El Consejo de la Magistratura se decidió a desentrañar cuánto tiene de verdad la mítica historia de los sobresueldos en la Justicia Federal. La Comisión de Acusación del organismo resolvió por unanimidad pedirle al presidente Néstor Kirchner que levante el secreto sobre los fondos reservados de la SIDE para establecer si destinó dinero para repartir extras en negro entre los jueces y otros funcionarios judiciales nombrados a partir de 1989. En la misma reunión dispusieron citar a declarar al ex ministro del Interior Carlos Corach, porque una ex empleada doméstica del juez Jorge Urso dice que le llevó un maletín con dinero a su casa.
El Consejo, que elige a los jueces e investiga su conducta, abrió el año pasado un expediente acerca de los sobresueldos del menemismo, a raíz de que el ex presidente Fernando de la Rúa dijo que él había dejado de pagarlos. Nunca hubo novedades en esa pesquisa. Pero las declaraciones recientes del ex juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio movieron al consejero Beinusz Szmukler a plantear medidas urgentes. “Hay que investigar si alguno de los jueces federales recibían sobresueldos y si se han enriquecido”, había dicho Belluscio –quien se acaba de jubilar– a Página/12. “Todo el mundo tenía entendido que los jueces federales en lo criminal y correccional recibían sobresueldos con excepción de la jueza (María) Servini de Cubría”, señaló, además, al hablar por radio.
Szmukler llegó a la reunión de Acusación de ayer con la transcripción de los dichos del ex supremo y una doble propuesta. Sugería invitar “a los jueces federales a someterse a una profunda investigación sobre la evolución de su patrimonio” y pedir al Poder Ejecutivo “que disponga el levantamiento del secreto que rige la operatoria de la Secretaría de Inteligencia del Estado desde el año 1989 en adelante respecto de la posible entrega no justificada de dinero a jueces y/o fiscales y/o funcionarios judiciales de cualquier jerarquía”.
Por coincidencia, para el mismo encuentro estaba citada una ex mucama de Urso, quien había dicho en televisión que Corach lo visitaba de vez en cuando y que le había llevado dinero en efectivo, que el juez en un descuido dejó sobre la cama. La mujer ratificó todo y dio detalles del supuesto patrimonio del juez federal. Hay un expediente específico sobre este tema en el que ahora tendrán que presentarse el ex ministro del Interior y otros testigos (ver aparte).
“Debe despejarse el manto de sospecha que se cierne sobre los jueces federales de la época citada (el menemismo) y que aún se desempeñan en el Poder Judicial”, decía el texto de Szmukler, representante de los abogados en el Consejo, que renovó el debate. Se refería a Urso, Claudio Bonadío, Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral, Jorge Ballestero y Servini de Cubría. “Los principios republicanos y la transparencia imponen que el conjunto social sepa la verdad toda vez que la mínima sospecha sobre un solo juez enloda al conjunto y porque los propios magistrados cuestionados merecen la oportunidad de refutar un cargo de tal gravedad”, añadía.
La Comisión de Acusación, que preside la diputada Marcela Rodríguez (ARI), finalmente acordó requerir a Kirchner que libere de secreto el uso de los fondos de la central de espías para determinar “si hubo entregas de dinero” en negro a jueces u otros funcionarios de la Justicia. Los consejeros solicitaron “la nómina de quienes percibieron las sumas, los montos recibidos, el concepto por el cual se les pagaba, las fechas, el lugar y la modalidad de pago”. Advirtieron que esto debe salir a la luz “en homenaje a la transparencia y honestidad con la que debe ejercerse la función pública en general y la magistratura en particular”.
Tal como quedó redactado el planteo, el rastreo de los pagos dudosos no debería ceñirse a la Justicia Federal. Tendría que abarcar a todo el Poder Judicial y llegar hasta la actualidad. Para que el petitorio desembarque en la Casa Rosada, todavía hace falta que lo firme el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, también titular del Consejo de la Magistratura.Ya lo apoyaron los miembros de Acusación: los diputados Rodríguez, Juan Mínguez (UCR), Lelia Chaya (PJ), Jorge Casanovas (PJ) y los abogados Szmukler y Luis Pereyra Duarte. Jorge Yoma faltó a la reunión.
“Esta medida pretende transformar las sospechas que siempre hubo en torno a los sobresueldos en certezas”, dijo Rodríguez. Recordó que cuando, junto con Szmukler, acusó al ex juez Juan José Galeano por sus manejos en la causa AMIA, el Gobierno accedió a relevar de secreto a un grupo de agentes de la SIDE, para acreditar el pago ilegal Carlos Telleldín. “Por un tema de coherencia el Poder Ejecutivo debería hacer lo mismo” para que se investiguen los sobres a jueces, advirtió Rodríguez.
Este año la historia de los sobresueldos pagados con fondos reservados adquirió protagonismo por la causa que instruye el fiscal Paulo Starc, que involucra a casi todo el gabinete de Menem. Otros expedientes, sin grandes avances, alcanzan a los otros poderes del Estado. El juez Bonadío cerró dos veces la causa de sobresueldos a diputados del PJ. Más movimiento tuvo la que compromete a senadores, a cargo de Daniel Rafecas. La que se refiere a los extras de los jueces está estancada. Es más: fue el juez Urso –cuando subrogaba el juzgado que ahora ocupa Guillermo Montenegro– quien le tomó declaración a De la Rúa. El ex presidente dijo que tenía sospechas pero no evidencias. Ante el Consejo nunca quiso hablar, le mandó copia de su testimonio judicial. Está por verse si otros caminos dan resultado para conseguir pruebas.