El gobierno de la ciudad de Buenos Aires recusó a Roberto Gallardo, el juez que días atrás había resuelto un embargo de 1100 millones de pesos del erario porteño para destinarlos a subsidios de 205 pesos a chicos menores de 17 años hijos de los cinco mil cartoneros que trabajan en el ámbito de la capital. El subsidio fue una decisión del propio Gallardo: el Gobierno lo acusa de tomar resoluciones más allá de sus competencias.
La recusación fue presentada ante el propio juez, que puede aceptarla o no. Mientras tanto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario ya sorteó un nuevo magistrado que inmediatamente fue recusado por la querella debido a “sus antecedentes de fallos en contra de cuestiones sociales”. De todos modos, lo que el Ejecutivo porteño buscó con el pedido es congelar a Gallardo. Y por ahora lo consiguió.
Pese a la recusación, la medida cautelar –una herramienta que se presenta para resolver situaciones inmediatas mientras tanto se solucionan las cuestiones de fondo– sigue en pie y exige al Estado pagar el cuestionado subsidio. En esa línea, quince familias de cartoneros denunciaron al gobierno porteño por “incumplir con medidas positivas contra el trabajo infantil”. No obstante, los funcionarios mantienen su postura de no pagarlo. Además, argumentan que los fondos inhibidos son utilizados diariamente para pagar salarios y garantizar la liquidez de su sistema.
Según los procedimientos, Gallardo puede rechazar el pedido de recusación del Ejecutivo. De todos modos, está apartado temporalmente del caso hasta que la Cámara lo confirme o remueva. Entretanto, se sorteó otro magistrado. Y la suerte cayó en favor del Juzgado 7 de Lidia Lagos, a quien “hoy mismo (por ayer) recusamos por los antecedentes en sus decisiones contraria a casos sociales”, según aseguró Graciela Freijido, abogada patrocinante y miembro del Centro de Justicia Básica (Cejuba). Ahora, añadió en diálogo con Página/12, quedan dos posibilidades: “Si la Cámara resuelve en contra de la recusación, la causa vuelve a Gallardo. Y si la acepta, no irá al juzgado de Lagos sino al que se sortee hoy”.
Según una fuente de la causa, una vez conocida la medida cautelar, el secretario de Desarrollo Social, Jorge Telerman, hizo una oferta para cumplir con la medida. El 1º de septiembre, en la sala de audiencias del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Telerman ofreció saldar lo decidido por Gallardo con 180 pesos de un Vale Ciudad a cada núcleo familiar de cartoneros con domicilio en la ciudad. La oferta fue rechazada tanto por el asesor tutelar como por los abogados de los cartoneros.
Esta oferta sorprendió hasta la propia querella porque mientras el gobierno había renegado de la medida el mismo día que se difundió, la secretaría social lo estaba aceptando.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.