Aunque aseguró que en nada influyó la crítica de los principales organismos de derechos humanos a la decisión del Gobierno de impedir la realización de protestas en la Plaza de Mayo, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, anunció que mañana se permitirá llegar hasta el frente a la Casa Rosada a los manifestantes que repudiarán la visita de George W. Bush a la Argentina. “Volvemos a apostar a la concordancia”, destacó el funcionario, quien aclaró de todos modos que las autoridades no dialogarán con los piqueteros hasta que no dejen de cortar calles y puentes y se “unifiquen con personería”. Las organizaciones piqueteras insistieron en pedir la apertura de una instancia de diálogo, pero ratificaron todas sus demandas y dejaron en claro que protestar en Plaza de Mayo “es un derecho” de “todo el pueblo argentino” (ver aparte).
Fernández no lo presentó así, pero lo que anunció ayer fue la decisión del Gobierno de dar marcha atrás en la política que hace apenas dos semanas decidió implementar frente a la protesta social. “Se ha tomado la decisión de permitir que se haga esa manifestación, pero en el marco del mejor ordenamiento que se pueda para que no se trastrueque la vida y el funcionamiento de esa zona de la ciudad”, explicó el ministro del Interior, en referencia a la marcha en repudio de la presencia de Bush en la Cumbre de las Américas que se hará en noviembre en Mar del Plata.
Con las elecciones a la vista y en función de las encuestas que muestran a la clase media porteña cansada de las manifestaciones y cuestionando a las autoridades por su supuesta inacción, en la Casa Rosada resolvieron en los últimos días de agosto cambiar el trato que venían dándole a los piqueteros. Así las fuerzas de seguridad impidieron primero la toma del Puente Pueyrredón y bloquearon después en dos oportunidades la llegada de manifestantes a la Plaza de Mayo; la última vez fue el viernes pasado.
El cambio de hábito acalló las críticas que el Gobierno recibía de sectores de la derecha, aunque dio lugar a la aparición de reproches de parte de organismos de derechos humanos que hasta ahora acompañaron varias decisiones del presidente Néstor Kirchner. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por citar un caso, consideró “ilegal y arbitraria” la prohibición de ingreso a la Plaza de Mayo del último viernes. Y las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora manifestaron estar “preocupadas” y subrayaron que la Plaza de Mayo “debe ser símbolo de reclamos y celebraciones populares”. “Nos parece muy bien que hayan revisado la decisión porque el pueblo se expresó desde siempre allí”, celebró ayer Nora Cortiñas, integrante de esa asociación.
Fernández afirmó que el levantamiento de la prohibición no fue producto de los planteos de organismos de derechos humanos, ni tampoco del recurso de amparo que con ese objetivo promovieron el diputado Mario Cafiero y la ex legisladora Vilma Ripoll, quien calificó la decisión gubernamental como “un gesto saludable que reconoce el derecho democrático a reclamar”. Sostuvo, en cambio, que lo resuelto por el Gobierno responde a la “voluntad de apostar a las actitudes reflexivas y no confrontativas”.
El funcionario subrayó que “a pesar de que no hayan presentado específicamente el aviso o la explicación de que se va a llevar a cabo esta marcha, el Estado va a permitir que se acerquen a la Plaza de Mayo”. Sobre el modo en que se tratará de mantener “el ordenamiento de la mejor manera”, precisó que “vamos a estar disponiendo a lo largo del día un operativo adecuado” y adelantó que instruirá al jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, para que “los profesionales analicen de la mejor manera y busquen una forma en que no se perjudique a otros”.
Aun cuando se les permitirá llegar hasta la Casa Rosada, Fernández condicionó la eventual apertura de un diálogo con los piqueteros. “No hay ámbito de diálogo si el conjunto (de las organizaciones piqueteras) no depone su actitud. Queremos que se unifiquen con una personería para poder discutir”, declaró. Cerró así la puerta a la posibilidad de establecer conversaciones con aquellas agrupaciones que por su cuenta decidan suspender sus protestas, tal el caso del MTD Aníbal Verón que así lo hizo y viene reclamando sin éxito ser recibido por el Gobierno.
El dirigente del Movimiento Territorial de Liberación, Alberto “Beto” Ibarra, señaló a Página/12 que esa agrupación y las otras que se movilizarán mañana “ratificamos nuestras demandas y nuestro plan de lucha”, pero no cerró la puerta al diálogo y a la suspensión de las protestas. “Que las autoridades fijen una fecha concreta”, reclamó el piquetero, quien recalcó que “la Plaza de Mayo es pública”.