fallos en materia económica, ¿debe prevalecer el criterio de caja o el jurídico?
–Tienen que limitarse a lo jurídico. No debe primar el interés del Poder Ejecutivo. Pero tampoco se pueden dictar fallos incumplibles, de lo contrario se mella la autoridad del juez. Y se debe tener en cuenta la repercusión social de las decisiones.
–¿Está bien que el Gobierno opine sobre causas judiciales o fallos? ¿No es intromisión?
–Corre por cuenta de quien opine. Esto se exageró mucho con la excarcelación de Omar Chabán. Pero los políticos son políticos y también opinan. Los fallos son públicos.
–Los empresarios reclaman seguridad jurídica, pero cuando la Corte dictó resoluciones que los afectaban pusieron su interés por delante.
–Digo lo mismo: corre por cuenta de quien se queje. Ha habido cambios importantes en la jurisprudencia laboral y en la previsional también. Eran temas atrasados y hacía mucho que se sabía que hacía falta una reforma. Cuando declaramos la inconstitucionalidad del recurso ordinario previsional, el Senado apenas tardó una semana en derogarlo. Ya estaba listo desde antes.
–¿Está bien que Kirchner siga nombrando miembros de la Corte?
–Así es el sistema constitucional. El Poder Ejecutivo tiene las limitaciones del decreto 222, que permite poner a la luz quién es quien de sus candidatos. Hasta ahora nuestros fallos no le han gustado a más de uno, así que la elección ha sido de jueces independientes.
–¿Preferiría una Corte de menos integrantes?
–La Corte funciona con el número de jueces que determina el Congreso. A mí no me gusta que otros poderes se metan con las sentencias. Así que no me meto con las decisiones de otros poderes.
–¿A Belluscio debería reemplazarlo un radical?
–No tiene nada que ver. Eso de los cupos por partido... no tiene nada que ver conmigo y yo nunca tuve nada que ver con ningún partido.
–Usted va a estar a cargo del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Está conforme con su funcionamiento hasta el momento?
–Todavía tengo que interiorizarme. No quiero adelantarme. En cuanto a la estructura del jurado, la Corte ya el año pasado reasumió la superintendencia e hizo una reducción (se detectó que había gran cantidad de empleados que cobraban y casi no trabajaban) dejando en planta sólo un letrado y un escribiente para cada vocal.
–¿Hay corrupción en el Poder Judicial?
–En la Justicia que yo conozco casi no hay corrupción. Son pocos casos y son los famosos.
–El Consejo de la Magistratura el año pasado hizo una estadística que mostraba que en promedio el jurado venía haciendo uno o dos juicios políticos por año. ¿Qué le pareció esa cifra?
–Será que afortunadamente son pocos los jueces corruptos (se ríe). Hay que aclarar que la acusación ante el jury la debe hacer el Consejo de la Magistratura, de lo contrario no hay juicio.
–El Consejo está discutiendo un proyecto para poner un plazo de prescripción de dos años en los expedientes contra jueces. ¿Está de acuerdo con esa idea?
–Hay pros y contras. Muchas denuncias son fruto de la disconformidad de alguna persona con una sentencia. Entonces jueces probos, normales y honestos pueden estar, incluso sin saberlo, sometidos a una investigación. Yo reconozco que me enteré recién cuando me llegó la notificación de la desestimación que alguien me había denunciado. Pero también hay jueces que sí saben de la situación y si se demora la resolución permanecen varios años como rehenes, presionados. Desde otro punto de vista, hay que dar tiempo y no es cuestión de hacer caducar sino de analizar todos los expedientes.
–En relación al conflicto en el hospital Garrahan, ¿está bien plantear el debate como una puja entre el derecho a huelga y el derecho a la vida de los pacientes?
–Como eventualmente puede haber un recurso ante la Corte no voy a hablar. Sólo puedo decir que es un conflicto serio, donde hay intereses muy relevantes en juego. El derecho está para resolver estos conflictos.
–¿La Corte va a fallar sobre los indultos?
–Sólo cuando haya un caso para hacerlo. Ahora no hay, primero tiene que expedirse la Cámara de Casación.
–¿Y sobre el uso de los decretos de necesidad y urgencia?
–No tenemos ningún caso que valga la pena tratar. Los que hay son expedientes viejos sobre reducciones de sueldos de (Fernando) De la Rúa, pero esas disposiciones fueron derogadas y se le devolvió la plata a la gente.
–¿Por qué no han logrado resolver la situación de los ahorristas chicos en los expedientes sobre pesificación?
–Porque no hay mayoría. Hay distintas opiniones. Yo ya voté en el caso Bustos, tengo posición tomada. La discusión pasa por distintos aspectos de la devolución del dinero. También está pendiente la cuestión de las hipotecas entre particulares, pagarés, depósitos judiciales y quiebras. Es una multitud de expedientes. El tema está trabado y habrá que esperar que se nombren los nuevos integrantes del tribunal.
–¿Le parece que la Corte debe tender a buscar mayor consenso en sus decisiones? Aún en fallos unánimes cada uno elige su camino para argumentar...
–El consenso es lo ideal. Pero también es importante lo que existe: el respeto mutuo por las opiniones diversas. Y también importa que las sentencias sean claras. Hay que recordar que antes la coincidencia exacta entre los jueces era lo que se daba por sospechoso.