El juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento con prisión preventiva y un millonario embargo para tres marinos represores por el desapoderamiento de inmuebles, dinero y otros valores a ciudadanos secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura. El capitán de corbeta Jorge “El Tigre” Acosta y los oficiales Carlos José Pazo y Jorge Rádice fueron procesados por los delitos de robo y extorsión para alzarse como botín de guerra de los bienes de los secuestrados, que los jerarcas de la Armada incorporaban a sus patrimonios personales tras hacer desaparecer y asesinar a sus víctimas.
El Tigre Acosta, uno de los máximos jefes operativo de la ESMA, fue nuevamente procesado con prisión preventiva y un embargo de 2.400.000 pesos por el desapoderamiento de bienes de las personas secuestradas en el ex centro clandestino de detención. Acosta ya estaba procesado por el mismo delito cometido contra Conrado Gómez y otros tres empresarios a quienes despojaron de valiosísimos terrenos ubicados en Chacras de Coria, en la zona mendocina de Luján de Cuyo, tras haber pasado por la ESMA antes de desaparecer. La misma causa que llevó a la cárcel al hijo del propio ex mandamás de la Armada Emilio Massera, quien formaba parte de la sociedad que se adueñó de los terrenos. Sin embargo, por este hecho la Cámara de Casación Penal le concedió la excarcelación a Acosta, previo depósito de una suma de dinero que hasta ayer no había efectivizado.
La resolución dictada por Torres también alcanzó con la misma calificación penal a otros dos oficiales retirados de la marina: Pazo y Rádice, aunque con embargos de 1.500.000 en cada caso. Acosta se negó a declarar, en tanto que Pazo y Rádice, si bien admitieron su desempeño en la ESMA durante los primeros años de la última dictadura, negaron todo tipo de vinculación con los delitos investigados. Según consta en el expediente, a Rádice (quien aparecería con el falso nombre de Juan Héctor Ríos) se cedían las propiedades que luego eran transferidas a terceros.
Para esa operatoria, los marinos contaban con la colaboración de notarios, que la resolución firmada por Torres vincula a los escribanos Manuel Quirós y Ariel Sosa Moliné. Torres evaluó que, con los instrumentos públicos, se hacían aparecer hechos que no eran auténticos, pero se dotaba de legalidad formal para la posterior transmisión de las propiedades inmuebles o bienes registrables. La irrupción de grupos de tareas de la ESMA en los domicilios de las víctimas también produjo “botines de guerra” como la sustracción de dinero, vehículos (se calculó que llegaron a ser más de 200) y hasta una biblioteca, que se habría apropiado Acosta.
Entre las víctimas figuran Jorge Carlos Munetta, Nilda Actis Garreta, Hugo Tarnopolsky (en cuya vivienda ingresaron mediante el uso de explosivos), Mercedes Inés Carazo y Carmelo Hernández. A Munetta, Actis Garreta los extorsionaron para despojarlos de inmuebles en la avenida Belgrano al 1500 y en la calle Besares al 2000 de Capital. En tanto, Tarnopolsky, en el hecho investigado, perdió un automóvil marca Chevrolet, mientras que a Hernández le sustrajeron dinero y otros valores, y a Carazo su biblioteca. Entre los testimonios, varios ex detenidos contaron que en dependencias de la ESMA había un sector denominado “pañol” donde se acumulaban heladeras, televisores, libros, ropa y muebles robados a secuestrados que luego pasaron a ser desaparecidos. Para decretar los procesamientos, Torres consideró probado que los “desapoderamientos ilegítimos” se lograron “mediante el ejercicio de violencia” física o moral a las víctimas en los centros clandestinos donde permanecían cautivas.