El ex fiscal hizo su alegato, esta vez en su propia defensa. El jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, adelantó ayer en público el contenido del descargo que presentará hoy ante la Legislatura, en el juicio político que se le inició por su responsabilidad en la tragedia de Cromañón. Y respondió con munición gruesa: acusó a una diputada integrante de la comisión investigadora de haber “fabricado” un testimonio en su contra, y a todos los autores del informe acusatorio de haber intentado proteger al diputado Jorge Enríquez, al eliminar su nombre de un testimonio que lo señalaba como uno de los responsables de la habilitación del local donde después funcionaría República Cromañón, en 1997, cuando era funcionario de la Ciudad. También cuestionó a los legisladores que firmaron el informe de no haber leído la acusación: “Si lo hubieran hecho, habrían notado decenas de párrafos repetidos en distintas partes del informe”, señaló.
Para dar a conocer su respuesta, Ibarra armó un escenario a su medida: una conferencia de prensa en la que fue el único orador, con el respaldo de todo su gabinete –estaban todos, menos el vicejefe de Gobierno y titular de Promoción Social, Jorge Telerman– y la nutrida presencia de funcionarios de variada jerarquía. Hasta se valió de una presentación en power point para exponer los puntos más cuestionados del informe acusador. Ibarra habló sin interrupciones durante casi dos horas. En ese tiempo, afirmó que “hubiera preferido hacer la contestación personalmente”, pero optó hacerlo por escrito para “evitar situaciones de conflicto”. Desgranó cuestionamientos al informe, tanto de forma como de contenido, que organizó en nueve capítulos.
El que resultó más sorprendente fue el que le dedicó al diputado Jorge Enríquez. Lo hizo al referirse a la acusación que se le hace al actual gobierno respecto de la habilitación de República Cromañón. “La habilitación, que se hizo en 1997, cuando yo no era jefe de Gobierno, fue irregular, porque se modificaron los metros cuadrados en la escritura”, dijo Ibarra. Es que con la superficie real, en esa zona, el local no podía haber funcionado. En esa época, el boliche se habilitó con el nombre de El Reventón y luego Omar Chabán lo convirtió en República Cromañón.
A Ibarra, que leyó en menos de un mes las más de 900 fojas del informe, le llamó la atención un párrafo de la declaración del inspector municipal Norberto Varela. “Dependíamos, en primer lugar, del doctor Gauna y después del doctor Mathov y del subsecretario. Esa era la dependencia”, transcribieron los diputados. ¿Quién era el subsecretario? Ibarra fue a buscar el testimonio original de Varela a una de las 15 cajas que almacenan las 22 mil fojas del expediente Cromañón. Allí sí está mencionado el subsecretario, “el doctor Enríquez”.
Juan Octavio Gauna fue secretario de Gobierno de la gestión de Fernando de la Rúa en la ciudad. Enrique Mathov fue subsecretario de Seguridad y Enríquez se desempeñaba como subsecretario de Gobierno. De los tres dependía el área de inspectores de la ciudad. El ex delarruista Enríquez se convirtió en diputado macrista y ahora es candidato a diputado por su propio partido, Unidad Republicana.
“Los miembros de la Comisión debieron llamarlo a declarar, por su responsabilidad en la habilitación irregular –dijo Ibarra–. Pero lo que hicieron fue suprimir la mención a Enríquez. Alteraron un documento, modificaron una declaración hecha bajo juramento.” El jefe de Gobierno hizo notar allí el vínculo político que unió a Enríquez con la presidenta de la comisión, la lopezmurphysta Fernanda Ferrero, “quien era socia económica de los Massera”. “Mutilaron una declaración para proteger a un colega”, acusó Ibarra. Y adelantó que formulará una denuncia penal por “alteración de documento”.
“Armaron prueba”, disparó Ibarra, y cargó contra la declaración testimonial del médico Juan Antonio Mazzei, del hospital de Clínicas. Citado como un especialista en catástrofes, el profesional dio detalles de la actuación del hospital y cuestionó con dureza la intervención del SAME. “Pero mientras los médicos del Clínicas estaban recibiendo a los pacientes, Mazzei estaba descansando en el Uruguay: salió el 27 de diciembre por Buquebús y volvió el 9 de enero por Aeroparque, según consta en Migraciones”, afirmó Ibarra. “Mazzei mintió porque omitió una cuestión esencial del testimonio: que no estaba en Argentina cuando ocurrió el hecho.” También acusó a la diputada María Eugenia Estenssoro –ex bullrichista–, quien propuso la declaración de Mazzei ante la comisión. “Quería que fuera él y no otro porque con él podía arreglar la declaración”, acusó Ibarra. La diputada rechazó esos cargos (ver página 2). Por lo pronto, el jefe de Gobierno anunció que presentará una denuncia por falso testimonio, contra el médico, y por instigación a cometer ese delito, contra la legisladora.
“Una novela puede tener la misma dimensión”, comparó Ibarra, en una de las frases que usó para desmerecer el informe. Sobre los doce cargos que se le hacen en el trabajo, objetó que “dos de las acusaciones están repetidas, once están redactadas en forma general, vaga e imprecisa, lo que dificulta el derecho a la defensa, y tres de esos puntos son imposibles de contestar, por su imprecisión”.
Para sostener que los legisladores “no leyeron el dictamen que firmaron”, aseguró que “en tan sólo 131 páginas del capítulo 2 del dictamen, realizaron 23 repeticiones, algunas de ellas por triplicado”. Ese fue uno de los tramos en que el jefe de Gobierno se valió de un proyector para exhibir ante la audiencia los párrafos repetidos, todos testimonios a los cuales, en algunos casos, se les había modificado el título.
“Todo esto en la investigación de la peor tragedia de la Argentina por causas no naturales, con 194 muertos y centenares de afectados –repitió una y otra vez Ibarra, después de enunciar cada uno de los cuestionamientos–. Todo esto en un proceso de juicio político por el que se pretende destituir a un jefe de Gobierno.”
El propio Ibarra preparó los argumentos de su defensa. “Un 90 por ciento es trabajo de él”, describió un colaborador del jefe de Gobierno. Contó con la asistencia de la procuradora de la ciudad, Alejandra Taddei, y de su hermana, la senadora Vilma Ibarra y del ex fiscal de la Cámara Federal, Julio César Strassera, quien lo patrocinará legalmente (ver recuadro). “Desplegó las carpetas en el Salón de Situación y allí trabajó durante dos fines de semana enteros y varias horas durante los días hábiles. La defensa la escribió él mismo”, agregó el vocero consultado por este diario. El alegato consta de unas 200 páginas, que incluyen un informe con recortes de revistas de rock de todos los recitales realizados en boliches como Cromañón y Cemento en los últimos 20 años.